El Gobierno impulsa una reforma laboral que flexibilizaría los tiempos de efectivización y la modalidad de pago, entre otros factores clave.

El Gobierno volverá a la carga esta semana con su agenda parlamentaria con la confianza de tener un Congreso “violeta” dado que este miércoles votarán decenas de diputados y senadores oficialistas. Entre las primeras batallas está la reforma laboral, que incluiría la introducción de modificaciones clave el los contratos de trabajo, como la creación de un “banco de horas” que reemplazaría al concepto de horas extras.

Pero, ¿qué es y cómo funciona el “banco de horas”? Como quien ahorra en el ítem más preciado, que es el tiempo, los trabajadores podrían acordar en un contrato escrito cuántas serán horas trabajarían por semana, más allá de la “jornada convencional” estipulada en sus convenios colectivos.

A favor de las industrias, este tipo de arreglos formales servirían para cubrir las necesidades cuando haya picos de trabajo y para descomprimirlas cuando haya baja productividad, que es el panorama desde que asumió el gobierno Javier Milei, con una baja significativa en la manufactura.

El sistema permitiría registrar cuánto trabajaría una persona por día y a partir de ese dato se pactaría la compensación y la distribución de las mismas en una semana, siempre teniendo en cuenta los períodos mínimos de descanso pautados por ley, tanto diarios como semanales.

Siguiendo ejemplos como el aplicado en Grecia, donde se acaba de aprobar la jornada laboral de 13 horas, la idea forma parte del Proyecto de Ley de Modernización Laboral que el Gobierno enviará al Congreso tras dialogar con empresarios y representantes de los gremios.

Detalles clave para la aplicación del “banco de horas”

La voluntariedad es indispensable para aplicar el nuevo régimen ya que el empleado tiene que estar de acuerdo en trabajar jornadas extendidas que luego verá compensadas, ya sea con días de descanso o jornadas más cortas (gracias a la “deuda de horas” que el empleador mantendría con el empleado).

Los trabajadores a tiempo parcial (media jornada o part-time) también se verían alcanzados por esta ley: no podrían acumular por jornada el mismo monto de horas que hay en una jornada mínima a tiempo completo, pero sí podrían pactar con sus empleadores. Los convenios colectivos de trabajo podrían retener el poder para fijar la cantidad de personal en esa modalidad en cada empresa.

El régimen no puede ser impuesto por el empleador, de lo contrario no sería un acuerdo entre partes.

Aún más a favor de las empresas es que el trabajador no recibirá una compensación monetaria equivalente al 50% o 100% del valor de su hora “estándar”, sino un monto inferior.

En Grecia, donde este año se aprobó una modificación similar a la ley laboral, la jornada estándar del sector privado sigue siendo de 8 horas, pero puede extenderse a 13 si existe un acuerdo formal entre el empleador y su personal, y hay un tope anual para aplicar ese caso.

En Argentina, los acuerdos firmados entre empleado y empleador en el sector privado podrían quedar por encima de los términos acordados por los convenios colectivos de trabajo -lo que implicaría que el empresariado podría cambiar las reglas del mercado laboral “por usanza”, sin negociar con los sindicatos.

De acuerdo con la consultora Equilibra, el IPC Nacional subió 2,5% en noviembre. La consultora desagrega el dato: los precios Regulados aumentaron 3,3%, el componente núcleo trepó 2,4%, y la carne se destacó con un salto del 4,5%, que arrastró al rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas al 2,8%. 

La lectura de Econviews va en la misma dirección. Su último relevamiento de precios en supermercados del Gran Buenos Aires arrojó una suba del 1% en la primera semana de diciembre, con aumentos de 2,2% en carnes y 1,6% en verdulería. En las últimas cuatro semanas, la canasta de alimentos y bebidas acumuló 3,6%, lo que muestra que la dinámica inflacionaria no se detiene.  

Mientras el gobierno de Javier Milei mantiene planchado los salarios de los trabajadores, la inflación no dea de horadar cada mes el poder adquisitivo de millones de personas que necesitan salarios muy altos para no ser pobres. Todo mientras el INDEC se niega a actualizar su metodología porque sabe que la inflación es más alta de la que dicen sus cifras actuales porque no se ponderan correctamente los servicios públicos, que no paran de crecer hace dos años.

El gobierno de Javier Milei está en plena celebración de la llegada de los F-16 como uno de los hechos más destacados de la política de Defensa de las últimas décadas.

Sin embargo, el gobierno todavía no aclaró cómo hará para mejorar la capacidad técnica para mantener pistas y hangares en condiciones para aviones de este tipo. No son pocos especialistas que hablan de maquinaria obsoleta y equipos en mal estado, que además no contarán con la tecnología para operar en las Islas Malvinas.

Pero hay más: el gobierno gastó 300 millones de dólares en la compra de los aviones a Dinamarca, cuando hay países como Rumania que adquirtió 18 naves similares pagando solo la logística del transporte, lo que le costó 20 millones. Es decir, compraron más aviones a un 10% del valor.

El Ejecutivo vuelve a optar por la confrontación y el ajuste mientras profundiza una reforma que recorta derechos.

Este martes 9 de diciembre, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevó adelante un paro nacional y una movilización en el Congreso, en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei pretende imponer con aval de los gobernadores. Más adelante, la administración confirmó que descontará el día a quienes adhieran, una señal clara de que la estrategia oficial continúa siendo disciplinar a los trabajadores en medio de un clima social cada vez más tenso.

En el mismo tono, el oficialismo se mostró confiado en aprobar la reforma que incluye cambios profundos en indemnizaciones, horas laborales y mecanismos de contratación. A pesar de que el Ejecutivo repite que busca “modernizar” el mercado laboral, lo cierto es que el propio secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que se trata del “mayor ataque en democracia a los derechos laborales”, y responsabilizó a los gobernadores por acompañar un proyecto regresivo que consolida la precarización.

Con el mismo ímpetu, la medida de fuerza también reclama la reapertura de paritarias, una recomposición salarial de emergencia y el freno al recorte del 10% de los trabajadores del Estado. Las áreas afectadas incluyen desde la CONEAU, ANSES y CONADIS, hasta organismos técnicos estratégicos como el INTA, el INTI y los entes de control energético. Para los gremios, el ajuste fiscal del Gobierno está vaciando instituciones fundamentales y debilitando la capacidad del Estado.

Más adelante, la conducción de ATE remarcó que el paro se desarrolla en todo el país, con epicentro en el Congreso desde las 11 de la mañana. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que los descuentos son una forma de “ordenar” la administración pública, aunque en los hechos la medida funciona como un castigo directo que busca desalentar la protesta en vísperas del debate parlamentario de la reforma.

En un contexto económico y político marcado por la recesión, los tarifazos y la pérdida del poder adquisitivo, el enfrentamiento entre el Gobierno y los trabajadores vuelve a escalar. El Ejecutivo, lejos de abrir canales de diálogo, elige profundizar la tensión social y avanzar con una reforma laboral que, por más que a Milei y su junta les moleste admitirlo, recorta derechos, precariza empleos y castiga a quienes sostienen el funcionamiento del Estado.

El Gobierno profundiza beneficios al agro mientras la macroeconomía continúa en extrema fragilidad.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a ceder ante la presión del sector agropecuario y confirmó una nueva reducción de retenciones, presentada como un “alivio fiscal permanente”. El anuncio, hecho en X, llega mientras la economía real sigue sin señales de recuperación y con un Gobierno que insiste en presentar rebajas impositivas selectivas como un “camino claro”, pese al estancamiento productivo que atraviesa el país.

Más adelante, Caputo reiteró que la eliminación total de los derechos de exportación es una “prioridad” del presidente Javier Milei, aunque condicionada a unas “condiciones macroeconómicas” que nunca terminan de llegar. El discurso oficial promete alivio mientras la inflación persiste, el consumo se derrumba y la recaudación fiscal cae, lo que vuelve difícil sostener la idea de un sendero económico coherente.

Con el mismo ímpetu, el ministro aseguró que la baja busca “mejorar la competitividad” de un sector que ya concentra cerca del 60% de las exportaciones nacionales. Las entidades agroexportadoras venían exigiendo un recorte, especialmente sobre la soja. Sin embargo, las nuevas rebajas vuelven a exponer un patrón: un Gobierno que ajusta a casi todos los sectores pero concede beneficios fiscales al agro sin ofrecer una estrategia integral de desarrollo ni resolver los problemas estructurales que frenan la inversión.

En el mismo tono, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró el anuncio bajo el mantra del “equilibrio fiscal”, aunque la medida aún debe formalizarse en el Boletín Oficial. Mientras tanto, la agroindustria reclama que sigue fuera del RIGI y que el país acumula quince años de estancamiento productivo en soja, con infraestructura deteriorada y dificultades financieras que el Gobierno no aborda. La baja de retenciones puede entusiasmar a algunos, pero difícilmente resuelva un modelo económico que no ofrece horizonte ni crecimiento sostenido.

La actividad se hundió 9,1% frente a octubre, confirmando un escenario de debilidad generalizada.

Las ventas minoristas de las pymes volvieron a mostrar un marcado retroceso en noviembre: cayeron 4,1% interanual a precios constantes, profundizando la tendencia negativa del consumo. El deterioro se sintió aún más en la comparación mensual desestacionalizada, donde la actividad se hundió 9,1% frente a octubre, confirmando un escenario de debilidad generalizada.

Pese a este panorama crítico, el acumulado de enero a noviembre registra una suba del 3,4%, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), impulsado por un mejor desempeño en la primera parte del año.

Caídas generalizadas y sectores clave en rojo

Seis de los siete rubros relevados mostraron fuertes descensos interanuales, lo que evidencia que la contracción abarca prácticamente todo el espectro comercial. Las retracciones más severas se dieron en:

• Perfumería: -17% interanual
• Bazar y decoración: -9,7%
• Alimentos y bebidas: -5,9%

El único sector que logró escapar de las caídas fue Farmacia, con un leve avance del 1,8%, motorizado por factores estacionales.

En términos mensuales, el panorama fue todavía más preocupante: todos los rubros retrocedieron respecto de octubre. Perfumería encabezó el derrumbe con -14,6%, seguida por Calzado y Marroquinería (-12,9%).

Percepción comercial: más deterioro y clima de inversión adverso

La lectura que hacen los propios comercios refleja el momento crítico:

• 37% percibe un deterioro en la situación económica interanual, subiendo cuatro puntos respecto de octubre.
• Aunque casi la mitad proyecta una mejora para 2025, el optimismo convive con una realidad áspera.
• El 60,1% considera desfavorable el contexto para invertir, un indicador que reafirma la falta de confianza y la escasez de recursos para impulsar proyectos.

Análisis sectorial: consumo frenado, ingresos erosionados y financiamiento ausente

Alimentos y bebidas: El retroceso del 5,9% refleja de forma directa la pérdida de poder adquisitivo. El consumo se concentró en productos esenciales y segundas marcas, sin señales de recuperación a pesar de una menor incertidumbre política.

Bazar, decoración y hogar: La caída de 9,7% estuvo marcada por el encarecimiento del crédito y la falta de cuotas, factores que paralizan compras de bienes durables. El consumidor prioriza gastos básicos y posterga equipamiento.

Calzado y marroquinería: Con una baja del 1,7%, el rubro mostró un desempeño debilitado, sostenido apenas por promociones online y eventos estacionales. Aun con una brecha cambiaria más favorable, las ventas dependen del financiamiento, hoy muy limitado.

Farmacia: El único rubro con crecimiento (1,8%), aunque sustentado en necesidades médicas y no en mayor capacidad de compra. Los consumidores reducen artículos de cosmética para poder sostener tratamientos esenciales.

Ferretería y construcción: La merma del 3,2% se mantuvo contenida por pequeñas reparaciones domésticas de fin de año. Sin embargo, la falta de crédito y la caída de ingresos bloquean proyectos de mayor escala.

Perfumería: Fue el rubro más golpeado, con un desplome del 17%. La inflación acelerada encareció fuertemente los productos, y la caída mensual (-14,6%) corrigió el pico de ventas del Día de la Madre.

Textil e indumentaria: Retrocedió 4,3% ante consumidores que postergan compras y buscan precios bajos por la pérdida de ingresos. El tráfico comercial no se traduce en ventas debido a límites saturados de tarjetas y precios en alza.

La disputa económica y geopolítica en el sector energético quedó expuesta con toda crudeza. Paolo Rocca, titular del poderoso grupo Techint, lanzó una advertencia directa al Gobierno: cerrará la planta de Tenaris en Valentín Alsina en la Provincia de Buenos Aires.

El titular del grupo Techint, lanzó una advertencia directa al Gobierno: cerrará la planta de Tenaris en Valentín Alsina si las petroleras de Vaca Muerta optan por importar caños más baratos de China, India u otros mercados.
El mensaje, filtrado en un estratégico off the record, generó fuerte malestar en la Casa Rosada.

La amenaza surge en medio de la licitación que impulsa Southern Energy, un consorcio integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, para abastecer un gasoducto de 400 kilómetros destinado a un ambicioso proyecto de exportación de GNL desde Vaca Muerta. Se trata de un emprendimiento 100% privado, pero Rocca pretende que el Estado intervenga para garantizarle el contrato a Techint, bajo el argumento de defender la industria nacional.

Para las empresas del sector, la jugada es evidente: Rocca intenta forzar al Gobierno a presionar a Southern Energy, amenazando con un conflicto laboral y el cierre de una planta histórica.
“La pregunta obvia es: si no existiera este proyecto, Techint también tendría que cerrar?”, ironizó un empresario energético.

El enojo de Rocca tiene un trasfondo claro: China está disputándole el monopolio de los gasoductos. De hecho, ya llegaron a Río Negro 5.000 toneladas de caños de acero chino —un 40% más baratos que los de Techint, según fuentes del sector— para los primeros tramos del proyecto. A eso se suma el costo extra del transporte que, aseguran, encarece aún más la oferta argentina.

Un reclamo “industrialista” con matices

En su última aparición pública, Rocca elevó el tono contra el Gobierno de Milei, reclamando protección para la industria nacional. Pero su propio modelo de negocios relativiza ese discurso:

• La planta de Alsina no fabrica chapas, solo las enrolla y suelda; las chapas provienen de plantas de Techint en Brasil.
• El holding tributa vía Uruguay y tiene domicilio fiscal en Luxemburgo, una estructura diseñada para alivianar impuestos.
• La planta que ahora amenaza con cerrar funciona “por proyecto” y fue reactivada para el Gasoducto Néstor Kirchner.

El historial del grupo también pesa. En 2022, en la licitación de los caños para el Gasoducto Néstor Kirchner, la china Gezhouba ofrecía mejores precios y condiciones, pero la presión de Rocca terminó modificando los pliegos y trabando el proceso hasta que Techint resultó beneficiada. Ese antecedente, recuerdan en el sector, demuestra que cada vez que aparece un competidor, Techint activa su influencia política para desplazarlo.

Una disputa que escala

El conflicto vuelve a tensar la relación entre las petroleras, el Gobierno y el conglomerado de Rocca. El mensaje es explícito: si China entra con precios más competitivos y el Gobierno no sale en defensa de Techint, Rocca está dispuesto a paralizar la planta de Alsina.

Para muchos actores del sector, eso no es defensa industrial, sino una forma de extorsión abierta, que reproduce la lógica de controlar el negocio energético aun a costa de torcer procesos privados y decisiones técnicas.

El choque deja al descubierto una disputa mayor: la reorganización geopolítica del sector energético argentino, en la que China avanza con peso propio y amenaza un dominio que Techint mantuvo durante décadas.