Lejos de garantizar una investigación seria e imparcial, el gobierno ha optado por una estrategia previsible: ponerse a sí mismo al mando del escándalo del fraude cripto.
En lugar de permitir una pesquisa independiente, el gobierno ha designado al frente de la flamante Unidad de Tareas de Investigación (UTI) a María Florencia Zicavo, la número dos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y persona de extrema confianza del oficialismo.
Es decir, el Ejecutivo no solo maniobró para frenar en el Congreso la conformación de una comisión investigadora plural, sino que ahora entrega la investigación a una funcionaria con vínculos directos con quienes deberían ser investigados. El resultado es un intento de control absoluto sobre el caso, más orientado a blindar al entorno presidencial que a esclarecer la estafa.

El 15 de febrero, cuando el escándalo por la fallida cripto $LIBRA ya había estallado y se acumulaban denuncias de damnificados, el gobierno intentó mostrarse activo con la creación de la UTI y la intervención de la Oficina de Anticorrupción. Pero la letra chica reveló la trampa: la unidad estaría bajo la órbita de la Presidencia de la Nación. En otras palabras, se dispuso a investigar… a sí mismo.
Ahora, con la publicación de la Resolución 72/2025 del Ministerio de Justicia, las sospechas sobre la parcialidad del proceso se profundizan aún más. El documento, que omite mencionar a Zicavo por su nombre, establece que la UTI será dirigida por la titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, un cargo que la funcionaria ocupa desde junio de 2024 por decisión del propio Milei y Cúneo Libarona.
Según el decreto que le da vida a la UTI, su misión será “recabar información relacionada al criptoactivo y colaborar de manera rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal”. En los papeles, suena bien. En la práctica, deja en manos del oficialismo el manejo de pruebas y documentación clave.
La estrategia del gobierno es clara: evitar cualquier investigación externa que escape a su control y apagar el escándalo con un simulacro de transparencia. Mientras tanto, los damnificados del fraude cripto siguen esperando respuestas que, bajo este esquema, parecen cada vez más lejanas.