“La idea es colocar una carpa por cada día que lleva detenida”, aseguró el coordinador nacional de la organización Tupac Amaru, Alejandro Garfagnini. El 8 de julio se cumplirán 2.000 días de la detención de la dirigente jujeña.

Un sorpresivo fallo del Tribunal 3 dispuso que la referente de la Tupac Amaru fuera trasladada a su residencia en el barrio de Cuyaya, sin las restricciones ilegales impuestas por el juez Pullen Llermanos.

Ocurrió anoche en San Salvador de Jujuy. Los efectivos irrumpieron en el local sin mostrar ninguna orden de allanamiento.

La Justicia Jujeña ordenó 21 allanamientos en el marco de una investigación por supuesto “lavado de activos” que carece de pruebas. Además, pidieron una excavadora para buscar un supuesto dinero escondido.

A 15 días de que la Justicia le otorgara la prisión domiciliaria a Milagro Sala, en una vivienda que no es la suya y a menos de un mes de haber sido absuelta en una causa por amenazas a policías, el fiscal Darío Osinaga ordenó el allanamiento de 21 propiedades supuestamente vinculadas a la dirigente social, al tiempo que revolvieron terrenos en búsqueda de dinero escondido. Osinaga es el mismo fiscal que acusó a Sala en el caso "de las bombachas", que finalmente la Justicia hizo caer por falta de pruebas.

Desde la Tupac Amaru, denunciaron en un comunicado, que “necesitan seguir con el show” y “mantener el mito de la Milagro ladrona”. La organización afirma que el allanamiento realizado hoy en la vivienda real de Sala, ubicada en el barrio de Cuyaya, es el cuarto que se hace en el marco de distintas causas. Esto “demuestra que el Poder Judicial de Jujuy sigue al servicio del gobierno provincial como instrumento de persecución política”, añadió la declaración pública. En la misma línea, la organización indicó que “se repite lo mismo que hicieron el año pasado, cuando en pleno enero iniciaron una causa vinculada con hechos de años anteriores, sin que mediara, como en este caso, urgencia alguna”.

Acerca de la excavación que ordenó el fiscal, la abogada de Milagro, Elizabeth Gómez Alcorta, en diálogo con Página 12, consideró que "la ridiculez de la excavación en un yatch club (privado), demuestra que lo que se intenta es montar un show en el marco de la necesidad que tiene (el gobernador) Gerardo Morales de utilizar a Milagro para correr de la escena pública el nivel salvaje de represión, hostigamientos y despidos en la provincia".

La “nueva” causa contra Milagro Sala fue iniciada por la AFIP, data de enero del año pasado y desde entonces no se habían dictado medidas de prueba. Está caratulada como “lavado de activos” e involucra también a su esposo, Raúl Noro, y a algunas de los integrantes de la Tupac Amaru que están detenidas, como Gladis Díaz y Mirta “Shakira” Guerrero. También a Marcos Quispe y Tito Fredy.

La modalidad de búsqueda de billetes bajo tierra con retroexcavadoras ya había sido utilizada en 2016 en varias estancias del empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa conocida como la "ruta del dinero K", de la cual el juez Sebastián Cassanello, el pasado 29 de diciembre, desligó a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner.

Lo resolvió la Cámara de Apelaciones de esa provincia, en el marco de la escalada de persecución y hostigamiento contra la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur, presa política del gobernador Gerardo Morales desde el 16 de enero de 2016. Sus abogados apelarán la medida.

La Cámara de Apelaciones de Jujuy notificó esta tarde a la defensa de Milagro Sala la revocación de su prisión domiciliaria, dictada el 31 de agosto último por los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos para acatar una cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La resolución de la Cámara también dispone el reingreso de la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur a la Unidad 3 del Servicio Penitenciario de Alto Comedero. Milagro cumple prisión domiciliaria en una casa de la localidad de El Carmen, a 40 kilómetros de su domicilio real, con una fuerte custodia perimetral de la Policía provincial y de la Gendarmería.

La revocación de la domiciliaria ya fue notificada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a la CIDH, mientras que la defensa de la dirigente social informó que la medida no se debería hacer efectiva ya que se apelará ante Casación, según el Artículo 443 del Código Procesal Penal, que prevé que la interposición de un recurso suspenderá la ejecución de la decisión impugnada.

“Hacemos responsable al Estado Nacional por el incumplimiento de la medida cautelar dictada el 27 de julio por la CIDH”, señalaron desde la Tupac Amaru.

La defensa fue notificada recién hoy a las 19 horas y aún no se conocen los fundamentos de la resolución firmada por los jueces Néstor Hugo Paolini, Gloria María Mercedes del Portal y Emilio Carlos Cattan.

Según el artículo 165 del Código Procesal Penal de Jujuy, “los actos procesales deben cumplirse en días y horas hábiles. En caso de necesidad, el tribunal podrá habilitarlos”, pero en la resolución emitida, no se establece una habilitación especial a tal fin.

Por último, los abogados de Milagro advirtieron que, en caso de que la parlamentaria sea trasladada al penal de Alto Comedero, “el Estado Nacional estaría incumpliendo con los tratados internacionales suscriptos con rango constitucional, lo que acarrearía sanciones para el país”.

La Tupac Amaru denunció que, tras la prisión domiciliaria de Milagro Sala, corre peligro “la integridad física y psíquica” de Gladys Díaz, Mirta Aizama, Mirta Rosa Guerrero y Graciela López, militantes de la organización que continúan alojadas en el Penal de Alto Comedero.

Mara Brawer y Estela Díaz, integrantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala, se reunieron hoy con Miguel Ángel Singh, secretario de Seguridad de Jujuy, y Jorge Martin Llapur, subjefe del Servicio Penitenciario, para denunciar las graves condiciones de detención de las cuatro detenidas de la organización Tupac Amaru en el Penal de Mujeres de Alto Comedero.

“Las consideraciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el hostigamiento que ponía en peligro la integridad física y psíquica de Milagro Sala se ejerce ahora sobre Gladys Díaz, Mirta Aizama, Mirta Rosa Guerrero y Graciela López, presas políticas de Gerardo Morales y Mauricio Macri en el Penal de Alto Comedero”, remarcó la Tupac en un comunicado.

Brawer y Díaz exigieron que se garantice “la vida y la seguridad de las detenidas”, la renuncia del Jefe de la Unidad Penal, Pedro Vilte, y el desplazamiento de tres penitenciaros a los que responsabilizaron de “dejar zonas liberadas para que se produzcan las agresiones”.

Por otra parte, los abogados de las detenidas, Ariel Ruarte y Paula Alvarez Carreras, presentaron ante la jueza Monica Cruz Martínez, del Juzgado de Violencia de Genero un habeas corpus.

Uno de los hechos denunciados ocurrió la semana pasada. En comunicación telefónica desde la cárcel, una de las presas políticas avisó que la tarde anterior, tras haberse retirado las visitas, habían sufrido “una requisa muy violenta”.

Según se informó, Guerrero estaba recién operada de una hernia y fue obligada a permanecer de pie, hasta que no pudo aguantar más el dolor y comenzó a llorar y se descompensó. Recién entonces le permitieron sentarse. Al día siguiente, tras reprochar al jefe de la Unidad el trato recibido, Guerrero pidió salir a la Fiscalía a realizar la denuncia pero se lo negaron.

A López tampoco le permitieron hacer una denuncia sobre una agresión que sufrió el domingo, cuando una interna de apellido Miranda -que ya había agredido a Milagro Sala en un día de visitas cuando se encontraba junto a su familia y que, según la dirigente social había recibido dinero de parte del Gobierno de Morales para hostigarla- la insultó y amenazó.

Desde la salida de Milagro del penal de  Alto Comedero, esa mujer comenzó a hostigar a las compañeras de militancia de la dirigente social,  incluso con amenazas de muerte.

Tras la reunión con Singh y Llapur, las coordinadoras del Comité por la Libertad de Milagro Sala señalaron que “los funcionarios, cuando hablan de Alto Comedero, parecerían estar hablando de la mejor cárcel del mundo”.

“Insisten con una visión respecto a la conflictividad de las presas de la Tupac porque organizan y defienden contra los abusos a las otras internas. Les reafirmamos que tenemos visiones confrontadas, ya que para nosotros son presas políticas y gran parte de los problemas existentes devienen de su negativa en reconocerlas como tales”, explicaron.

Brawer y Díaz agregaron que en “estos días no han querido salir de sus celdas siquiera para buscar comida porque temen ser atacadas por otras presas que cuentan con el aval de algunos oficiales de la Unidad”.

“En menos de un año se produjeron dos asesinatos en el penal de hombres de Gorriti. Es el Estado el responsable de garantizar la vida de quienes están a su disposición en el servicio penitenciario”, concluyeron.

La dirigente social está detenida en la provincia de Jujuy hace más de un año. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de ONU pidieron su "inmediata liberación". Hasta el momento, Argentina no hizo caso al reclamo internacional. En los próximos días podría expedirse la Corte Suprema de Justicia.

En las redes sociales se lanzó una campaña para pedir la liberación de la dirigente de la organización Tupac Amaru. Milagro Sala fue detenida a los pocos días de asumir el dirigente radical Gerardo Morales como gobernador de la provincia de Jujuy. Morales es un aliado de Cambiemos: eso explica la reticencia de la administación macrista a cumplir con los reclamos de organismos internacionales. La ahora ex canciller Susana Malcorra mostró más de una vez su incomodidad con esa situación.

La abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, relacionó la salida de Malcorra con los pedidos de liberación de la dirigente de la Tupac. "En el mismo mes que tuvimos dos visitas absolutamente extraordinarias a Buenos Aires, de dos organismos internacionales, los dos vinculados con el caso de Milagro, cuando hace dos meses renunció el representante de derechos humanos de Cancillería, la renuncie de ella es por lo menos sugestiva", destacó en entrevista con Página 12.

Además, Alcorta se refirió a la gravedad del caso: "Es un paradigma de la criminalización de lo diferente político que tiene una finalidad muy específica. Es distinto a la criminalización de la protesta en general, porque tiene que ver con el disciplinamiento. Hay un mensaje muy claro del poder político", precisó.

Mientras el Ejecutivo nacional mira para el costado, la Corte Suprema analiza dos situaciones en relación a Sala. Por un lado, deberá determinar si ella tenía fueros como parlamentaria del Parlasur. Por otro, si fue arbitraria su detención con prisión preventiva ya que la defensa sostiene que no existían riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

(Por Eugenia Calvó, desde San Salvador de Jujuy) El encarcelamiento de Alberto Cardozo se explica en un contexto de creciente represión y persecución a sectores opositores al gobierno provincial y de la Nación. Denuncias de torturas, vejaciones y la convivencia en el penal con el asesino de su sobrino, son algunos de los tormentos que debe padecer diariamente.

La gravedad del asunto se basa en que día a día se comprueba que Jujuy ha funcionado como laboratorio de un plan sistemático de represión. Empezó con la detención de Milagro Sala, se extendió hacia referentes y miembros de la Tupac Amaru y de la Red de Organizaciones; secuestro y torturas a estudiantes y la violación de la autonomía universitaria.

El 26 de abril pasado se cumplió un año de la detención de Cardozo, principal referente de la Organización Barrial Tekuré. Su encarcelamiento se dio en el marco de la persecución desatada contra los sectores populares que manifiestan oposición al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Los presos políticos de Jujuy fueron la punta de lanza, que permitió, tanto al gobierno nacional como provincial, la habilitación de una violencia ejercida desde el estado, violando los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. El código contravencional es utilizado como “herramienta legal” de esta violencia para el disciplinamiento de la clase trabajadora y de los movimientos sociales.

Motivo de la detención

En el año 2007 Cardozo denunció que dos personas atentaron contra su vida disparando armas de fuego. A consecuencia de ello, resultó herida una niña, sobrina de Cardozo.

Según Cardozo, durante la investigación hacia su persona y su organización, no pudieron demostrar ninguna irregularidad en las obras realizadas; fue entonces, cuando el gobierno, con la complicidad del poder judicial, decide reabrir una causa que estaba a punto de prescribir con el sólo propósito que el dirigente involucre e implique a Milagro Sala, quien también terminó procesada como coautora de tentativa de homicidio.

Desde que se encuentra en el penal de Gorriti, Alberto Cardozo sufrió torturas y vejaciones, balaceras en su casa y el asesinato de su sobrino, que estaba cumpliendo condena en el mismo penal donde se encuentra Alberto.

Beto Cardozo y Organización Barrial Tekuré

Es el principal referente de la Organización Barrial Tekuré. En las últimas elecciones parlamentarias fue candidato a diputado provincial por el Frente Unidos y Organizados.

La organización barrial Tekuré  se configura entre el 2007- 2008 y es una fuerza política y social que se instaló a nivel provincial nucleando alrededor de 1500 personas.

En el 2010 junto a otras agrupaciones conformaron la Red de Organizaciones. El compromiso arrancado al gobierno provincial y nacional facilitaron a este conjunto de organizaciones las condiciones para desarrollar el trabajo social que venían realizando.

Beto Cardozo y Tekuré hoy

Hoy Alberto Cardozo está a la espera del avance de su causa. Su organización no ha desaparecido; por el contrario, mantienen presencia en los distintos barrios y localidades recuperando su expresión inicial, las copas de leche.

Tanto Cardozo como sus compañeros refuerzan que “Beto” está preso por no querer declarar mentiras; confían que mantenerse firme en la verdad es lo único que lo sacará de prisión.

El pedido lo hizo el fiscal Javier De Luca ante la Cámara Federal de Casación Penal. Pidió revocar el fallo que condenó a Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru, como supuesta instigadora de un escrache con huevos al gobernador de Jujuy Gerardo Morales.

En su texto, De Luca afirmó que durante el proceso judicial no se pudo demostrar que Sala fuera la autora intelectual del hecho. Además, recordó que la dirigente social no estuvo presente en el lugar donde se produjo el escrache en 2009. El 28 de diciembre de 2016 fueron condenados además de Sala otros dos integrantes de la Tupac, como Graciela López y Gustavo Salvatierra. El fiscal pidió revocar las condenas de los tres.

Sala se encuentra detenida en la cárcel de Alto Comedero, Jujuy, desde enero de 2016. Organismos de Derechos Humanos denunciaron su encarcelamiento ante organismos internacionales, que se expidieron contra la decisión de la Justicia provincial y reclamaron al Estado argentino por la liberación de la dirigente de la Tupac. En las próximas semanas, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitarán el país por ese caso. La CIDH es uno de los organismos que pidió por la libertad de Sala.