El presidente de la Cámara de diputados quedó relegado de la mesa política de la Provincia y su pueblo Carlos Tejedor del Presupuesto. Nuevo capitulo de la guerra en Cambiemos.

En Carlos Tejedor, pueblo que vio nacer al actual Presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y donde fue intendente en el año 2003, la victoria de Cambiemos en la Provincia y la Nación generaron muchas expectativas en función a las obras y recursos que llegarían al pueblo a partir del rol de Monzó. Sin embargo, las expectativas de los dirigentes de Cambiemos y de su gente en general se fueron diluyendo durante el transcurso del año.

Los recursos no llegaron, las obras no se planificaron, no hubo anuncios relevantes y el “hijo político” del pueblo se vio inmerso en una interna feroz con la mesa chica del PRO. Duran Barba y Peña, primero y la Gobernadora Vidal después.

En una reciente entrevista con Perfil, Monzó utilizó el recurso clásico de la política mediática: patalear en algún medio y evidenciar para quien tenga que oír sus demandas cual es su poder de daño.

La demanda de Monzó es una: espacio y decisión en la mesa política de la Provincia de Buenos Aires. Y su ambición tiene un horizonte: el sillón de gobernador de La Plata.

Si bien los principales actores de esta interna bajaron el tono y distendieron el enfrentamiento, el pueblo de Carlos Tejedor quedó preso de esa interna. El presupuesto provincial no contempla ninguna obra para Tejedor y la atención de Vidal durante la última inundación generó quejas en el Municipio debido a la respuesta escasa y tardía que recibieron.

El intendente part-time Sala, conocido así debido a que sigue atendiendo su consultorio medico a partir de las 15hs, busca construir un puente directo con Vidal para superar el filtro de Monzó que lejos de abrir puertas parece cerrarlas.

Como en todo el país, el 2017 será muy movido políticamente y en Carlos Tejedor ya empezaron. La estrategia de Cambiemos vivirá el simbronazo entre la intención de Monzó de imponer un candidato propio pensando en el 2019 y la definición de los radicales con su Intendente a la cabeza que buscaran lo mismo. Por su lado, un peronismo renovado buscará sintetizar la mejor alternativa política para recuperar el distrito. En el peronismo tejedorense repiten que “como dice Cristina, hoy nos preocupamos por nuestra gente, tratamos de estar al lado de cada vecino que sufre la recesión económica y confiamos en que el pueblo sabrá reconocer quien fue y será el que mejor cuida su bolsillo”.

Así lo aseguró el coordinador del Movimiento Barrios de Pie, luego de rubricar un acuerdo de emergencia social con el Gobierno de Cambiemos. “Quieren que prendamos fuego el país y no lo vamos a hacer”, lanzó.

La organización social que en sus banderas y pecheras tiene a la mítica imagen del Che Guevara, acordó con el Gobierno de Cambiemos una especie de “Pax social decembrista” al firmar una declaración de emergencia social con los ejecutivos nacionales y provinciales.

De esta manera, la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri garantizan gracias a este tipo de organizaciones (a las que se les suman las CCC, la CTEP y el Movimiento Evita) territoriales una “paz” en los barrios más urgentes de la Provincia y el país por tres años.

En esa línea, el Ministerio de Trabajo prevé un plan en los que se creará un registro de trabajadores de la economía popular y habrá un aumento de 30 mil millones de pesos en las partidas sociales.

Por eso, las declaraciones del referente de Barrios de Pie brindadas a a FM Concepto , explican el camino del entendimiento y la articulación entre esa fuerza socila y el Gobierno. “Creemos que hay que acompañar el proceso que haga la sociedad. La verdad es que aquellos que critican pretenden que los movimientos sociales prendamos fuego el país y nosotros no vamos a prender fuego el país. Porque las condiciones que hoy tenemos y la legitimidad que tiene el Gobierno nos llevan a encontrar mecanismos para que nuestros compañeros estén un poquito mejor en un marco en el que tenemos claro que la consolidación de este modelo va a traer enormes prejuicio”.

En ese sentido Menéndez, detalló: “No nos guiaba la intención de hacer pagar (al Gobierno) un costo político, sino de sacar la mejor reforma posible”.

En un artículo de Primereando firmado por Andres Fridanza el 17 de octubre último, se detalla la estrategia del Gobierno y de estos movimientos sociales al asegurar: el macrismo quiere entregarles llave en mano el control y aplicación de sus políticas sociales. Por esa vía, tercerizando en las ‘orgas’ una buena parte del manejo de fondos, el gobierno logra una carambola: se desliga de un mundo que le resulta ajeno (y por momentos hostil), mientras se ahorra los múltiples conflictos que acechan la gestión, sin dejar de cumplir con el papel caritativo (aunque profesionalizado) que pretende para sí mismo.

“La CTEP y Barrios de Pie tienen más de veinte entes ejecutores a su cargo. Desde el ministerio aseguran que su intención es reimpulsar el Argentina Trabaja, que alcanza a unas 105 mil personas, en 143 localidades de 15 provincias, con el 50% del plan concentrado en el conurbano bonaerense”, se escribió desde está agencia de noticias.

Menendez, de todas maneras aclaró que “propugnar una mayoría que construya y profundice otro modelo de país va a ser un proceso que hay que ir llevando de cara a la sociedad, pero hay responsabilidades. Tenemos que debatir situaciones completas. Todo lo que se logra es poco, pero seamos conscientes de que hay un gobierno que hubiera querido poner muchísimo menos”.

“Nuestro rol es que los compañeros tengan el menor costo social posible. En algunos debates hay un enorme desprecio por el aquí y el ahora. Hoy hay necesidades que hay que articular y buscar respuesta. Esto no debe agotarse en la discusión alrededor de diciembre. La situación es suficientemente grave para pensar en políticas que trasciendan”, señaló

Hoy, en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, se movilizan bajo la consigna Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos. Como forma de protesta a la política de Cambiemos la movilización pasara por la Municipalidad y por la Casa de Gobierno.

El 25 de noviembre se convirtió en un día de lucha y de reivindicación a la lucha de las Hermanas Mirabal, que en República Dominicana murieron asesinadas por enfrentarse a la dictadura de Trujillo, un ejemplo de lucha contra una dictadura sangrienta se han transformado en un símbolo de todas las mujeres que pelean por sus derechos en Latinoamérica y en el mundo.

Luana Simioni, referente del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda y los Trabajadores (PTS-FIT) y de la agrupación de Mujeres Pan y Rosas en una entrevista con Radio La Plata dio detalles sobre como se organizó la movilización:“Somos un conjunto de organizaciones de mujeres, políticas, sindicales, que somos las mismas que hemos convocado en La Plata a los dos Ni Una Menos del 3 de junio, de 2015 y 2016, y el último 19 de octubre al paro de mujeres, estamos convocando a las 5 de la tarde en Plaza Moreno, para movilizarnos a Casa de Gobierno en Plaza San Martín”, y agregó, “queremos visibilizar que el problema de la violencia de género sigue siendo un problema urgente, no sólo en nuestra ciudad, sino en todo el país.”

En cuanto al presupuesto y las políticas de género del gobierno de cambiemos, afirmó: “Una mujer es asesinada en el país cada 30 horas por su sola condición de género, y las políticas que deberían aplicarse de manera urgente por parte del gobierno, tanto el municipal en nuestra ciudad, como el provincial, no llegan”. En el mismo sentido, argumentó: “apenas se destinan $4,50 por mujer para atender el presupuesto de la Ley de Emergencia Nacional de Violencia de Género, y en nuestra ciudad tenemos el triste récord de no tener ni un solo refugio estatal para mujeres víctimas de violencia”.

En ese sentido detallo que “estaría contemplada un aumento en la partida presupuestaria para el área de la política de género, pero nosotros creemos que es absolutamente demagógico, porque se destina menos plata que lo que el intendente decidió gastar en un solo día los festejos del 19 de noviembre pasado”, que fueron 2 millones 100 mil pesos gastados en un solo día.

Además, Simioni afirmó: “La Plata tiene los índices de femicidio más altos del país, después de Córdoba, Tucumán y Rosario y uno ve las políticas públicas destinadas a atender esta situación y son realmente lamentables”, y explicó: “las trabajadoras del área Políticas de Género del municipio vienen denunciando desde principios de año la situación de precarización laboral, que lleva años. Es decir, que las que tienen que abordar estas problemáticas ni siquiera tienen la certeza de tener seguridad en el empleo, ni tener derechos laborales mínimos.”

Tambien criticó que “en la Ciudad no hay casas refugio, ni subsidios para que la mujer pueda independizarse de su hogar y no tenga que volver porque no tiene como sostener a sus familias y a sus hijos. La creación de subsidios sería muy necesaria para que estas mujeres puedan alcanzar, hasta conseguir un empleo genuino, cierta independencia económica que vuelva más fácil la decisión de irse”, planteó la referente del FIT.

Para finalizar recalcó que la movilización pasará por la municipalidad y por la Casa de Gobierno, para denunciar al Estado, “puede haber formalmente alguna igualdad ante la ley pero no hay igualdad ante la vida: las mujeres cobramos menos por un mismo trabajo, en un 90% estamos al frente de las tareas domésticas, al cuidado de los adultos mayores, tenemos una doble jornada laboral: en nuestros hogares y en nuestros trabajos. Mientras el aborto sigue siendo ilegal, y mueren 300 mujeres al año esencialmente las más pobres, el aborto es una realidad, y es necesario debatirlo”, apuntó Simioni.

Tras la nueva ofensiva judicial contra la ex presidenta argentina impulsada por el juez Bonadio, Cristina Fernández de Kirchner llegó hasta un juzgado de Río Gallegos donde presentó un escrito en el que solicitó realizar los trámites solicitados en ese lugar por tratarse de su domicilio legal. Mirá el Video.

La exmandataria de la nación presentó un escrito en el juzgado federal de Río Gallegos, pidiendo que las diligencias ordenadas por Claudio Bonadio se lleven a cabo en ese juzgado de la capital santacruceña. Cristina deberá registrar sus huellas y realizar un estudio socioambiental.

Cristina llegó poco después de las 11 junto al abogado Marcelo Bersanelli a la sede que tiene el juzgado federal en Río Gallegos, ubicado en la esquina de la avenida San Martín y Zapiola.

Más tarde, la expresidenta compartió en su cuenta de Twitter una copia del escrito que presentó. En el documento indicó que las dos diligencias, tanto el informe socioambiental y la toma de las huellas dactilares, requeridas en el marco de la causa de dólar futuro, se "pueden y deben llevarse a cabo en la ciudad de Río Gallegos" por ser el asiento de su domicilio real.

La cartera que conduce Alfonso Prat-Gay acaba de echar de su centro de trabajo a una madre por “su frecuente uso del lactario y su licencias”, relacionada con las enfermedades de su hija nacida hace un año. La desvinculación de la empleada fue denunciada por la Comisión de Género de la Junta Interna de ATE.

El Ministerio de Hacienda que encabeza Prat-Gay desvinculó a una trabajadora que fue madre recientemente, y según denunciaron desde la Comisión de Género de la Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la empleada fue despedida “por ser madre y mujer”. Cambiemos dicta actualmente en el Ministerio un taller sobre “Mujer y Maternidad”, pero deja en la calle a una madre.

Según reveló Tiempo Argentino, la joven empleada que tiene cinco años de antigüedad y se encuentra precarizada, ya que debe renovar su contrato con el organismo todos los años, fue despedida bajo el argumento de tener una baja productividad en relación con su reciente maternidad. Además, según explicaron desde el gremio, los cuestionamientos a aquellas mujeres que usan el lactario o que tienen jornadas reducidas por lactancia son permanentes.

A la empleada, cuyo nombre permanece por ahora en reserva, se le notificó que no se le renovaría el contrato con motivo de su baja productividad por su horario reducido, su frecuente uso del lactario y sus licencias relacionadas con las enfermedades de su hija nacida hace un año.

Desde ATE recordaron un caso similar a principio de año cuando, “ante el embarazo de riesgo de una compañera, la decisión del Ministerio fue echarla”. En esa ocasión, el gremio reclamó y consiguió la reincorporación. Con ese antecedente, los representantes sindicales son optimistas acerca de la posibilidad de lograr la continuidad también en este caso.

El texto del comunicado de ATE expresa: “En una de las áreas que dependen directamente del Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, se decidió no renovarle el contrato para el año que viene a una compañera por el hecho de ser mujer y madre”.

La trabajadora, con 5 años de antigüedad en su puesto, fue despedida por una jefa que tiene dos meses al frente de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), que depende directamente del Ministro.

“El simple hecho de hacer uso de los derechos que le corresponden por su situación es utilizada por las autoridades como un motivo para no renovar su precario contrato laboral”, expresaron desde la Junta Interna de ATE.

La Corriente sindical que forma parte de la CGT, difundió hoy una solicitud dirigida al Jefe de Gabinete de la Nación en el que solicita información acerca de las acciones que lleva a cabo el Estado Argentino con el fin de garantizar el cumplimiento de la resolución del Grupo de Trabajo de la ONU, que refiere a la inmediata libertad de la dirigente política.

Primereando tuvo acceso al Comunicado de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), dirigido a Marcos Peña y a la Canciller, Susana Malcorra, mediante el cual se solicita información sobre la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas sobre el caso de la dirigente social, Milagro Sala.

En el mismo se manifiesta que la CFT sigue de cerca la situación de Milagro Sala y sus 9 compañeros y compañeras de la organización Tupac Amaru, que se encuentran “arbitrariamente e injustamente presos en la provincia de Jujuy”, sostienen.

Además, se basan en la denuncia efectuada ante el Grupo de Trabajo de la ONU, que sostuvo “la arbitraria privación de la libertad de la compañera y las respuestas brindadas por parte del estado Nacional en el Caso”, esgrimen en el escrito.

También dejan constancia de que “el Grupo de Trabajo de la ONU tuvo en consideración para adoptar su decisión, todos los argumentos y la información aportados tanto por los denunciantes como por el propio Estado”, la solicitud culmina bregando por la libertad de la dirigente social “arbitrariamente detenida desde el 16 de Enero de 2016”.

Entre los firmantes del acta se encuentran: Sergio Palazzo, Sec. General de la Asociación Bancaria; Hector Amichetti, Sec. General de la Federación Gráfica Bonaerense; Carlos Minucci, Sec. General de APSEE; Vanesa Siley, Sec. General de Judiciales; Walter Correa, Sec. General del Cuero; Victor Carricarte, Sec. General de la Federación de Empleados de Farmacia; Fabian Felman, Sec. General de Educadores Argentinos; Vicente Fabro, SUTACA; Heber Ríos, Sec. General de ATILRA y Alejandro Ruiz, Secretario de Prensa de SATSAID.

Luego del anuncio de la Provincia de municipalizar los Comedores Escolares, desde ese gremio docente advirtieron que “existe una decisión política del Estado bonaerense de desresponsabilizarse del funcionamiento de los mismos, a los que concurren más de un millón de estudiantes”.

A través de un comunicado emitido hoy por el Consejo Ejecutivo Provincial del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) se opusieron a la municipalización de los comedores escolares e indicaron que la goberanadora de la Provincia, María Eugenia Vidal, “no escucha ni se hace cargo”, de ese, ni de ningún otro reclamo.

“Las políticas educativas que implementa el actual gobierno provincial avanzan hacia la municipalización de los servicios educativos, práctica neoliberal, que en los 90 era la antesala de la privatización”, denunciaron desde Suteba.

“Los municipios no son quienes deben garantizar el servicio alimentario escolar, esa es una responsabilidad del gobierno provincial”, agregaron.

Desde el Consejo Ejecutivo Provincial del gremio remarcaron que “el de Vidal es un gobierno que no escucha ni se hace cargo” y que “los municipios no son quienes deben garantizar el servicio alimentario escolar, esa es una responsabilidad del gobierno provincial”.

Si la cuestión alimentaria “queda librada a los presupuestos municipales, habrá una diferenciación marcada entre municipios más grandes, que pueden afrontar el gasto con recursos propios, y otros chicos a los que se les complicará asegurar el esquema de funcionamiento”, explicaron.

El Gobierno de Vidal argumenta su política en base a una “acción de eficiencia” presupuestaria y de gestión, sin observar que en los comedores escolares “siguen pendientes varias problemáticas”, por ejemplo, “la desactualización de los $12 que se destinan por plato de comida y la falta de respuestas a los pedidos de incrementos de cupos”.

“Es preocupante que el Estado provincial transfiera a los municipios responsabilidades de dos Ministerios: el de Desarrollo Social y la Dirección General de Escuelas. Esta decisión habla del fracaso de la gestión provincial”, apuntaron desde el gremio docente.

Tras haber sido uno de los promotores del acuerdo para frenar los despidos, hoy Marcos Peña es noticia por todo lo contrario. Es que UPCN denuncia el "despido arbitrario y sin justa causa de un trabajador próximo a ser padre" en la Jefatura de Gabinete.

La Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) convocó este viernes a una asamblea general en la sede de Jefatura de Gabinete, en repuesta al despido de un trabajador. Los estatales le apuntan por la decisión en la cartera de Marcos Peña, a la secretaria de Relaciones Parlamentarias, Paula María Bertol.

El objetivo de la convocatoria es resolver una medida de fuerza en repudio a la decisión.

La Secretaría General de Jefatura de Gabinete y Ministerio Modernización de UPCN informó que se mantuvieron al frente de las instancias de negociación con las autoridades, pero no obtuvieron respuesta.

Ante la negativa de reincorporación, los trabajadores anunciaron que se manifestarán en el piso 9 de la Jefatura con el objetivo de lograr que reviertan la resolución y sea retomado el agente cesanteado.

Desde UPCN se denuncia que, en la cartera que promovió el pacto antidespidos entre la CGT, representantes empresarios y funcionarios del Gobierno Nacional, se produjo el  "despido arbitrario y sin justa causa de un trabajador próximo a ser padre".

El periodista recibió un chistoso llamado al aire y aseguró que se trató del diputado. Ottavis lo negó y dijo que Etchecopar "pudo haberlo inventado para llamar la atención".

El periodista Baby Etchecopar intentó comunicarse con el diputado José Ottavis para hacer una nota y se encontró con una chistosa e irónica voz, que según Etchecopar, era del propio Ottavis "boludeando".

Etchecopar dijo que Ottavis había pedido derecho a réplica cuando estaban hablando de él en su programa y cuando intentó comunicarse se encontró con una chistosa voz difícil.

"A Ottavis le pagamos el sueldo nosotros. Este es José Ottavis que pidió salir al aire cuando escuchó que estábamos hablando de él. No hay más palabras para el Frente Para la Victoria. Falta que llame Máximo y nos diga 'hola soy el papá de Marcelito'", disparó el periodista, que raramente puso un llamado sin chequear al aire.

Y agregó: "Como quieren que no estemos cómo estamos con semejante pelotudo en el poder. Con semejante sinvergüenza. Con un tarado que sale abrazado a la vieja Casán disfrazado de mujer. Como quieren que no estemos como estamos con un tipo que confiesa públicamente que es drogadicto y manejó el bloque del FpV. Él se cree que para su merca puede seguir tomando el pelo a la gente, es un pelotudo. Este pibe está limado", acusó.

Más tarde Diario Perfil se comunicó con José Ottavis, quien aseguró que no recibió "ningún llamado de Baby ni de la gente de su programa", mientras que aseguró que "siempre que puedo atender lo hago, sin importar quién sea".

No obstante, el legislador arremetió contra Etchecopar: "Creo que pudo haberlo inventado (el llamado) para llamar la atención, por el rating".

En medio del auge de la "justicia por mano propia", el autor del repudiable libro enseña a “ejercer la legítima defensa sin caer en las trampas de los juzgados y los fiscales”. Admitió además que alguna vez mató a un ladrón y fue sobreseído.

"Cómo matar a un chorro y no ir en cana" fue el nombre elegido por el especialista en derecho y seguridad, Marcelo Soriano, para titular un polémico libro en el que da consejos sobre "cómo ejercer el derecho a la legítima defensa" durante un asalto y no ir preso.

Así, tal cual como se lee y sin ningún tipo de eufemismos, el título de la publicación fue elegido especialmente por el autor para generar un impacto en la gente. "Si yo le ponía 'justicia legítima' no lo compraba nadie. Tuve que ponerle un título llamativo", explicó Soriano en diálogo con radio La Red.

Según contó, la idea central del libro "es dar una serie de consejos procesales y no caer en la trampa del juzgado y la fiscalía y no ser acusado de homicidio simple". Para difundir su obra, el autor repartió cientos de volantes por las calles de algunos barrios. En ellos se puede ver que el texto tiene un valor de 498 pesos y para acceder a él hay que reservarlo por mail.

"Todo lo que necesita saber para ejercer su derecho a la legítima defensa, en un sólo libro, incluye la cuestión moral, religiosa y legal", dice parte del mensaje promocional. "A partir de ahora serán sólo ellos", finaliza el insólito y no menos polémico volante.

Soriano, entre otras cosas, negó que su libro sea una apología al delito porque "no hace un llamado a matar gente". "Si alguien decide a hacerlo le doy los pasos para que no caiga en el exceso. Son buenos consejos para que no termine preso por ejercer su derecho a la legítima defensa", prosiguió Soriano.

Al ser consultado sobre si estaba de acuerdo con la pena de muerte contestó con un rotundo "sí". "Los países mas desarrollados tienen pena de muerte. Quien mató con dolo necesariamente debe morir. Quien mató a otra persona con intención no hay forma de volver atrás", justificó el hombre -experto en el manejo de armas- quien reveló que ya en una oportunidad él mató a un delincuente.

"Yo ya he sido víctima de robo y ejercido mi derecho de legítima defensa. Salí sobreseído. Yo poseía el arma de fuego y lo maté. Era un robo en banda con armas y en nocturnidad. Son hechos agravantes a la figura típica de robo", finalizó.