El gobierno se investiga a sà mismo: la mano derecha de CÚneo Libarona al frente del caso $LIBRA
Lejos de garantizar una investigaciÃģn seria e imparcial, el gobierno ha optado por una estrategia previsible: ponerse a sà mismo al mando del escÃĄndalo del fraude cripto.
En lugar de permitir una pesquisa independiente, el gobierno ha designado al frente de la flamante Unidad de Tareas de InvestigaciÃģn (UTI) a MarÃa Florencia Zicavo, la nÚmero dos del ministro de Justicia, Mariano CÚneo Libarona, y persona de extrema confianza del oficialismo.
Es decir, el Ejecutivo no solo maniobrÃģ para frenar en el Congreso la conformaciÃģn de una comisiÃģn investigadora plural, sino que ahora entrega la investigaciÃģn a una funcionaria con vÃnculos directos con quienes deberÃan ser investigados. El resultado es un intento de control absoluto sobre el caso, mÃĄs orientado a blindar al entorno presidencial que a esclarecer la estafa.

El 15 de febrero, cuando el escÃĄndalo por la fallida cripto $LIBRA ya habÃa estallado y se acumulaban denuncias de damnificados, el gobierno intentÃģ mostrarse activo con la creaciÃģn de la UTI y la intervenciÃģn de la Oficina de AnticorrupciÃģn. Pero la letra chica revelÃģ la trampa: la unidad estarÃa bajo la Ãģrbita de la Presidencia de la NaciÃģn. En otras palabras, se dispuso a investigarâĶ a sà mismo.
Ahora, con la publicaciÃģn de la ResoluciÃģn 72/2025 del Ministerio de Justicia, las sospechas sobre la parcialidad del proceso se profundizan aÚn mÃĄs. El documento, que omite mencionar a Zicavo por su nombre, establece que la UTI serÃĄ dirigida por la titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, un cargo que la funcionaria ocupa desde junio de 2024 por decisiÃģn del propio Milei y CÚneo Libarona.
SegÚn el decreto que le da vida a la UTI, su misiÃģn serÃĄ ârecabar informaciÃģn relacionada al criptoactivo y colaborar de manera rÃĄpida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio PÚblico Fiscalâ. En los papeles, suena bien. En la prÃĄctica, deja en manos del oficialismo el manejo de pruebas y documentaciÃģn clave.
La estrategia del gobierno es clara: evitar cualquier investigaciÃģn externa que escape a su control y apagar el escÃĄndalo con un simulacro de transparencia. Mientras tanto, los damnificados del fraude cripto siguen esperando respuestas que, bajo este esquema, parecen cada vez mÃĄs lejanas.




