El Ejecutivo vuelve a optar por la confrontación y el ajuste mientras profundiza una reforma que recorta derechos.
Este martes 9 de diciembre, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevó adelante un paro nacional y una movilización en el Congreso, en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei pretende imponer con aval de los gobernadores. Más adelante, la administración confirmó que descontará el día a quienes adhieran, una señal clara de que la estrategia oficial continúa siendo disciplinar a los trabajadores en medio de un clima social cada vez más tenso.
En el mismo tono, el oficialismo se mostró confiado en aprobar la reforma que incluye cambios profundos en indemnizaciones, horas laborales y mecanismos de contratación. A pesar de que el Ejecutivo repite que busca “modernizar” el mercado laboral, lo cierto es que el propio secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que se trata del “mayor ataque en democracia a los derechos laborales”, y responsabilizó a los gobernadores por acompañar un proyecto regresivo que consolida la precarización.
Con el mismo ímpetu, la medida de fuerza también reclama la reapertura de paritarias, una recomposición salarial de emergencia y el freno al recorte del 10% de los trabajadores del Estado. Las áreas afectadas incluyen desde la CONEAU, ANSES y CONADIS, hasta organismos técnicos estratégicos como el INTA, el INTI y los entes de control energético. Para los gremios, el ajuste fiscal del Gobierno está vaciando instituciones fundamentales y debilitando la capacidad del Estado.
Más adelante, la conducción de ATE remarcó que el paro se desarrolla en todo el país, con epicentro en el Congreso desde las 11 de la mañana. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que los descuentos son una forma de “ordenar” la administración pública, aunque en los hechos la medida funciona como un castigo directo que busca desalentar la protesta en vísperas del debate parlamentario de la reforma.
En un contexto económico y político marcado por la recesión, los tarifazos y la pérdida del poder adquisitivo, el enfrentamiento entre el Gobierno y los trabajadores vuelve a escalar. El Ejecutivo, lejos de abrir canales de diálogo, elige profundizar la tensión social y avanzar con una reforma laboral que, por más que a Milei y su junta les moleste admitirlo, recorta derechos, precariza empleos y castiga a quienes sostienen el funcionamiento del Estado.