El titular del gremio transportista dijo que la adhesión a la huelga general de este lunes se debió a que el Ejecutivo “no supo interpretar o escuchar” su reclamo.

El gremio de La Fraternidad reiteró su apoyo total al paro de este lunes que llevará adelante la CGT en todo el país y confirmó que no habrá colectivos, trenes, subtes ni aviones desde el domingo por la noche.

La gobernadora debería haber reglamentado hace más de un año la ley que obliga a las empresas de colectivos a instalar cámaras, pero no cumplió con ese paso.

La respuesta que dio el gobierno de la provincia de Buenos Aires tras el asesinato de Leandro Alcaraz fue la promesa de reglamentar de inmediato la ley provincial 14.897, sancionada en enero de 2017.

Vidal, que disponía en ese entonces de 60 días para reglamentar la norma (o sea, hasta marzo del año pasado), nunca lo hizo, impidiendo que se implemente lo ley la legislatura bonaerense había votado y que ella misma había promulgado.

Ya en junio del año pasado, tras el asesinato en Claypole de otro colectivero, Carlos Ernesto Sánchez, el ministro Ritondo había respondido con la misma promesa a los representantes de la UTA (Unión Tranviarios Automotor): reglamentar la ley. Pero nada sucedió, y las cosas continuaron igual.

Esta vez Ritondo dio una fecha concreta: dijo que la ley se reglamentará el lunes próximo. Incluso Clarín afirmó haber accedido a un borrador de esa reglamentación, que dispondría la instalación de "la cantidad de cámaras necesarias según las características de cada unidad de transporte, debiéndose garantizarla existencia de una cámara por puerta de la unidad".

El funcionario también habló de una línea de créditos blandos que ofrecería el Banco Provincia para que los propietarios de las unidades puedan afrontar el costo de la instalación de las cámaras.

Lo cierto es que la ley no se reglamentó en los plazos correspondientes, y tampoco se hizo luego de la promesa de junio pasado, cosa que ningún medio destacó tras la noticia que conmovió este domingo nuevamente a toda la sociedad. Así funciona el blindaje.

Fuente: Infonews

Coincide con el inicio de las vacaciones de invierno en varias provincias. La medida empezará a las 0:00 del sábado y terminará a las 24:00 del domingo. Es porque fracasaron las negociaciones paritarias en el sector.

El sindicato de la UTA anunció anoche un paro nacional de los trabajadores de micros de larga distancia por 48 horas, entre las 0:00 del sábado 8 y las 24:00 del domingo 9, luego de que fracasaran las negociaciones paritarias para acordar el salario del sector.

"Hemos debido tomar esta decisión extrema ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias del sector.

Pedimos disculpas a los usuarios, pero ante la intransigencia de los empresarios, no queda más remedio que adoptar medidas de fuerza en defensa de los legítimos derechos de los trabajadores", sostuvo la UTA en un comunicado.

La medida de fuerza afectará a los pasajeros que quieran viajar en el inicio de las vacaciones de invierno en varias provincias como Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Mendoza, Río Negro, San Luis, Santa Fe, San Juan y Tucumán.

Mario Verdaguer, presidente de la CELADI, que agrupa a más del 70 por ciento de las empresas del sector que agrupa a unos 19 mil empleados, remarcó antes de que se definiera la medida de fuerza que "se viene trabajando a pérdida, por lo que varias firmas no pueden afrontar el pago del salario y el medio aguinaldo y propusieron un pago escalonado".

"Le venimos advirtiendo al Ministerio de Transporte que el servicio se viene precarizando y va a generar situaciones no deseadas, como la posibilidad que no estemos prestando los servicios en vacaciones. No por decisión empresarial, sino porque si no pagamos en tiempo y forma, presumimos un nivel de inconveniente, ya que el gremio nos ha hecho saber que no van a permitir estas situaciones", señaló Verdaguer a Diario Popular.

En ese sentido, resaltó: "Venimos sosteniendo el pleno empleo, pero hasta acá llegamos. Hay tres empresas paradas, MercoBus, Plus Ultra y El Rápido Argentino. Además, hay algunas otras que en los próximos días podrían anunciar que van a tener que cerrar por no poder cumplir con las obligaciones".

Así lo aseguró Roberto Fernández, de la UTA, en diálogo con radio Splendid (AM 990). "Es muy bueno que venga el transporte aéreo pero hay 20 mil trabajadores en los servicios de larga distancia. Estamos muy preocupados. Ya hay suspensiones y despidos", describió.

"Las empresas están en una situación complicada. Hay menos actividad y por lo cual tienen menos ingresos. Por eso están ajustando sobre los empleados", siguió el sindicalista.

Fernández reconoció que el Gobierno kirchnerista "aceptó el problema y le dio un subsidio al sector. El actual Ejecutivo lo cortó y estamos en esta situación".

De fondo está la discusión por la llegada de empresas aéreas de low cost, que podrían ofrecer servicios más baratos que las empresas de colectivos de larga distancia: "Está bueno que lleguen esos servicios. Ahora, el bajo costo alguien lo paga. Le dan subsidio a un sector y no a otro. En los micros de larga distancia viaja gente con menor poder adquisitivo, estaría bien que subsidie a ese sector", señaló.

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, reafirmó hoy que el 6 de abril próximo, cuando se realizará el paro general de actividades convocado por la CGT, "vamos a parar, tanto larga distancia, como corta, subtes y las combis".

Fernández confirmó la participación de la UTA en la medida de fuerza convocada por la CGT y reiteró el reclamo al Gobierno para que convoque una "mesa de diálogo y consenso de todos los sectores, para tomar el compromiso de la definición de un verdadero proyecto nacional, basado en políticas de Estado".

"Nosotros el 6 de abril vamos a parar, tanto larga distancia, como corta, subtes y las combis, porque estamos de acuerdo con esta medida, porque entendemos que el gobierno nacional tiene que convocar a una mesa de diálogo y consenso de todos los sectores", sostuvo Fernández en declaraciones formuladas esta mañana a radio El Mundo.

En línea con el comunicado de prensa difundido ayer por la UTA, el dirigente confirmó la participación de los trabajadores de los transportes de pasajeros en la medida de fuerza convocada por la central obrera, luego de que el fin de semana circularan versiones periodísticas que sugirieron la posibilidad de que, finalmente, ese gremio no se sumara al paro.

No obstante, Fernández dijo durante la entrevista que "no" están "en contra del Gobierno" sino que, "al contrario", y llamó a "dejar de quejarse y tomar el compromiso de trabajar por el país" porque -indicó- "si no se hacen políticas de Estado, perdemos todos".

El titular de la UTA entendió además que, si tras el paro general de 24 horas convocado por la CGT para el 6 de abril, el Gobierno no convoca al diálogo, "sería una provocación y significaría que va a ser una lucha", cuando desde la CGT no quieren que sea así, sino que buscan sentarse "en una mesa y discutir un proyecto serio, para el bien de todos los argentinos".

La medida afecta a dos mil trabajadores, que quedarán excluidos de la negociación salarial. Los dirigentes gremiales de la AGTSyP denunciaron que el fallo judicial no sólo responde a la aversión del gobierno de Cambiemos hacia los trabajadores, sino también “al lobby de la UTA”, dispuesta a “negociar una paritaria a la baja”.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneos y Premetro (AGTSyP) obtuvo la personería gremial diez días antes de que finalizara el gobierno anterior, luego de ocho años de lucha y tras una larga disputa con la Unión Tranviario Automotor (UTA) por la representatividad de los trabajadores del subte. Desde entonces representaron a la mayoría en la mesa de negociaciones con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y frente al gremio conducido por el cegetista Roberto Fernández.

Sin embargo, ahora la Cámara Nacional de Apelaciones aceptó un recurso presentado por la UTA y le quitó la personería gremial a los metrodelegados, una medida que priva de derechos sindicales a dos mil trabajadores, que quedarán excluidos de la paritaria del sector.

Tras conocer el fallo, los dirigentes de la AGTSyP apuntaron directamente contra el presidente Mauricio Macri y el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca: “Esto es una persecución política del Gobierno. Estamos enojados, pero no nos vamos a quedar quietos. Tenemos todos los papeles en regla”.

Néstor Segovia agregó la decisión judicial no solo responde a la aversión del gobierno de Cambiemos hacia los trabajadores, sino también “al lobby de la UTA”, dispuesta a “negociar una paritaria a la baja”.

“El Gobierno quiere hacer con nosotros lo mismo que hace con los docentes. Pero si piensa damnificarnos, se equivoca”, advirtió el secretario de AGTSyP y representante de los trabajadores de la Línea C.

El titular del gremio, Roberto Pianelli, anunció que apelará la resolución y convocó a asambleas para el lunes y el martes próximos.

Con el objetivo de evitar violentos robos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires instalará cámaras de seguridad en los colectivos que recorren el territorio bonaerense. La medida se tomó tras una reunión entre el Gobierno y el gremio de colectiveros.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, se reunió con el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, para avanzar en los primeros pasos para la pronta incorporación de los dispositivos de vigilancia en los transportes públicos.

"Esta medida tiene una vital importancia para todas aquellas personas que viajan en colectivos hacia sus trabajos, a estudiar o hacer sus habituales compras porque las cámaras son ese ojo que permite una mayor eficacia en la lucha contra la inseguridad", resaltó el funcionario bonaerense.

En este sentido, anticipó que la semana próxima habrá una reunión con integrantes de las cámaras que nuclean a los propietarios del transporte automotor de pasajeros para empezar a trabajar en conjunto el Estado, gremios y empresarios.

Por su parte, Fernández explicó que "a raíz de los hechos de violencia ocurridos mantuvimos esta reunión" y aseguró que "vemos que la voluntad política tanto del ministro Ritondo como de la gobernadora María Eugenia Vidal es darle punto final a esto y avanzar".

"Hace mucho tiempo que veníamos pidiendo esto y esperemos que ahora se implemente, porque queremos que esté tranquilo el usuario y el propio trabajador. Esto no es política, es la seguridad del pueblo", completó el dirigente sindical.

Tras tres semanas de intenso conflicto gremial los trabajadores de esa línea de colectivos de la capital bonaerense volverán a sus puestos de trabajo. Fue por un fallo judicial y ahora habrá una mesa de conciliación para el pago de los días caídos y para la elección de delegados.

Los colectiveros las líneas Este y 520 preparaban un festival de protesta, en el marco del conflicto que mantenían desde el 17 de octubre, cuando conocieron la decisión del Tribunal de Trabajo Nº1 de La Plata que dictó una medida cautelar a su favor.

El festival finalmente se realizó ayer a la tarde frente al Pasaje Dardo Rocha para celebrar la resolución judicial que ordenó la reincorporación de cinco de los despedidos y el inicio de las negociaciones para que otros 12 cesanteados vuelvan a sus puestos de trabajo.

“Queremos la reincorporación de todos los trabajadores y la elección libre y democrática de delegados, algo que hace 20 años que no sucede ya que la UTA pone los delegados a dedo”, resaltaron los colectiveros.

El tribunal también determinó que se abra una “mesa de conciliación” donde se discuta el pago de los salarios del último mes, prohibió sanciones a los choferes que adhirieron a las medidas de fuerza y obligó a la UTA a convocar a elecciones de delegados en veinte días, rompiendo de esta forma el boicot del gremio.

A lo largo de estas tres semanas, lo choferes sufrieron represión por parte de las fuerzas de seguridad de la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Julio Garro, quienes desde un primer momento se pusieron del lado de la empresa monopólica que tiene el control de las líneas Este y 520. Se trata de Expreso La Plata, propiedad de Osmar Corbelli, que concentra el 80 por ciento del transporte público de pasajeros en la capital bonaerense.