En el primer año de la gestión Milei el sector industrial sufrió un rojo de -9,4%. Tuvo el peor desempeño entre 79 países relevados por la ONUDI.

El primer año de gestión de Javier Milei estuvo marcado por un fuerte retroceso en la industria nacional, con una contracción del 9,4% anual, la más profunda entre 79 países analizados por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Este desplome, según la red de expertos de Misión Productiva, responde a las políticas económicas implementadas por el gobierno, que generaron un drástico ajuste en la demanda interna y la pérdida de capacidades industriales.

El informe de la ONUDI, difundido por Misión Productiva, evidencia que Argentina tuvo el peor desempeño industrial a nivel mundial en 2024, superando en caída a países como Togo, Irlanda, Hungría y Alemania. Según los especialistas, la contracción se explica principalmente por la fuerte caída del consumo interno, producto de la pérdida del salario real, y la retracción de sectores clave como la construcción.

La crisis industrial quedó reflejada en la reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la Unión Industrial Argentina (UIA). Allí, los empresarios expresaron su preocupación por el impacto de la “motosierra” de Milei en la actividad productiva y demandaron medidas concretas para frenar el deterioro del sector. Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado políticas públicas orientadas a la recuperación industrial.

El impacto de la recesión en la industria también se reflejó en el empleo: en 2024 se perdieron 30.000 puestos de trabajo en el sector, mientras que los industriales denunciaron que más del 46% del costo de los bienes producidos corresponde a impuestos. A pesar de la caída, el gobierno decidió reducir las retenciones al agro, mientras que las manufacturas industriales siguen sin recibir alivio fiscal.

En 2024, Argentina fue el país del mundo con mayor caída de la producción industrial (-9,4%). https://t.co/mjI3UPjCfD

— Daniel Schteingart (@danyscht) March 25, 2025

Las perspectivas para 2025 no son alentadoras. Misión Productiva advierte que las políticas del gobierno, basadas en una mayor apertura comercial en un contexto de apreciación del tipo de cambio, podrían profundizar el debilitamiento de la industria local. La UIA, por su parte, propuso medidas para amortiguar la crisis, como la devolución de impuestos acumulados, la eliminación de derechos de exportación para productos industriales y una reducción del costo laboral no salarial.

A pesar de estos reclamos, el gobierno mantiene su línea de ajuste, dejando al sector industrial en una situación de vulnerabilidad frente a un escenario global inestable y una economía interna debilitada.

La medida ataca la educación en contextos de encierro y profundiza el castigo como única respuesta del Estado.

En una nueva escalada punitiva, Patricia Bullrich prohibió la existencia de centros de estudiantes en las cárceles del Sistema Penitenciario Federal (SPF), argumentando que “tergiversan la finalidad de la readaptación social de los internos”. La medida, formalizada a través de la Resolución 372/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial, ataca directamente uno de los espacios educativos que facilitaban la reinserción social de los presos.

El texto oficial sostiene que la participación en estos centros hace que algunos internos permanezcan “más tiempo fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas”, lo que, según el documento, “perjudica el normal desenvolvimiento de las restantes actividades diarias” y provoca “relevantes alteraciones en materia de seguridad”. Sin embargo, la prohibición avanza sobre un espacio de organización educativa que se había consolidado como herramienta clave para la formación y el acceso a derechos dentro del encierro.

La resolución también asegura que el sistema actual “afecta las reglas establecidas por la Ley Nº 24.660 y fomenta un esquema incompatible con el sistema de reinserción social”, bajo el argumento de que permite avanzar en la progresividad del régimen penitenciario a internos que supuestamente no cumplen con las reglas del tratamiento.

Esta medida se suma a otra decisión tomada en diciembre de 2024, cuando el Gobierno estableció que los presos debían desarrollar tareas de mantenimiento en los penales, abarcando desde espacios comunes hasta sus propias celdas. Esas labores se realizan sin ningún tipo de remuneración, consolidando una política que refuerza el castigo por sobre la posibilidad de educación y reinserción.

Por más que Bullrich intente justificar estas medidas como parte de una estrategia de seguridad, el vacío educativo que generan y la imposición del trabajo forzado sin pago exponen una preocupante apuesta por la represión como eje de la política carcelaria.

El impacto de los aumentos en la canasta de servicios públicos se siente con fuerza en el bolsillo de los argentinos, en especial en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la quita de subsidios y los ajustes tarifarios han disparado los costos de luz, gas, agua y transporte.

En marzo, la canasta de servicios públicos registró un incremento del 7,7% respecto al mes anterior, alcanzando una suba interanual del 92%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Con estos aumentos, el gasto en servicios esenciales ya representa el 11,3% del salario promedio registrado, lo que supone una carga cada vez más difícil de afrontar para los hogares.

La eliminación progresiva de subsidios ha sido un factor determinante en estos incrementos. En los últimos 16 meses, la canasta de servicios públicos se encareció un 429%, mientras que la inflación general en el mismo período fue del 133%. La cobertura de costos por parte de los usuarios del AMBA ha aumentado significativamente: actualmente pagan en promedio el 54% de los servicios, mientras que el Estado solo financia el 46%.

Sin subsidios, el costo mensual de la canasta de servicios públicos en el AMBA asciende a $146.641, incluyendo energía eléctrica, gas natural, agua y transporte. En marzo, los incrementos más fuertes se registraron en:

• Agua: 11,8% mensual y un alarmante 330% interanual, luego de la eliminación total de subsidios.
• Gas natural: 14,5% mensual y un 537% interanual, reflejando el fuerte ajuste tarifario.
• Energía eléctrica: 4,7% mensual y 46% interanual, con aumentos programados que seguirán afectando a los hogares.
• Transporte público: 5,6% mensual y 45% interanual, impactando especialmente en trabajadores y estudiantes que dependen del servicio diariamente.

El ajuste en subsidios ha sido drástico: hasta el 18 de marzo de 2025, la asistencia estatal se redujo un 59% en términos reales. En detalle, los subsidios a la energía cayeron un 63% interanual, los de transporte un 52%, y en el caso del agua, fueron eliminados por completo.

Transporte

El transporte se ha convertido en uno de los mayores golpes al bolsillo. El costo técnico del boleto de colectivo en el AMBA es de $1.309, aunque la tarifa regulada se mantiene en $1.299. A pesar de ello, los pasajeros solo cubren el 31% del costo real del servicio, mientras que el 69% restante sigue subsidiado. Sin embargo, la tendencia a la reducción de subsidios sugiere que estos valores seguirán en aumento.

Hoy, el transporte representa el 41% de la canasta de servicios, siendo el rubro más costoso para los hogares del AMBA. En marzo, el boleto de colectivo subió un 10%, encareciendo aún más la movilidad de los trabajadores y sectores de menores ingresos.

El encarecimiento de los servicios básicos y la caída en la asistencia estatal plantean un escenario preocupante, donde cada vez más familias deben destinar una mayor parte de su salario para costear necesidades esenciales, mientras la inflación y los ajustes tarifarios continúan erosionando su poder adquisitivo.

El consumo de carne vacuna en Argentina atraviesa un desplome alarmante que no encuentra un piso. En los primeros meses de 2025, la ingesta per cápita registró una nueva caída histórica.

El consumo de carne vacuna en Argentina atraviesa un desplome alarmante que no encuentra un piso. En los primeros meses de 2025, la ingesta per cápita registró una nueva caída histórica, marcando una tendencia que no solo no se revierte, sino que amenaza con profundizarse aún más en medio de la crisis económica.

Según un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), en febrero el consumo per cápita de carne vacuna cayó un 5,4% interanual, lo que representa 2,8 kilos menos por persona. Esta disminución se suma a una escalada de precios que erosiona el poder adquisitivo y agrava la retracción de la demanda interna.

Los datos son contundentes: el consumo anual por habitante descendió a 48,8 kilos, el nivel más bajo en décadas. Además, la comercialización de carne en el mercado interno durante el primer bimestre de 2025 alcanzó su mínimo histórico, según un relevamiento del Mercado Ganadero Rosgan de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El declive en el consumo se ve acompañado por una caída en la producción. En los dos primeros meses del año, la oferta de carne vacuna se redujo a 499 mil toneladas de res con hueso, lo que representa un descenso del 1,7% interanual, es decir, 8.500 toneladas menos que en el mismo período de 2024.

A esta crisis se suma la disminución de la demanda externa, con un impacto significativo en las exportaciones. Durante el primer bimestre, las ventas al exterior se desplomaron un 33,7% interanual, lo que equivale a 54 mil toneladas menos exportadas, en gran parte debido a la menor demanda desde China.

En el plano interno, la suba imparable de los precios de la carne no solo golpea el consumo, sino que también dificulta el débil y cuestionable proceso de desinflación que busca el Gobierno de Javier Milei. En febrero, la categoría “Carnes y derivados” del índice de precios aumentó un 7,6%, con incrementos de hasta el 13,6% en algunos cortes, profundizando la crisis del consumo.

Los cortes que más aumentaron entre enero y febrero fueron:

• Nalga: +13,6%
• Cuadril: +13,1%
• Paleta: +12,6%
• Carne picada común: +11,3%
• Asado: +9,9%

En contraste, el pollo entero solo aumentó un 0,4% en el mes, lo que ha llevado a un creciente reemplazo de la carne vacuna por esta alternativa más accesible.

El impacto de la suba de la carne se refleja en la inflación general de los alimentos. En febrero, el capítulo “Alimentos y bebidas no alcohólicas” registró un incremento del 3,2% con respecto a enero, alcanzando su mayor suba mensual desde julio de 2024. Otros rubros que también experimentaron fuertes aumentos fueron:

• Aceites, grasas y manteca: +3,3%
• Azúcar y golosinas: +2,1%
• Pan y cereales: +1,6%
• Lácteos y huevos: +0,9%

Mientras tanto, en el segmento de productos estacionales, las frutas aumentaron en promedio un 1,4%, mientras que las verduras mostraron una leve baja del 1,5%.

Con un consumo que sigue en caída y sin señales de recuperación, la carne vacuna se convierte cada vez más en un lujo inalcanzable para gran parte de la población, consolidando una crisis que parece lejos de tocar fondo.

En medio de las negociaciones por un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las encuestas muestran una imagen negativa sobre el organismo internacional de crédito y un desacuerdo sobre la decisión del Gobierno de pedir otro préstamo. Además, el control del Ejecutivo sobre la inflación, uno de sus caballitos de batalla, comienza a ponerse en duda.

Así lo reveló una nueva encuesta de la consultora de opinión pública Zuban Córdoba publicada este domingo, que además mostró que “la imagen del Gobierno, del Presidente y de la gestión presenta alrededor del 58% de rechazo y con apenas un 41% de aprobación”.

Otro de los detalles destacados del trabajo enmarcado en los “Domingos de Datos” de Zuban Córdoba fue la percepción del FMI. “Un 63% tiene una imagen negativa del Fondo. Y también un 63% rechaza la posibilidad de un nuevo préstamo. El nuevo acuerdo con el organismo, aunque importante para el gobierno, genera rechazo en la opinión pública. Luz de alarma para los gobiernos que insisten en vender esos pactos como un triunfo político”, expresa el informe.

En esa línea, un 62% se manifestó de acuerdo con la frase “cuando los gobiernos argentinos piden crédito al FMI es porque está muy mal la economía del país”. Además, un 68% consideró que los préstamos del Fondo siempre han sido perjudiciales para la Argentina.

Por otro lado, un 56% se mostró en desacuerdo con la afirmación de que “Milei tiene totalmente controlada la inflación” y un 50% prevé una devaluación. A partir del escándalo cripto, un 58% “desconfía” del Presidente.

Con un video plagado de errores y omisiones, el gobierno de Javier Milei realizó un video sobre la última dictadura en el que usó la misma argumentación de los militares que hicieron el golpe y luego justificaron la desaparición de personas y el terrorismo de Estado. “Fue una guerra”, dijeron siempre los militares y ahora el gobierno libertario.

“A la hora de definir los años 70, no se muestra ninguna imagen que refiera a la violencia protagonizada por el Estado, por las fuerzas armadas, sino que la violencia de los 70 es solo un episodio protagonizado por la guerrilla”, manifestó el historiador Pablo Borda a través de un video en YouTube.

En el video no se habla del terrorismo de Estado, las desapariciones, los centros clandestinos de desaparición de personas, las torturas ni el robo de bebé. Es la primera vez en la historia que un gobierno democrático niega lo que ocurrió durante la última dictadura. En cambio, el gobierno eligió como discurso propio el mismo que los genocidas utilizaron para defenderse en los juicios por lesa humanidad. No tuvieron suerte: muchos de ellos están presos con condenas a prisión perpetua.

De fondo, está la intención del gobierno de liberar a los genocidas. Para eso, antes, necesita borrar de la historia la violencia militar.