Se trata del Director de Inclusión y Políticas de Juventud de ese municipio bonaerense, quien aseguró que el intendente de Quilmes quiere echarlo por haber denunciado que empleados comunales le robaron unos carteles de publicidad a una empresa de la que es socio.

El funcionario Leandro Albertazzi, director de Inclusión y Políticas de Juventud, dijo que la gestión de Cambiemos estudia dejarlos sin funciones por presentar una denuncia por la desaparición de unos carteles que estaban ubicados en la autopista Buenos Aires-La Plata. Acusa que los carteles fueron robados por empleados de la Municipalidad de Quilmes.

"Se ve que arreglaron con otra agencia de publicidad y quieren mis ubicaciones. La manera es sacarme a mí para poner a ellos", sostuvo  en diálogo con el sitio Nueva BA .

El funcionario municipal vinculó a un "amigo íntimo" del jefe comunal Martiniano Molina que, de acuerdo a su denuncia, sería quien está detrás del negocio. "Cuando denunciás ladrones, te quieren dar de baja", tiró.

Albertazzi relató que desde la Agencia de Fiscalización y Control Comunal le pidieron meses atrás un listado de sus carteles en el marco de un plan de "regularización" de la publicidad en la vía pública. En agosto empezó a recibir llamados desde la Municipalidad. "Me hostigaron para que sacara los carteles. Llegaron a decirme que o los sacaba o me los tiraban con una topadora. Todo sin ninguna notificación", explicó.

El 13 de octubre, los carteles desaparecieron. "Sin recibir ningún aviso me sacan 12 carteles de la bajada de Bernal", aseguró. Según denunció, desde el gobierno de Molina tienen decidido echarlo de su puesto, aunque todavía no se lo notificaron de manera oficial. Incluso un empleado del municipio le hizo llegar una foto del telegrama de despido firmado por el propio Molina.

Albertazzi decidió recurrir a la Justicia ante el silencio oficial. Pidió una audiencia con el intendente, pero no fue recibido. Luego habló con el Jefe de Gabinete, el titular del Concejo Deliberante y el Secretario de Gobierno y tampoco obtuvo respuesta. "Jamás me quisieron recibir", dijo. La denuncia fue radicada en la UFI 2 de Florencio Varela y en el Juzgado de Garantías N° 5. En su escrito, dejó constancia de que los carteles cumplían con todos los requisitos que exigen las ordenanzas vigentes.

"Me sorprendió porque milité por un cambio, para que estas cosas no sucedieran más. Decidí meterme en política porque estaba cansado de los abusos. A Martiniano lo ayudamos mucho para que sea intendente. Su actitud me molestó y me dolió", manifestó Albertazzi.

Así lo demuestra un informe realizado por la encuestadora Analogías, que asegura que el jefe de Gobierno porteño exhibe un fuerte deterioro en su imagen con respecto a la medición efectuada en agosto del año pasado.  

El estudio fue enfocado en la Ciudad de Buenos Aires y se basó en 1.500 casos con el método de entrevistas telefónicas, respetando los parámetros censales de edad, sexo, nivel educativo y distribución por comunas.

Allí se evidenció una fuerte indignación de los porteños por el aumento de los peajes, el ABL y los parquímetros.

Según el trabajo realizado por Analogías, el 33% de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires condena la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, mientras que goza de un 26% de aceptación.

La imagen positiva del Jefe de Gobierno crece entre las mujeres (55,2%) respecto a los hombres (45,9%) y aumenta linealmente con la edad, partiendo del 40,5% entre los jóvenes de 16 a 29 años y llegando al 65% entre los mayores de 60.

Por segmento educativo,  el rechazo al Jefe de Gobierno es mayor en el segmento “Hasta universitario completo” (donde la imagen negativa trepa al 51,2%) que en los de menor nivel educativo (baja al 47,4% en “Hasta Secundario completo” y a 37,2% en “Hasta Primario Completo”).

El estudio incluyó cuestiones como los niveles de aprobación de los Gobiernos Nacional y de la Ciudad, las expectativas económicas a mediano plazo de los entrevistados, la evaluación de la situación económica actual y la identificación de principales problemáticas a nivel local y nacional. Asimismo, se relevaron asuntos coyunturales que hacen a la gestión local como la opinión sobre los aumentos de peaje, ABL y parquímetros y sobre la implementación de la Policía de la Ciudad.

Ante la pregunta ¿cómo evalúa el incremento de las tarifas de peajes y parquímetros propuesta por el gobierno de la Ciudad?, el rechazo fue significativo. De esta manera, el 75,9% de los entrevistados creen que el aumento es exagerado y sólo un 13,3% lo cree “adecuado” (un 3,2% lo evalúa insuficiente). Vale destacar, que el rechazo a la medida es uniforme en todos los grupos etarios y segmentos de nivel educativo.

En el caso del incremento del ABL, donde los que lo consideran exagerado son un 57%, mientras que un 29% lo juzga “adecuado” y un 3,3% “insuficiente”.

Otras de las preguntas realizada por la consultora a los encuestados, se refiere a la implementación de la Policía de la Ciudad. Allí el cuadro de opiniones se mostró dividido, aunque las evaluaciones positivas constituyeron una clara minoría: sólo uno de cada cinco entrevistados consideró que el flamante cuerpo policial está funcionando Bien o Muy bien, mientras un tercio evalúan que lo está haciendo “Mal o Muy Mal”. La mitad restante se divide en forma casi simétrica entre quienes aún afirman no poder evaluar el desempeño policial y quienes lo hacen en forma regular.

El nivel de aprobación a la Policía de la Ciudad crece con la edad (el segmento de mayor edad se muestra más conforme, aprobando en un 31,8% el desempeño de la nueva fuerza, mientras en los jóvenes, apenas un 16,1% cree que la Policía de la Ciudad funciona bien o muy bien). Asimismo, el apoyo a la nueva fuerza es mayor en los segmentos de menor nivel educativo: parte de un 33,5% de evaluación positiva en el segmento “Hasta primario completo”, y bajando al 19,7% entre quienes tienen estudios secundarios y al 15,9% entre quienes tienen estudios terciarios o universitarios.

A la hora de evaluar al Presidente Mauricio Macri, el estudio sostiene que el rechazo al jefe de Estado crece entre los hombres (donde la imagen negativa llega al 44%) y decrece con la edad: entre los jóvenes, la imagen negativa del mandatario alcanza el 49,9%, superando a la imagen positiva, mientras que en los mayores de 60 años la imagen negativa baja al 20%, y la positiva trepa al 77%.

El Gobierno busca avanzar  sobre las organizaciones sociales y ya trazó una estrategia para recortarles su poder.

Es así como desde el Ministerio de Trabajo planean quitar a las agrupaciones barriales y de trabajadores desocupados del programa de formación profesional, que actualmente se implementa desde la Secretaría de Empleo, dirigida por el ex techint Miguel Angel Ponte. A esto se suma que la medida contempla la obligatoriedad de que los beneficiarios de esos cursos reporten ante la cartera laboral vía redes sociales o algún sistema de ubicación georeferencial.

Además del Plan Maestro Programa 2017 -que acaba de pulir Ponte-, el balance del año que pasó detalló que se terminó con diez programas de empleo. Según los cálculos de los técnicos que llevó el ex director de Recursos Humanos de Ternium (Techint), el recorte de políticas de empleo permitió "ahorrar" unos 1.000 millones de pesos durante este año. La decisión va en línea con la orden de Casa Rosada de ajustar erogaciones en todas las áreas.

Hasta ahora, el Ministerio de Trabajo organizaba cursos de formación laboral a través de las organizaciones sociales como Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) o el Frente Darío Santillán, entre otras. Eran esas agrupaciones las que llevaban las listas de los alumnos y docentes, y la cartera laboral pagaba a profesores y estudiantes. Para este año, la gestión de Triaca prevé correr del medio a las organizaciones y tener una relación directa con los alumnos, que son trabajadores desocupados que buscan empleo.

Además, planean para este año llevar adelante un mecanismo de control de los beneficiarios de los cursos vía algún tipo de sistema georreferencial que permita mostrar su ubicación y la utilización de algún tipo de red social (Facebook o Twitter). Pero si esa persona no tuviera ni teléfono celular, ni correo electrónico ni manejara algún tipo de red social -según definieron en el más alto nivel de Trabajo- será registrada por otra persona cercana que utilice alguna de esas herramientas digitales, detalló una fuente consultada.

Estos grandes ejes de funcionamiento complementan la decisión de reformular las indemnizaciones agravadas por trabajo no registrado y el sistema de pasantías laborales -de tres meses a un año-, como anticipó la semana pasada el periodista Mariano Martín en Ámbito Financiero. La información fue confirmada el domingo por Ponte -cuando dijo que "entrar y salir del mercado laboral hace a su esencia, como comer y descomer"-, y hoy la ratificó el ministro Jorge Triaca, quien detalló que buscarán crear 300.000 nuevos empleos vía el programa de pasantías.

La infantería de la Policía Metropolitana desalojo con balas de goma y gases lacrimógenos a los vendedores ambulantes que se encontraban cortando Rivadavia y Pueyrredon, en defensa de su trabajo. Hay mujeres y niños.

Por el accionar represivo, hay varios heridos y detenidos, mientras que los alrededores de la Plaza Miserere son escenarios de corridas. Por las calles laterales el camión hidrante avanza junto a efectivos de la infantería.

El fotógrafo de Cronica Rubén Paredes fue herido por un gas lacrimógeno arrojado por la policía.

Desde las 5 de la mañana la tensión reinaba en Once por el desalojo a más de 36 puesto de manteros. Los vendedores callejeros buscaron llegar a una negociación pero autoridades policiales aseguraron que los “desalojarían a como de lugar”.

El presidente presenta el proyecto para generar inversiones en Vaca Muerta a costa de la reducción de los salarios de los trabajadores petroleros.

Mauricio Macri se adjuntó como un logro la primera flexibilización laboral obtenida durante su Gobierno. En un acto realizado en Casa de Gobierno, presentó el acuerdo con el sindicato de los trabajadores petroleros para modificar el convenio colectivo de trabajo a cambio de una promesa de mayores inversiones de parte de las empresas.

Así mismo felicitó especialmente a los trabajadores petroleros, representados por el senador neuquino Guillermo Pereyra, del MPN. Es que el proyecto tiene como plataforma fundamental el no reconocimiento de horas extras, lo que consiste en una reducción de salarios como forma de bajar el coste laboral. Además, incluye la eliminación de retenciones a la exportación de petróleo y una baja en la carga tributaria provincial. El impacto será una pérdida salarial del 30 % para los trabajadores petroleros neuquinos.

Para abordar semejante tarea, El Presidente le encargó a Aranguren que delineara una batería de medidas con el objetivo de bajar los costos. Lo hizo con el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, y el presidente de YPF, Miguel Angel Gutiérrez. La bendición más buscada la obtuvo del senador Guillermo Pereyra, que también es secretario general del sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa.

Para tentar a los sindicatos con la creación de empleos, en YPF les confiaron que había dos gigantes petroleros prestos a firmar cheques por miles de millones de dólares. Pero demandaban alguna modificación -en el mundo de los contratos,  la famosa "adenda"- al convenio laboral, que sería solo para Neuquén y en exclusivo para yacimientos no convencionales.

A cambio, los gremios aceptaron que “todo personal que esté en condiciones de jubilarse” se adhiera al beneficio previsional. Además habilitaron la reubicación de trabajadores “en forma temporal o permanente en tareas diferentes a las que venían realizando”. Admitieron la ampliación de los horarios de trabajo, permitiendo que el montaje y desmontaje de equipos se llevara a cabo durante la noche, y que “en una misma operación se den tareas simultáneas a los efectos de hacer más eficientes los tiempos operativos”, abriendo las puertas de la polifuncionalidad, algo que hasta ahora  había sido rechazado por la conducción sindical. También se previeron medidas contra el ausentismo laboral, preocupación empresaria que el presidente Macri ha hecho suya en varias oportunidades.

En el contexto de la baja del precio internacional del crudo, los CEOs petroleros afirman que ajustar costos es vital para la viabilidad de la explotación no convencional en el país, y para eso apuntan sus cañones contra los “costos” laborales.

Ese fue el mensaje que envió el alto funcionario a un grupo de legisladores; dos se comprometieron a trabajar en una reforma de la Ley de Inteligencia para darles facultades policiales a los agentes de la ex SIDE.

El director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, quiere que los espías puedan realizar detenciones para evitar que “los delincuentes se le escapen”. Así lo planteó ante los legisladores que integran la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, en una reunión que encabezó en su despacho.

Según publicó el sitio La Política Online, el cónclave se dio en octubre pasado y contó también con la participación de Silvia Majdalani, subdirectora general del organismo.

El reclamo de Arribas se debe a la desarticulada relación que mantienen los agentes de la ex SIDE y la Policía Federal. Sobre todo, cuando se trata de casos no mediáticos. Uno de los presentes en aquel encuentro reveló a LPO que el Señor 5 “relató como un espía convivió con una banda delictiva y cuando pidió su detención, la Federal lo ignoró y los malhechores huyeron”.

Ante esto, al menos dos legisladores anticiparon que presentarán en febrero proyectos para modificar la ley de inteligencia, sancionada durante la gestión de Fernando De la Rúa. Precisamente, fue esa norma la que limitó para siempre a los presidentes a nombrar sólo al director y subdirector de “La Casa”. Por debajo de ellos sólo hay empleados de carrera con la única misión de nutrir de información al Poder Ejecutivo.

Sin embargo, en el Congreso no hay consenso respecto a la posibilidad de dotar a los espías de tantas facultades, ya que no saben si están instruidos para trabajar de policías.

Un grupo de vendedores que fueron desalojados por un operativo policial esta madrugada en el barrio porteño de Once. Ahora cortan el tránsito en la avenida Pueyrredón.

La protesta se desarrollaba desde las 8.15 frente a la Plaza Miserere, a la altura de la calle Bartolomé Mitre, en medio de los reproches de los automovilistas.

Además de decenas de efectivos de la nueva Policía de la Ciudad, en el lugar se encuentran inspectores del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, personal de Higiene Urbana, de Tránsito y de Desarrollo Social.

"El operativo fue pedido por la Fiscalía General a modo de prevención para impedir la venta en el espacio público. Lo que se hizo fue un operativo durante la noche para evitar que los manteros se instalen durante la mañana y el personal de la Ciudad desarmó las estructuras que estaban montadas sobre la recova en Pueyrredón", confirmó Luis Cevasco, a cargo de la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires.

Y continuó: "Se trató de una medida de prevención, como se hizo en su momento sobre Rivadavia y Acoyte y sobre la calle Avellaneda".

Por su parte, Omar Guaraz, de la organización Vendedores Libres, indicó que "muchos compañeros sabían que se iba a realizar este operativo y entonces no armaron y retiraron las cosas, pero otros no y se llevaron todo".

Según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, los cortes en Capital y Gran Buenos Aires afectaron a más de 200 mil usuarios durante la jornada del lunes.

Según la información que brindó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en la zona que administra Edesur hay 114.680 usuarios sin luz debido a cortes sin programar. Las localidades más afectadas están Glew, Burzaco y Don Orione en Almirante Brown; luego Cañuelas tuvo 7 mil afectados, mientras que Recoleta afectó a más de dos mil.

Mientras que en el área de concesión de Edenor, hay 80.707 mil interrupciones sin previo aviso, que afectó a 3 mil usuarios en Moreno, 2.993 en Marcos Paz y 1.751 en General Rodriguez, entre otros.

(Por Andrés Fidanza)La Secretaría de Comercio podría darle razón a Farmacity, la firma que fundó y dirigió Mario Quintana, en una disputa que lleva varios años. La queja de laboratorios y farmacias.

Farmacity quiere aprovechar su momento de cercanía con el poder. En medio de las conflictivas negociaciones entre PAMI, las farmacias y los laboratorios, la cadena retomó un viejo reclamo monetario. Fundada por el influyente vicejefe de gabinete Mario Quintana, la empresa plantea que es víctima desde hace años de una suerte de confabulación entre la industria de los medicamentos (con Roemmers a la cabeza) y las farmacias chicas y medianas, ante la mirada pasiva del PAMI. Con ese argumento, reflotó su queja ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiente de la Secretaría de Comercio, quien pocos años atrás había fallado en su contra.

Ahora, ante un nuevo clima político, la Comisión podría darle razón a Farmacity en su reclamo multimillonario. De resultar así, se favorecería la concentración y expansión de ese tanque de 250 sucursales, según afirman los representantes de las demás farmacias.

A partir de un acuerdo post-crisis de 2001, las farmacias ponen una parte del descuento que se le hace a los beneficiarios de PAMI (la mayor obra social de la Argentina, con más de cinco millones de afiliados), cada vez que los jubilados o pensionados compran un remedio. Se trata de una especie de sistema solidario, en función de las capacidades, ubicación, publicidad, facturación y volumen de ventas: una farmacia mediana de Capital se hace cargo del 17% del precio del remedio, mientras que una chica de una ciudad chaqueña pone alrededor de un 10%.

En 2011, las farmacias y los laboratorios reajustaron el arreglo, considerando la expansión y ventajas comparativas de Farmacity. El promedio nacional del descuento pasó a ser del 14%, mientras que para Farmacity alcanzó los 22 puntos.

En 2014, un decreto del entonces alcalde Mauricio Macri saldaría la controversia sobre la ventas polirrubro de Farmacity en Capital: la cadena del fondo de inversión Pegasus (controladora de heladerías Freddo y el shopping Tortugas Open Mall) podría seguir vendiendo tanto remedios, como golosinas, café y galletas.

Pese a ese handicap, Farmacity siempre se opuso al acuerdo. En 2013, Quintana le apuntó directamente a Roemmers, su archienemigo de la industria. “La rentabilidad del sector queda en manos de los laboratorios”, afirmó el actual vicejefe de Gabinete.

A tal punto llegó la pulseada por esos puntos de descuento, que Farmacity recurrió al estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados para judicializar su reclamo. Patrocinada por el bufet del actual juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, la cadena pidió una medida cautelar. Pero el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial Federal Nº 11 de la Capital lo desestimó.

En mayo de 2012, buscó una alternativa administrativa en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD). Denunció una movida discriminatoria por parte de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), y Roemmers SA, entre otros actores. Pero en junio de 2014, la CNDC la desairó nuevamente.

El expediente parecía cerrado, hasta que en septiembre pasado la cadena volvió a la carga en la Comisión, con el argumento del empeoramiento de la situación económica. Bajo la órbita del secretario de Comercio Miguel Braun, la CNCD pidió informes a Farmacity y citó a declarar a los representantes de la COFA y de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia. Si bien prefieren no hacer declaraciones, desde esas organizaciones intuyen un desenlace inminente y favorable a la empresa. Es decir, contrario a sus intereses. “El rol de Quintana es determinante”, opina un dirigente farmacéutico

Fuente: Perfil