El tarifazo en el servicio de agua y cloacas que presta Aysa comenzó a sentirse a partir de la llegada de facturas con aumentos de hasta el 375 por ciento y algunos casos que incluso superan ese límite. La suba es más alta que la anunciada en un primer momento, pero pasó desapercibida ante el incremento del gas, el transporte público y la electricidad, que en conjunto aceleraron la inflación y deterioraron el salario. El gobierno había comunicado que el incremento promedio sería del 216 por ciento, pero terminó siendo del 297. Las entidades de consumidores advierten que no hay suficiente difusión sobre el acceso a la tarifa social, que en teoría podría beneficiar a 700 mil usuarios pero por ahora sólo registra 30 mil inscriptos. Además, aseguran que por la forma en que se implementó, el aumento tiene mayor incidencia sobre los hogares de menores ingresos.

En la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Diego de Olavarrieta al 1400 la factura de agua bimestral pasó de 142 a 653 pesos, una suba del 360 por ciento; mientras que en Onesimo Leguizamón al 7000, de 80 a 335 pesos, el equivalente al 319 por ciento. En el barrio de Belgrano, en la calle Luis María Campos al 700, la boleta aumentó de 165 a 699 pesos, un 323 por ciento, y en Pilar al 700, de 79 a 335 pesos, un 324 por ciento. En Zapiola al 1200, en Colegiales, la boleta subió de 118 a 501 pesos, un 324 por ciento. En la calle Quintana al 2000, en Lomas del Mirador, el incremento fue de 61 a 289 pesos, un alza del 373 por ciento. Son algunos ejemplos de clientes residenciales que recibieron las facturas la semana pasada. También hay casos que superan largamente el ajuste máximo: un centro de jubilados de Liniers pasó de 145 a 1424 pesos (882 por ciento) y una vivienda en el barrio, de 134 a 824 pesos (515).

Desde Aysa explicaron a Página 12 que la facturación de la compañía va a aumentar un 297 por ciento. Por eso, en promedio las boletas se multiplican por cuatro. Sin embargo, varios de los ejemplos relevados por este diario muestran subas superiores. Incluso, si bien el incremento máximo que admitió la empresa es del 375 por ciento, domicilios con medidor que hayan elevado su consumo pueden mostrar subas que superan ese tope.

Una de las preguntas que más resuena entre los usuarios es cómo se mide el consumo de agua. Existen dos regímenes básicos de facturación, los domicilios medidos y los no medidos. Del total de 3,2 millones de boletas bimestrales que emite Aysa, hay 400 mil usuarios no residenciales (comercios e industrias y otro tipo de empresas) que están bajo el régimen de medidor. En tanto, de los 2,8 millones de usuarios residenciales apenas el 12 por ciento tiene medidor. Es decir que hay un total de 736 mil usuarios con medidor (entre residenciales y no residenciales) y 2.464.000 usuarios que no cuentan con medidor.

Bajo ambas modalidades la factura cuenta con un cargo fijo y otro variable. El cargo fijo se determina a través de una fórmula que incluye un coeficiente que mide zona del inmueble, metros cubiertos, calidad y antigüedad de la edificación y superficie del terreno. En el caso del consumo medido, la parte variable de la boleta se explica por el consumo registrado. En los no medidos, la fórmula que define el monto del cargo variable repite varios de los criterios del cargo fijo.

Aysa informó que el aumento básico de la tarifa es del 217 por ciento para los usuarios que habían renunciado a los subsidios. Los que tenían subsidios del 5 y del 25 por ciento perdieron totalmente ese beneficio y el aumento que sufren es del 233 y el 325 por ciento, respectivamente. Por último, los que tenían subsidios del 50 por ciento pasan a recibir un 25 por ciento y para ellos el aumento es el máximo, del 375 por ciento. El subsidio del 25 por ciento se mantiene por el lapso de un año. Los que recibían el 50 por ciento (y fueron afectados por la máxima suba) eran los hogares más vulnerables.

Pero además, Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores, explicó el incremento afecta proporcionalmente más a los usuarios de menor poder adquisitivo. “Uno de los factores que tiene en cuenta el cálculo del consumo es el factor E, que computa la calidad de la edificación y su antigüedad. Ese factor antes se modificaba entre 1 y 4, de modo que para igual cantidad de metros cuadrados había propiedades que pagaban una cuarta parte de lo que abonaban otras. Por ejemplo, una vivienda con techo de chapa pero igual superficie cubierta a otra estrenada el año pasado en excelente condición antes pagaba menos por su servicio. Ahora ese factor pasó a valer 1, con lo cual no considera ese tipo de diferencias para definir la tarifa”, explicó Boada.

“Otro factor es el de zonificación, que iba entre 1 y 3,50, de modo que una vivienda de La Matanza al fondo pagaba por el mismo metraje 3,5 veces menos que en Puerto Madero. Ahora ese factor se redujo a un valor entre 1,10 y 1,35. Creemos que puede tener lógica que el servicio aumente para que Aysa pueda invertir más y se incremente la cantidad de usuarios con agua y cloacas, pero los hogares de mayores ingresos deben pagar proporcionalmente más por el servicio”, agregó Boada.

Pedro Bussetti, de Deuco, advirtió que “la tarifa social permite reducir mucho la factura pero la gente no sabe que tiene ese derecho. Aplican un ajuste salvaje y no hacen la difusión correspondiente. La tarifa social la solventan los usuarios con su factura y si se ejecutara plenamente, unos 700 mil usuarios quedarían incluidos. Pero por ahora sólo hay 30 mil”. En la web www.eras.gov.ar se pueden encontrar las condiciones para acceder a la tarifa social. Con la quita de subsidios, Aysa cubre a partir de lo recaudado en las boletas el 100 por ciento de los gastos operativos, unos 13 mil millones de pesos. Quedan sin cubrir los costos de mantenimiento (2 mil millones) y las obras de expansión de la red.traifa

Son varios los clubes de barrio platenses que hoy corren riesgo de tener que cerrar sus puertas, al no poder hacerle frente a los gastos mínimos de mantenimiento que necesitan las instalaciones.

En La Plata, la sanción legislativa de un "régimen de promoción" para esas entidades, hace un año y medio, era el empujón necesario para salir adelante. Sin embargo, la norma aún no se aplicó, y con la llegada de las nuevas boletas de electricidad, en vez de espaldarazo recibieron una cachetada brutal que amenaza con dejarlos en la lona, publicó en su edición de este lunes el diario El Día.

En los últimos días, el arribo de las primeras facturas eléctricas sin subsidios a las instituciones de la Región le puso cifras concretas a lo que era hasta ahora una amenaza hipotética: duplicadas o triplicadas, dejan a los clubes en modo de subsistencia, achicando las actividades al mínimo indispensable, hasta que se instrumente la ley que les otorgaría el beneficio de una "tarifa social". Y la situación se replica en todo el Gran Buenos Aires.

Recomendar a los chicos que asistan a las actividades bien abrigados, reducir la iluminación de los entrenamientos nocturnos, colocar cartelería instando a un uso racional de la energía, son estrategias de las que se habla en cada reunión de las comisiones directivas. De hecho, casi no se habla de otra cosa.

"Hace poco tuvimos un almuerzo con los clubes de la Asociación de Básquet, y la mayor parte de la charla giró en torno a los servicios y cómo pagarlos" revela Manuel Besada, presidente del club platense Sud América al medio local.

"En nuestro caso" recuerda el dirigente del club, "el año pasado terminamos pagándole a Edelap 2.200 pesos; éste lo arrancamos pagando $3.400, y ahora se fue a $6.850. Sabíamos que iba a aumentar, pero nos sorprendió la magnitud".

"Si bien una posible solución duradera sería que se definiera lo de la tarifa social, de momento estamos intentando minimizar el consumo" explica Besada: "reservamos el uso de reflectores para las actividades del plantel de primera de básquet, hablamos con los profes de las diferentes categorías para que concienticen a los chicos, y pusimos letreros en diferentes lugares para que no haya luces encendidas si no es necesario".

El Senador Nacional por Santa Cruz, Alfredo “Freddy” Martínez, criticó las consecuencias sociales que tienen los tarifazos en materia de energía que implementó el gobierno nacional: “No hubo un análisis de las consecuencias de medidas como estas. En teoría soy socio de esta gente que está gobernado y me entere de los aumentos por los diarios, cuestionó.

“Yo estoy en la Comisión de Minería y Energía y en teoría soy socio de esta gente que hoy esta gobierno y me entero de esto en los diarios locales cuando Camuzzi publica la tarifaria. Me parece que no es el mejor mecanismo para llevar la medida”

“Nos pusimos hacer las cuentas y realmente los incrementos son enormes en muchos casos impagables”.

“Por ejemplo – agregó – en el área residencial lo menos que se incrementa, tendrían un 800 por ciento como mínimo de incremento en la facturación del gas y en el caso de los comercios estamos hablando de subas que superan el 1200 o 1300 por ciento”

“Yo creo que no hubo un análisis de lo que eran las consecuencias de la aplicación de medidas como esta. No podes plantear que una Universidad Pública pase de pagar 70 a 700 mil pesos de facturación. Esto lo que demuestra y lamentablemente lo digo es que no se han medido las consecuencias”

“Estoy tomando contacto con los Concejos Deliberantes “que están avanzando con amparos y distintas figuras legales y nosotros lo vamos a acompañar para que esto pueda morigerarse o aplazarse por lo menos hasta que pase el invierno”

En una sesión del Consejo Superior el bloque mayoritario aprobó un presupuesto provisorio que contempla los mismos gastos de funcionamiento -que abarca desde insumos hasta el pago de reparaciones, servicios básicos y becas- del 2015 y los aseguró, junto a los sueldos, hasta el mes de agosto.

En ese lapso el rector Alberto Barbieri aseguró que se reunirá con funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación y de la Jefatura de Gabinete para intentar destrabar 711 millones de pesos de gastos de funcionamiento contemplados en el presupuesto del año pasado.

En este orden también entra dentro de las tratativas que encarará la UBA la posibilidad de fijar una "tarifa social" para la universidad, retrotrayendo el importe al que había al 31 de enero pasado, antes de que se fijaran las nuevas tarifas de servicios públicos.

Matías Ruiz, subsecretario de Hacienda de la UBA, dijo que "es la primera vez que no se actualizan los gastos de funcionamiento de un presupuesto hacia el otro y si a esto le sumamos el impacto de las nuevas tarifas, es de entender que se haya aprobado un presupuesto provisorio hasta agosto".

Indicó además que "los sueldos están garantizados ya que lo que se acuerde en la paritaria debería llegar como fondos adicionales".

Ruiz precisó que el gobierno nacional "le pago el 80 por ciento de la deuda que le debía el gobierno anterior a la UBA que es de 330 millones de pesos" y aseguró que los que se busca destrabar "son 3.000 millones de pesos que estaban en el presupuesto del año pasado para todo el sistema universitario".

Indicó que de ese dinero "1.100 millones son para los hospitales universitarios que tiene la UBA como el Clínicas, el Roffo y el Lanari" y detalló que "ante la escasez se destina el dinero que era para las facultades para abastecer a estos hospitales".

Decanos consultados se manifestaron escépticos o no muy optimistas respecto a estas negociaciones ya que muchos deben afrontar esos gastos "con recursos propios de cada facultad" o "vivir el día a día" en el caso de aquellas facultades que tienen más gastos por usar laboratorios.

Juan Carlos Reboreda, decano de la facultad de Ciencias Exactas, dijo que "es imposible funcionar sin una actualización de los gastos, el año pasado sólo se actualizaron en un 11 por ciento y la relación era 85 por ciento para sueldos y 15 para gastos".

"Pero en el 2016 ese relación cambió y ahora es de 92,5% para sueldos y sólo 7,5 para gastos y a esto se le suma las nuevas tarifas de servicios públicos".

Precisó que en Exactas "hasta la semana pasada la situación era extremadamente preocupante, ahora el rectorado nos giró recursos que nos debían del año pasado y ahora lo que hacemos es vivir el día a día".

"Podemos diferir pagos pero para poder arreglar totalmente los ascensores por ejemplo con estos recursos deberíamos no dar clases por cuatro años y aquí hay muchas personas que no pueden subir por escaleras", dijo Reboreda.

Graciela Morgade, decana de la facultad de Filossofía y Letras, se manifestó escéptica respecto a las negociaciones que encarará el rector Barbieri y destacó: "Creo que la mayoría que votó este presupuesto no esperará hasta agosto".

En este sentido sostuvo que "Filosofía esta encarando con recursos propios los gastos de funcionamiento pero nuestro techo esta a la vuelta de la esquina" y aseguró que no cree que la mayoría de la UBA permanezca pasiva ante esta situación".

La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) dijo este jueves durante una confernecia de prensa que se realizó frente a la sede del Ministerio de Educación que lo aprobado en el Consejo Superior "no alcanza ni para pagar la luz".

"Junto a los decanos de Filosofía y Letras, Ciencias Exactas y Ciencias Sociales presentamos un proyecto que propone declarar a la UBA en alerta presupuestaria, convocar a una movilización al Ministerio Nacional de Educación y lanzar un petitorio en defensa de la universidad pública", dijo Ezequiel Galpern, Consejero Superior por Exactas.