Nuevo revés judicial para el gobierno: la Justicia Federal de La Plata ordenó al Poder Ejecutivo garantizar de manera inmediata el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), ante el riesgo de parálisis por el ajuste presupuestario impulsado por la administración libertaria.
La medida cautelar fue dictada por el juez federal Ernesto Kreplak luego de una presentación del Ministerio Público Fiscal que alertó sobre la grave crisis económica y administrativa que atraviesa el organismo, pieza central en la restitución de identidades y en las investigaciones por delitos de lesa humanidad.
El fallo obliga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al Ministerio de Justicia a disponer recursos urgentes para sostener la operatividad del Banco y preservar el Archivo Nacional de Datos Genéticos. Entre los problemas señalados figuran la falta de fondos para limpieza, seguridad, mantenimiento edilicio y conservación de muestras biológicas, poniendo en riesgo pericias genéticas fundamentales para causas judiciales.
Según documentación oficial del organismo, el presupuesto previsto para 2026 cubre apenas el 55,96% de los recursos solicitados, situación que compromete la cadena de custodia y la validez de las pruebas genéticas.
En paralelo, Abuelas de Plaza de Mayo denunció el “ahogo presupuestario” al BNDG y se presentó en la causa para reforzar la urgencia de la medida. La organización advirtió que cualquier interrupción en el funcionamiento del Banco afectaría pruebas irreemplazables y pondría en riesgo las obligaciones internacionales asumidas por Argentina en materia de verdad, identidad y justicia.
📣El Banco Nacional de Datos Genéticos está en peligro
— Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) May 14, 2026
🗣Desde Abuelas de Plaza de Mayo denunciamos el ahogo presupuestario al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y su consecuente peligro de parálisis.
COMUNICADO COMPLETO:https://t.co/okE9IXbsvA pic.twitter.com/7qNx474q17
La resolución judicial representa un fuerte llamado de atención al Gobierno y busca evitar la paralización de un organismo creado en 1987, clave en la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura y en la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado.