En el marco de la investigación por el militante del Movimiento Popular La Dignidad Darío Julián Eugenio (Iki) que fue baleado durante una asamblea en el barrio de Villa Celina, del partido de La Matanza, legisladores provinciales se presentaron en el Instituto de la Vivienda.
El diputado nacional Miguel Funes informó que se hicieron presentes para reclamar información sobre cómo está la causa que puso en riesgo la vida del militante popular.
El atacante está ligado al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) en el distrito y actualmente está identificado pero se dio a la fuga luego del hecho.
Para dar continuidad a la investigación, el legislador Funes acompañó la presentación de la Comisión de investigación sobre la violencia en el territorio, que se hizo presente en el IVC.
"Vamos a formar parte de una comisión que viene haciendo un seguimiento del caso en sí, sobre esta cesión (de tierras) espuria del IVC para una sociedad de fomento que está en el barrio y una cooperativa que se llama La Lozana ambas instituciones con vínculos con el macrismo", explicó el legislador provincial.
En el mismo sentido, Funes, añadió que "vamos a hacer un seguimiento de ese otorgamiento de tierras para estas dos instituciones".
Por otra parte, el diputado provincial remarcó que "queremos saber como se viene desarrollando la causa y la investigación sobre el hecho que puso en riesgo la vida del compañero Iki".
El militante baleado en el barrio de Celina durante una reunión había realizado varias denuncias respecto de la entrega fraudulenta de tierras.
Al dia siguiente del atentado el Movimiento Popular la Dignidad denunciaba mediante un comunicado “el intento de asesinato se enmarca en una denuncia que están llevando ya hace varios años los compañeros y las compañeras de este barrio en contra de un negociado multimillonario entre funcionarios ligados al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires; puntualmente Iván Kerr y Emilio Basabilbaso."
La organización denunció que estas personas estaban vinculadas al Pro, y explicitaron que "hay una sociedad de fomento en el barrio que se pretendía lotear, son unas tierras públicas, mientras compañeras y compañeros se organizaban para abrir ahí un jardín comunitario y popular”.
A partir de esta situación es que se resolvió la conformación de la Comisión investigadora sobre la violencia en el territorio, impulsada por movimientos sociales, políticos y acompañada por legisladores.
