El registro es en lo que va del aÃąo y se identificaron mediante fiscalizaciÃģn satelital y presencial en 114 barrios cerrados del AMBA. Los infractores ya fueron notificados
De acuerdo con la orden de la Justicia de La Plata, âel desalojo colectivo deberÃĄ ejecutarse en fecha a determinar y deberÃĄ ser en horario diurno y no pudiendo instrumentarse en condiciones climÃĄticas adversasâ.
El Ministro de Seguridad de la Provincia se refiriÃģ al conflicto de la toma de tierras que se viene en distintas localidades bonaerenses.
Se trata de tierras ubicadas a la altura del kilómetro 7,5 de esa ruta, que son parte de un predio que alquila la Universidad de Morón para utilizarlo como campo experimental para los alumnos de la carrera de Agronomía.
Los terrenos son linderos al barrio San Diego, un club de campo de la zona de Moreno, y de las 245 hectáreas se habrían tomado unas 60, ubicadas en la intersección de Guiraldes y Verdaguer.
La toma comenzó el pasado viernes y a lo largo de la semana las personas que permanecen en el lugar procedieron a dividir las parcelas.
Efectivos de la Policía Bonaerense se mantienen en el lugar, pero por el momento no intervinieron.
La Fiscalía 5 de Moreno, encabezada por Emiliano Buscaglia y Juzgado de Garantías 1 de esa localidad, quedaron a cargo de la situación, a partir de un pedido de intervención de la intendencia, a cargo de Walter Festa.
Efectivos de la Policía Bonaerense comenzaron esta madrugada un operativo para desalojar a las cerca de 2 mil familias que viven en un predio tomado desde el 22 de octubre en la localidad bonaerense de Libertad, partido de Merlo.
No obstante, el fiscal Fernando Capello, quien interviene en la causa por la toma del predio en Merlo, ordenó que se detenga el desalojo iniciado por la Policía Bonaerense y pidió a los vecinos que permanezcan en sus casas para ser censados.
El procedimiento de desalojo se inició a las 4 de la madrugada cuando unos 1.200 agentes cercaron el predio ubicado al costado de la ruta 1003 y luego comenzaron a ir casilla por casilla para pedirles a los ocupantes que voluntariamente dejen sus precarios hogares.
La medida se tomó pese a que el Juzgado de Garantías Nº 4 firmó una resolución en la que exhortaba a las autoridades a suspender cualquier intento de desalojo por el plazo de 180 días y "convocar mesas de gestión" para solucionar el problema.
Al respecto, antes de que trascendiera la decisión del fiscal Capello, el intendente del partido bonaerense de Merlo, Gustavo Menéndez, señaló que había "personal de la municipalidad para garantizar que el desalojo sea pacífico".
"La información que tenemos es que va a ser absolutamente pacífico, hemos hablado con ocupantes y organizaciones. A todos se les explicó que la posición nuestra es no avalar ninguna toma", reafirmó.
Por otra parte, justificó el desalojo al asegurar que en ese terreno hay "un grupo chico pero muy violento" que tiene "como escudo" la ocupación "para cometer delitos".
"No hay que estigmatizar a la gente que ha tomado la decisión de la toma porque en su gran mayoría son trabajadores desocupados, pero sí había un grupo chico, pero muy violento que tenía como escudo la toma para cometer delitos", enfatizó Menéndez en diálogo con radio Continental.
