Este sábado, la firma anunció el cierre total de sus plantas en Ricardone y Avellaneda, alegando la imposibilidad de afrontar sueldos, contratos operativos y costos básicos, miles de puesto de trabajo en riesgo.
La caída definitiva del Grupo Vicentin ya no admite eufemismos: la empresa que durante años fue emblema del agroexportador argentino hoy se desploma, envuelta en una crisis terminal, denuncias por estafa, y con más de mil trabajadores al borde del abismo laboral. Este sábado, la firma anunció el cierre total de sus plantas en Ricardone y Avellaneda, alegando la imposibilidad de afrontar sueldos, contratos operativos y costos básicos. La decisión se justifica, según ellos, como una “medida para proteger activos”, pero la realidad muestra otra cosa: una maniobra desesperada en el marco de una debacle financiera autogenerada y sostenida por años de impunidad.
La pesada herencia macrista
Desde 2019, Vicentin arrastra un default multimillonario que impactó de lleno en toda la cadena agroindustrial. Pero el epicentro del escándalo no está solo en la crisis económica, sino en lo que se investiga como una de las estafas más grandes contra el Estado argentino: durante el gobierno de Mauricio Macri, el Banco Nación le otorgó a Vicentin créditos por 18.000 millones de pesos, a pesar de que ya no calificaba como sujeto de crédito y estaba bajo alerta por incumplimientos sistemáticos. Todo esto se hizo violando normativas bancarias y bajo una presunta connivencia con altos funcionarios del macrismo.
Por esta razón, Mauricio Macri y varios de sus exfuncionarios, como Laura Alonso, Guido Sandleris y Javier González Fraga, fueron denunciados penalmente por “defraudación al Estado” en el marco del caso Vicentin. La denuncia recayó en el Juzgado Federal a cargo de Luis Rodríguez. Cabe recordar que la cerealera jamás devolvió esos 18.000 millones de pesos otorgados como crédito, lo que expone con crudeza el uso político y discrecional de los recursos públicos durante ese período.
Años después, la bomba estalló: la Justicia dictó prisión preventiva para cuatro exdirectivos del grupo –Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti–, acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por más de 600 millones de dólares. Las maniobras incluyeron falsificación de balances, simulación de operaciones, desvío de fondos y una operatoria sistemática para vaciar la firma mientras solicitaban ayuda estatal y posponían pagos a proveedores, trabajadores y entidades financieras.
Mientras tanto, más de 3.000 trabajadores, entre empleos directos e indirectos, hoy enfrentan la incertidumbre absoluta, sin sueldos ni garantías. El gremio aceitero ya está en estado de alerta, y no se descartan medidas de fuerza. Además, la empresa adeuda más de 400 millones de pesos a la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, lo que podría dejar sin electricidad a una de sus plantas.
La parálisis operativa también tiene un trasfondo político y judicial. La Corte Suprema de la Nación podría ser el próximo escenario del expediente, en medio de presiones para homologar un acuerdo concursal que la Justicia santafesina rechazó por sospechas de irregularidades. En este clima, las medidas desesperadas de la empresa parecen más una extorsión encubierta que un intento legítimo de recuperación.
El accionar fraudulento de los directivos de Vicentin no fue una casualidad ni una reacción a la crisis: fue un plan deliberado de saqueo, montado a través de una red de más de 30 empresas del grupo, diseñado para beneficiarse a costa de productores, acreedores y del Estado nacional. La justicia investiga además que parte del dinero extraído fue destinado a gastos personales, pagos a abogados en causas penales, y autoindemnizaciones millonarias, mientras los empleados ni siquiera cobraban sus sueldos.
A todo esto, se suma el testimonio del exfuncionario de AFIP Carlos Vaudagna, quien confesó que benefició a Vicentin durante el macrismo para evitar investigaciones por apropiación indebida de reintegros del IVA por más de 143 millones de pesos entre 2016 y 2019. El engranaje del fraude no sólo fue empresarial: fue político, financiero y estatal.
Hoy, el caso Vicentin es símbolo de cómo los grandes grupos económicos pueden diseñar estafas de magnitud histórica con la complicidad del poder político. Y también es un llamado urgente a la Justicia: para que no vuelva a ocurrir, para que no gane la impunidad y para que el Estado recupere lo que es del pueblo.