La medida ataca la educación en contextos de encierro y profundiza el castigo como única respuesta del Estado.
En una nueva escalada punitiva, Patricia Bullrich prohibió la existencia de centros de estudiantes en las cárceles del Sistema Penitenciario Federal (SPF), argumentando que “tergiversan la finalidad de la readaptación social de los internos”. La medida, formalizada a través de la Resolución 372/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial, ataca directamente uno de los espacios educativos que facilitaban la reinserción social de los presos.
El texto oficial sostiene que la participación en estos centros hace que algunos internos permanezcan “más tiempo fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas”, lo que, según el documento, “perjudica el normal desenvolvimiento de las restantes actividades diarias” y provoca “relevantes alteraciones en materia de seguridad”. Sin embargo, la prohibición avanza sobre un espacio de organización educativa que se había consolidado como herramienta clave para la formación y el acceso a derechos dentro del encierro.
La resolución también asegura que el sistema actual “afecta las reglas establecidas por la Ley Nº 24.660 y fomenta un esquema incompatible con el sistema de reinserción social”, bajo el argumento de que permite avanzar en la progresividad del régimen penitenciario a internos que supuestamente no cumplen con las reglas del tratamiento.
Esta medida se suma a otra decisión tomada en diciembre de 2024, cuando el Gobierno estableció que los presos debían desarrollar tareas de mantenimiento en los penales, abarcando desde espacios comunes hasta sus propias celdas. Esas labores se realizan sin ningún tipo de remuneración, consolidando una política que refuerza el castigo por sobre la posibilidad de educación y reinserción.
Por más que Bullrich intente justificar estas medidas como parte de una estrategia de seguridad, el vacío educativo que generan y la imposición del trabajo forzado sin pago exponen una preocupante apuesta por la represión como eje de la política carcelaria.