En un operativo desproporcionado, las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich le propinaron una verdadera paliza a los jubilados que se movilizaron como todos los miércoles frente al Congreso de la Nación para pedir un aumento en sus haberes y la restitución de la cobertura de medicamentos.
Una vez más, las fuerzas federales que responden a Patricia Bullrich desataron una represión violenta contra un reducido grupo de jubilados y manifestantes que, como cada miércoles, se congregaron frente al Congreso de la Nación para exigir un aumento en sus haberes y la restitución del 100% de los medicamentos del PAMI, entre otros derechos vulnerados.
El despliegue policial, completamente desproporcionado, incluyó a efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, que avanzaron contra los manifestantes con gases lacrimógenos, golpes y empujones. Los jubilados, acompañados por organizaciones sociales, clubes barriales como Chacarita y trabajadores despedidos de la imprenta Morvillo, fueron atacados sin mediar provocación.
Los efectivos motorizados de la Policía cercaron a los manifestantes en la avenida Rivadavia y utilizaron la fuerza para dispersarlos. Según denunció la Comisión Provincial por la Memoria, la represión incluyó “gases químicos, empujones y golpes con los escudos” contra una protesta completamente pacífica. Además, trabajadores de prensa que cubrían la manifestación también fueron agredidos.
Esta represión no es un hecho aislado: se suma a una serie de ataques sistemáticos contra las protestas de jubilados. Solo en la última semana, un megaoperativo policial –que duplicaba en número a los manifestantes– dejó un saldo de diez heridos y dos detenidos ilegales. Semanas atrás, los jubilados fueron reprimidos mientras se manifestaban junto a trabajadores del Hospital Garrahan, resultando en personas mayores en el suelo, con necesidad de asistencia médica.
El endurecimiento de la represión se da en un contexto de creciente vulnerabilidad para los jubilados, profundizada desde que el presidente Javier Milei vetó la ley de Movilidad Jubilatoria votada por mayoría en ambas Cámaras del Congreso. Esta decisión, apoyada por sectores de la oposición “dialoguista”, fue celebrada por Milei con un asado, en un gesto de violencia simbólica contra uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad. En respuesta, el mandatario fue denunciado penalmente en septiembre de 2024 por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El hincha de #Vélez pegandole al vigilante y defendiendo a los jubilados es todo lo que está bien. Gracias por representar así la camiseta. pic.twitter.com/bLrpNqRi5o
— Nico V ✌🏼 (@CamillusV) March 6, 2025
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad sigue reforzando su política represiva con la compra de gases lacrimógenos de última tecnología, cuyo efecto es incluso más dañino que los utilizados anteriormente. “Me han gaseado muchísimas veces, pero nunca un gas me quemó como éste”, denunció la legisladora Vanina Biasi el año pasado.
Los jubilados siguen en pie de lucha, a pesar de la violencia con la que el gobierno responde a sus justos reclamos.