Esta tarde en la sala auditorio del Colegio de Abogados de La Plata, los representantes de ABSA dieron detalles de la situación de la empresa y expusieron los motivos para el ajuste tarifario, mientras que grupos de consumidores manifestaron su descontento con pancartas.

Marcelo Chirico, Subgerente Comercial de Absa, analizó que “se debe readecuar el cuadro tarifario y redeterminar el valor del metro cúbico -de 2,39 a 5,74 pesos- con el objetivo de mejorar el mantenimiento y la prestación, lo cual se logra con un equilibrio económico y financiero de la empresa”.

En el mismo sentido, detalló que el 12% de los usuarios (114.745) pagarán un aumento de $365 promedio, el 22% de los usuarios (213.965) un promedio de $250; un 44% de los usuarios (421.556) tendrán una suba de $150 promedio y otro 22% de los usuarios (209.765) deberán afrontar una actualización de $100 promedio.

El subgerente comercial insistió en que “hay que actualizar la tarifa de la forma más equilibrada. Las premisas con las que trabajaremos son la reingeniería acorde a la capacidad contributiva de los usuarios. Si el agua va a uso productivo, van a pagar el doble de la tarifa”, graficó.

"El esquema de equidad tiene que ver con que habrá un esquema para los usuario de menor capacidad contributiva y otro para los de mayor, por lo que el régimen será más justo" y agregó que "los parámetros son el valor fiscal de los inmuebles", aseguró.

En tanto a quienes no pueden acceder al servicio, dijo que "quienes no puedan abonar el aumento, podrán acceder a la tarifa social, pero para hacer el mantenimiento, necesitamos que quienes puedan abonar, lo hagan".

En esa línea, Pablo Gaytán, Subsecretario de Servicios Públicos determinó que "Absa está en crisis, se encuentra en una situación terminal” y manifestó que esa empresa hace 5 años que no invierte, que no mantiene las plantas potabilizadoras, lo cual hace que el servicio sea muy deficiente y que haya altas pérdidas del agua ya tratada”.

Detalló que “el déficit operativo de la empresa está proyectado en 1400 millones de pesos”, aseveró que la Provincia “aportará 2000 millones de pesos para mejorar el servicio” y puntualizó que se realizarán obras de cloacas y cloacas en La Plata por 130 millones, en Ensenada por 3 millones, en Bahía Blanca por 168 millones, en el acueducto del Río Colorado por 4 mil millones, más otras obras en 9 de Julio, Carlos Casares, Bragado, Coronel Rosales, Cañuelas, General Arenales, Madariaga y General Villegas.

Además, dijo que se trabaja en un proyecto de acueducto del noroeste, “la solución definitiva a la ruta del arsénico”, para lo cual “se pedirá financiamiento a organismos internacionales para ejecutar la obra en 2017”.

En tanto, desde la Defensoría del Pueblo, Juan Francisco Díaz, rechazó el aumento y fundamentó su posición en que “desde la última suba, no mejoró el servicio”.

“Sabemos que hay déficit en la empresa, pero no se puede olvidar que el pago de la tarifa debe corresponderse con la eficiente prestación del servicio”, remarcó y criticó el hecho de que “no se atiende rotura de cañerías en toda la provincia, se contaminan las napas, no hay presión de agua, hay falta de servicio en el verano, hay derrames cloacales y la empresa no da respuestas”, enfatizó el representante de la Defensoría del Pueblo

En igual sentido, Leticia Guererro, representante de los usuarios de La Franja de Berisso, expresó que "somos 40 mil habitantes que hace 10 años que le exigimos a Absa las obras necesarias para nuestra zona y no nos escuchan" y agregó que "padecemos desbordes cloacales, pérdidas en la vía pública, enfermedades infecciosas de la piel, parásitos y hepatitis producidas por el agua estancada y nauseabunda".

Luego, Lucas Malbran, del Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA), describió la situación del organismo y dijo que “encontramos resultados desastrosos como control ineficaz de la prestación del servicios, mala administración de recursos, no se apercibe ni se multa, no se siguen los reclamos de la gente, ni hay procedimientos para sancionar prestadoras o informes sobre la situación del agua en la provincia”.

La convocatoria es obligatoria por ley, y adquirió relevancia tras la decisión de la Justicia de declarar inválido el aumento de mayo de 2012, aplicado sin consulta popular previa.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) asumió la concesión en marzo de 2002 y brinda servicio a más de tres millones de personas en 91 localidades pertenecientes a 62 partidos de la provincia de Buenos Aires, en un territorio de 150 mil kilómetros cuadrados.

Tiene a su cargo las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, y también la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Para desarrollar esta actividad, emplea a 1.670 trabajadores entre profesionales, técnicos y operarios.

El panorama que presentan quienes ahora son parte de la empresa estatal da vía libre al gobierno bonaerense para avanzar sobre el aumento del servicio.

El gobierno nacional autorizó el aumento de un 400% en las tarifas de los peajes de las rutas nacionales. La nueva escalada tarifaria regirá a partir del sábado desde ñas 0 horas en las autovías la 3, 5, 7, 8, 9, entre otras, según la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial.

La decisión gubernamental desató fuertes crítica por parte de El Comité Nacional de Defensa del Usuario, que arremetieron contra el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, por no generar una reunión previa a la determinación del aumento.

Ricardo Lasca, coordinador del comité, denunció que el tarifazo se trata de un "impuesto al tránsito".

"Seguro demoró la reunión para que se concrete con el aumento aplicado", argumentó Lasca y señaló que "aumenta el peaje y el combustible. ¿Qué más nos quieren cobrar? Estos ajustes se trasladan a los fletes, por ejemplo".

Para dar cuenta del aumento de precios en los peajes, se be tener en cuenta que hoy en la ruta 3, en el kilómetro 90 (a la altura de Cañuelas), el valor es de 11 pesos y subirá hasta los 30 pesos para la categoría 1, que incluye autos y camiones pequeños. En el caso de la 7, el incremento del peaje de Villa Espil será del 275%, ya que pasará de costar $8 a 30 pesos. Por su parte, en la ruta 5 –en la estación Olivera- la suba va de los 2 hasta los 10, lo que representa hasta un 400%.

El Frente para la Victoria lanzó una campaña para juntar un millón de firmas que puedan detener el tarifazo impuesto por Cambiemos y regular la tarifa social restrictiva. En ese contexto, La Cámpora estuvo el fin de semana en los barrios, las plazas y las peatonales de los distintos distritos bonaerenses haciendo circular el petitorio y sumando adhesiones.

El escrito, con el aval de los vecinos firmantes, será presentado al ENRE para exigir la realización de las audiencias publicas obligatorias para la modificación de la tarifa de servicio eléctrico, como está normado por ley.

Sucede que el gobierno nacional de Mauricio Macri hizo oídos sordos y autorizo el aumento del servicio eléctrico mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y no cumplió con los pasos legales previstos generando, con su sola firma, una multimillonaria transferencia de ingresos a EDENOR y EDESUR.

El diputado provincial Lauro Grande, que el fin de semana estuvo juntando voluntades en San Martín, comentó a PRIMEREANDO, que la decisión política de la organización es "estar cerca de los problemas reales de la sociedad".

"Mientras ellos quieren hacernos discutir la interna del PJ, debatir nombres y candidaturas, nuestra línea política es salir a discutir los problemas reales de la sociedad", agregó.

Grande sostuvo: "No nos interesa quedarnos en debates palaciegos, por eso salimos a la calle",

Además remarcó que los aumentos en el servicio eléctrico ya están llegando a las familias en la Provincia de Buenos Aires y que están impactando en los bolsillos de los sectores que menos recursos tienen.

Desde La Cámpora estiman que en no más de dos semanas el FpV en su conjunto tendrá las adhesiones necesarias para ser presentadas ante el organismo de control.

El diputado nacional del Bloque FPV-PJ, Juan Cabandié, junto a representantes de distintas asociaciones de Defensa de Usuarios y Consumidores, se reunieron con el Secretario General de la CTA, Hugo Yasky y Victorio Paulón, Secretario de Derechos Humanos de la CTA, para expresar su preocupación por los recientes aumentos tarifarios en los servicios públicos y la suba de precios que están afectando a miles de ciudadanos y trabajadores.

Tras el encuentro el diputado Juan Cabandié sostuvo que “los sectores de menor ingreso serán los más afectados ya que, este aumento sideral del 700% va a perjudicar directamente en el ingreso de cada familia, y su poder adquisitivo”

Para Cabandié “estos son temas para discutir porque hay familias que van a sentir un fuerte peso de las tarifas que van a recibir en las próximas semanas y esto va a provocar un alto impacto en su economía doméstica”.

Por su parte el Secretario de la CTA Hugo Yasky, aseguró que “el tema del aumento de tarifas y la suba de precios nos afecta a todos y no se toma dimensión de lo que esto puede generar”. Además, el dirigente gremail propuso “articular desde distintos sectores que trabajan con la CTA para generar medidas que regulen estos aumentos.”

A su turno, el representante de  la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, resaltó que “el ‘Tarifazo’ es un eslabón más que nos perjudica y especialmente en los sectores más vulnerables”.

“Este es el primer aumento y se espera una sucesión de aumentos que será gradual, porque la primera suba es de un 700% y a fin de año será de 1000”, precisó.

Por último, Taboada propuso “trabajar en conjunto con todos los que vamos a ser afectados para poder luchar contra el tarifazo.”

La reunión se suma a una serie de encuentros que las asociaciones vienen realizando con distintos actores políticos, económicos y sociales con el objetivo de encontrar medidas de acción compartidas ante la preocupación los aumentos de tarifas producen en usuarios, consumidores, comerciantes y sectores industriales. Según se adelantó, ya se encuentran en planificación distintas actividades que se realizarán en distintas plazas de Buenos Aires.

Participaron del encuentro Alberto Barba del Movimiento en Defensa de los Derechos de los Consumidores, Usuarios y del Medio Ambiente; Matteucci de Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores; Claudio Boada de la Unión de Usuarios y Consumidores y Héctor Biassoni  de Taller del Sur.

En línea con los aumentos anunciados  en la energía eléctrica, el ministro de Energía y Minería, Juan Jose Aranguren,  confirmó hoy que el aumento del gas llegará antes del 21 de junio, coincidente con la llegada del invierno.

"Es probable que (desde el ámbito gubernamental) tengamos definido los cuadros tarifarios seguramente antes del invierno porque necesitamos asegurarnos que tenemos el fluido correspondiente para atender la demanda" argumentó el ministro Aranguren.

La realización de la audiencia pública convocada por el gobierno de María Eugenia Vidal, con vecinos y representantes de los usuarios, es uno de los requisitos legales para definir un reajuste tarifario. Paso previo para el tarifazo.

La falta de agua en amplias zonas de La Plata y ciudades grandes del interior, como Bahía Blanca, ha provocado quejas de los usuarios en las últimas semanas.

En 2012, el gobierno bonaerense aplicó un aumento del 180 por ciento en la tarifa de agua, lo que provocó la protesta de los usuarios y el inicio de expedientes judiciales para impedir su aplicación, invocando que en esa oportunidad no se había convocado a una audiencia pública.

Las demandas llegaron a la Suprema corte de Justicia bonaerense, que frenó el aumento y ordenó restituir a los usuarios los montos cobrados, lo que aún está pendiente de concretarse.

Tras el tarifazo nacional, el gobierno de María Eugenia Vidal decidió avanzar en una autorización de aumento para las distribuidoras y cooperativas que prestan el servicio en la capital provincial y el interior provincial, una medida que se conocerá en los próximos días, cuando termine de resolverse el monto que tendrá ese incremento.

Aunque el monto es un secreto que se guarda bajo siete llaves, se sabe que se optaría por aplicar un aumento uniforme para todo el amplio territorio cubierto por las distribuidoras provinciales y las cooperativas. También, que el nivel de actualización tarifario allí es superior a que existía en Capital y el Conurbano, por lo que el aumento sería inferior al que dispuso Aranguren.

En ese punto, desde el gobierno de Vidal le informaron a algunos intendentes que el aumento está decidido y pusieron como ejemplo un caso hipotético. “Un usuario que ahora paga 100 pesos, pasará a pagar 360 pesos”, dijeron. Si finalmente ese es el criterio que se adopta, el aumento sería del 260%, aunque desde el Ejecutivo insistieron, ante la consulta de la agencia platense DIB, en que no hay confirmaciones al respecto.

El gobierno bonaerense aceleró el estudio de la actualización del cuadro tarifario luego de que el ministro de Energía de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, dispusiera primero una suba en las tarifas que las distribuidoras pagan a la transportadora Camesa y, luego, un incremento en los precios que pagan los usuarios particulares, que va del 300 al 700 por ciento, según los casos.

Pero en términos bonaerenses ese incremento afecta solo a los usuarios del Conurbano, cuyos servicios son prestados por Edenor y Edesur, las dos distribuidoras cuyo funcionamiento está regulado a nivel nacional. No afectó, por lo tanto, a los habitantes de La Plata y de todo el interior, que reciben el servicio a través de las distribuidoras Edelap, Edes, Edea, Eden, y también a través de las cooperativas que sirven a más de 80 localidades.

Es justamente sobre ese último grupo que recaerá el incremento, que según la agencia de noticias DIB, la gobernadora ya decidió que se va a aplicar. La cuestión, incluso, formó parte de las charlas entre funcionarios locales y provinciales en la reunión de gabinete que realizó Vidal en la ciudad de Magdalena, como prolongación de la modalidad de “itinerante” que viene dando a esos encuentros.

Desde hace días, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Edgardo Cenzon, avanza en un estudio sobre el nivel de las tarifas en la provincia y cuál debe ser el porcentaje y la modalidad de aumento que elevará con formato de propuesta a Vidal, para que sea la gobernadora quien tome la decisión final al respecto, un trámite que ocurrirá en los próximos días.

El aumento de las tarifas en el servicio eléctrico sigue sumando voces críticas.  En esta oportunidad llegaron desde los referentes máximos del radicalismo.

El diputado nacional y presidente del Comité de la provincia de Buenos Aires de la UCR, Ricardo Alfonsín manifestó la necesidad de sincerar la "situación tarifaria", dejando entrever la falta de claridad respecto del cuadro presentado por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, el último viernes.

"También hay que sincerar la relación contractual con las prestadoras de los servicios”, añadió Alfonsín y  agregó que "la ciudadanía debe saber qué hicieron las concesionarias con los recursos que recibían del Estado".

En el mismo sentido y haciendo referencia  la relación entre las empresas y la administración anterior, el diputado radical consideró que "se debe saber si las prestadoras de servicio  cumplían o no con sus obligaciones contractuales. Y si el gobierno anterior o los organismos reguladores cumplieron con sus obligaciones  de control a las concesionarias”.

Para concluir, Ricardo Alfonsín volvió a referirse a la necesidad de que los ciudadanos tengan la certeza de que los comportamientos  del estado y los particulares "se ajusten a la ley”.

Luego de la reunión en la que participó  el ministro del Interior Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, el ministro de Energía  y Minería Juan José Aranguren y otros intendentes de la provincia de Buenos Aires, el intendente massista Julio Zamora se mostró preocupado por el alcance de la tarifa social en la zona de Tigre.

Zamora sostuvo que "a los intendentes nos preocupa que la tarifa social no alcance a todos los sectores vulnerables. Hay muchas personas que a pesar de no estar incluidas dentro de la tarifa social, son electro-dependientes o usan solo electricidad, como por ejemplo nuestra población de islas", aseguró el intendente del Frente Renovador.

En el mismo sentido, el intendente de Tigre advirtió que otro sector que se vería afectado son las PyMeS dado que verían incrementado sus costos y por lo tanto habría un impacto inmediato en los puestos laborales de las personas que trabajan en las pequeñas y medianas empresas.

En este sentido, el jefe municipal remarcó que los intendentes pidieron ser incluidos en el plan de inversión de las empresas energéticas y declaró  que "estos aumentos no deben ser sólo un beneficio para las empresas energéticas, sino que tienen que significar una mejora en los servicios de luz para los ciudadanos, que hoy sufren frecuentes cortes de energía, en especial en el conurbano".

Por otra parte, Zamora le reclamó a los funcionarios de gobierno la participación de los intendentes en el plan de inversión que van a tener las empresas eléctricas.

Se trata de un 15 por ciento de las facturas que la empresa estatal ABSA debería recomponer a los usuarios afectados por el "tarifazo" de 2012, hasta tanto resuelva la cuestión de fondo.

La medida ordena suspender la devolución parcial de los montos cobrados de más en el período 2012-2014 hasta tanto la propia Cámara se expida sobre la apelación presentada por la empresa.

Vale recordar que la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó el "tarifazo" del 180 por ciento en las boletas de agua al considerar que el aumento se decretó sin la realización de una audiencia pública, y obligó a ABSA a reintegrar a los usuarios unos 1.800 millones cobrados desde junio de 2012.

En este marco, el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, dictó una medida cautelar obligando a la empresa a descontar a los usuarios el 15 por ciento de las boletas hasta tanto se determine cuánto le corresponde a cada usuario y de qué forma se hará efectivo el pago.

Sin embargo, ante la apelación de ABSA, la Cámara superior definió suspender el fallo hasta tanto se expida sobre la cuestión, algo que podría demorar varios meses.