En una semana marcada por una fuerte inestabilidad cambiaria y suba del riesgo país, el Gobierno oficializó la toma de tres nuevos préstamos internacionales por un total de u$s1.500 millones.
A través de decretos publicados en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, avaló la firma de acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), perteneciente al Grupo Banco Mundial.
Detalle de los nuevos créditos:
- BID – u$s400 millones: Para financiar el Programa de Apoyo a Reformas Regulatorias para la Competitividad, con el objetivo de facilitar reformas para reducir costos regulatorios, achicar la participación estatal en la economía y agilizar el comercio exterior.
- BIRF – u$s300 millones: Dirigidos al Programa de Modernización de los Servicios de Administración Tributaria, que apunta a mejorar la eficiencia y la transparencia del sistema tributario, bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
- BID – u$s800 millones: Para respaldar el Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal II, destinado a reforzar la política fiscal a través de reformas gestionadas por el Ministerio de Economía.
Más préstamos, mismo objetivo: apuntalar las reservas
La suscripción de estos préstamos se suma a un desembolso adicional de u$s230 millones con el Banco Mundial, aprobado días antes, destinado a financiar el Programa de Formación y Empleo. En total, el paquete de deuda externa autorizado en la última semana asciende a u$s1.730 millones.
Aunque el discurso oficial presenta estos recursos como impulsores de reformas estructurales y modernización administrativa, en la práctica el Gobierno busca reforzar las reservas internacionales y contener la volatilidad del dólar en un contexto económico complejo y con fuertes presiones cambiarias. La estrategia es clara: garantizar ingresos frescos de divisas que ayuden a aliviar la tensión financiera mientras avanza el programa de ajuste en un contexto electoral incierto.