El economista liberal cruzó al ministro de Economía por el déficit fiscal anunciado por el Gobierno. En 140 caracteres el “experto” neoliberal indicó que el déficit no esta bajando y la deuda aumenta.

En su cuenta personal de Twiiter José Luis Espert, tildó de mentiroso al ministro de Economía de La Nación, Nicolás Dujovne, por sus declaraciones brindadas a Radio Mitre, en donde afirmó que el déficit de Argentina bajaba y eso frenaba la cantidad de deuda adquirida.

“@nicodujote escuche recién en Mitre. No mientan más de que el déficit está bajando y por eso nos endeudan menos. Déficit 2015 7% PBI, 2016 8% PBI”, lanzó Espert.

El twitter fue por las declaraciones del ministro a Mitre, donde afirmó: “Hoy la Argentina tiene un déficit algo elevado pero nuestro objetivo es seguir bajándolo para de esa manera reducir fuertemente el costo del capital en la Argentina#”.

“Las tasas de interés tienen que seguir bajando y como la demanda de bonos no es ilimitada por nuestra calificación crediticia, no podemos financiar el déficit simplemente endeudándonos. Pensamos que hay que trabajar para ir bajando el déficit gradualmente. Para este año la meta es 4,2% del PBI, y en la última semana de febrero presentaremos las metas 2018 y 2019 con trayectoria descendiente. Está en marcha un programa fiscal que es muy responsable. Este año el gasto no va a crecer más que la inflación, y el crecimiento económico ayudará a la reducción del déficit", finalizó el Ministro de Cambiemos.

El ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires publicó un duro documento donde asegura que los proyectos emanados por el Gobierno nacional parte de premisas erróneas y decisiones que fracasaron.

Mediante el constitucionalmente cuestionable mecanismo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el presidente Mauricio Macri reformó la Ley de Riesgos del Trabajo con el objetivo principal de reducir la excesiva litigiosidad, según expresa en los considerandos de la norma. Obviando toda consideración sobre el medio utilizado, puntualiza que se parte de premisas erróneas y se incursiona en caminos ya transitados que concluyeron en estrepitosos fracasos.

El equipo gobernante, una vez más, hace gala de una miopía lamentable y de una insensibilidad inmensa en el tratamiento de un tema tan delicado como es el de la salud y seguridad en el trabajo. Esto se debe a que ha adoptado una óptica economicista que lo lleva a implementar medidas desacertadas y carentes de todo enfoque humanista. Creer que va a reducirse la litigiosidad con Comisiones Médicas a las cuales “obligatoriamente” deberá recurrir el trabajador siniestrado o enfermo antes de acceder a la vía judicial es tan  errado como creer que con una aspirina pueda erradicarse un proceso infeccioso.  Nada de ello: a pesar de que se reduce temporalmente la fiebre, la infección sigue avanzando. Eso es lo que va a pasar en el tema que nos ocupa.

Como la prescripción del antibiótico adecuado en los procesos infecciosos, la solución de fondo pasa por “la prevención”. Así se puede reducir la siniestrabilidad o evitar que se contraigan enfermedades en el ámbito laboral.

Además de ser lo correcto desde el punto de vista humanitario, poner el foco en la prevención representa el mejor antídoto para la litigiosidad. Esto se debe a que si el trabajador no se accidenta ni enferma, no existe posibilidad de juicio (que parece  ser lo que preocupa al Poder Ejecutivo Nacional). Es decir, aún desde esa óptica mezquina, la prevención sigue siendo el antibiótico adecuado.

Ahora bien, en la siniestralidad laboral siempre queda un margen aleatorio y ocurren imprevistos que superan todas las medidas de prevención. Aun cuando las mismas se hayan adoptado, si el accidente ocurre o la enfermedad se contrae, el camino a seguir debe ser brindar al trabajador la atención médica adecuada para que no sufra secuela incapacitante alguna o, si ello no fuera viable, la menor posible.

En este sentido, tengo la absoluta certeza de que las Administradoras de Riegos del Trabajo (ART) no son el  ámbito adecuado para dar atención médica al trabajador. A éstas no les preocupa su salud ni su recuperación, sino los costos, dejando de lado la calidad de la atención.

Cuartango propone que el trabajador accidentado sea atendido en el marco de las prestaciones que le suministra su Obra Social. De esta  manera recibiría la misma atención médica que podría recibir en caso de tratarse de un accidente no laboral o una enfermedad inculpable.

Obviamente que los gastos que demanden esa atención serán a cargo de la ART que deberá reintegrarlos a la Obra Social que preste la atención al trabajador.

No ignoro las dificultades que presenta la implementación de la propuesta referida a la atención de los trabajadores siniestrados por las Obras Sociales a las cuales los mismos pertenezcan, la cuantificación del costo de las prestaciones, las auditorias para evitar excesos, etc. Pero nada de ello impide que se explore esa alternativa, ya que una debida atención médica al trabajador –junto con la mencionada prevención- constituye una herramienta insoslayable en salvaguarda de su integridad física y de su vida.

Lo que está en juego es nada más y nada menos que la preservación de la integridad física y la vida de los trabajadores y no la “excesiva” litigiosidad. Paradójicamente, lo propuesto es funcional también disminuir ésta última. Por lo cuestionable de la forma y de la ligereza con que se llevó a cabo la reforma cuestionada, es de desear que el Poder Legislativo esté a la altura de las circunstancias y lo subsane.

El director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES favoreció a la empresa de golosinas y al grupo mediático, de las cuales había sido director. Un fiscal lo acusa de aprobar deuda de las empresas irregularmente. Uno de los firmantes de la medida fue el ahora ministro Caputo.

El Grupo Clarín volvió a hacer negocios con “la plata de los jubilados”, eufemismo creado por el propio multimedio. Se trata del dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que fue manejado hasta fines de 2016 por Luis María Blaquier, ex miembro de los directorios de Cablevisión y Arcor a los que supuestamente renunció antes de asumir. Una denuncia penal, sin embargo, revela que siguió ligado a ambas empresas mientras destinó dinero del FGS hacia esas firmas, publicó hoy el sitio Nuestras voces.

La denuncia la formalizó esta mañana el fiscal federal Gabriel De Vedia, que esta a cargo de la Unidad Fiscal para a Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES). La intervención de este fiscal se debe a que si se cometieron desfalcos con los fondos de la ANSES esto puede poner en riesgo las prestaciones de seguridad social. El FGS es, como su nombre lo indica, un resguardo para jubilaciones, pensiones y otras políticas sociales.

Luego de una investigación preliminar, De Vedia denunció a Blaquier por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en concurso ideal de incumplimiento de deberes de funcionario público. En criollo, por destinar dinero público para invertir en empresas donde mantiene relaciones e intereses económicos: Cablevisión y Arcor. Y no sólo eso: inversiones con calificaciones riesgosas que hacen peligrar los fondos de seguridad social.

El FGS ya tiene entre sus activos el 9% del Grupo Clarín, producto de la estatización de las AFJP. De hecho, el holding encabezado por Héctor Magnetto ocupa el séptimo lugar entre las inversiones del fondo, con un 4% sobre el total. Pero esta nueva maniobra desnuda nuevos negociados.

Tanto en Cablevisión con en Arcor, se trata de la suscripción de Obligaciones Negociables (ON) que son, básicamente, deuda que emite una empresa para financiarse. Las inversiones en deuda de Cablevisión y Arcor se aprobaron, formalmente, el mismo día, pero ambas fueron realizadas tiempo antes. Las aprobó el Comité Ejecutivo del FGS, según consta en su acta N 136, el 26 de agosto de 2016. Ese comité lo integran -ad honorem- el director Ejecutivo de ANSES Basavilbaso, el Secretario de Finanzas Luis Caputo (ahora Ministro) y el Secretario de Política Económica Pedro Lacoste. También es parte del comité el Subdirector de Operación del FGS, cargo que ostentaba el propio Blaquier y que le daba a su vez el rol de Secretario Ejecutivo de ese órgano. Las decisiones se toman por mayoría y si hay empate el director ejecutivo tiene doble voto. Pero no hizo falta. Los aportes a Cablevisión y Arcor se definieron ese día por unanimidad. El punto 3 del día era la aprobación de la suscripción de ON de Cablevisión por 10 millones de dólares hecha el 8 de junio, dos meses y medio antes. La deuda que compró el FGS, explicó Blaquier al comité, quedó bajo ley de Nueva York, a una tasa fija a ser determinada al momento de la suscripción y a 5 años.

Lo que no contó Blaquier, por lo que ahora fue denunciado, es su vínculo con Cablevisión que surge de la investigación preliminar desde la UFISES, para la cuál el fiscal De Vedia le pidió colaboración a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). De la revisión del Directorio del Grupo Clarín, controlante de Cablevisión, surgen ratos reveladores.

Hubo dos bajas en el directorio del grupo comandado por Magnetto. Uno Saturnino Lorenzo Herrero Mitjans, histórico lobbista del holding que falleció el 21 de noviembre de 2015 y fue reemplazado por Horacio Eduardo Quirós. El segundo Luis María Blaquier, cuyo lugar lo ocupó su hermano, Gonzalo Blaquier. Según señala la denuncia del fiscal De Vedia, “los nuevos directores representan a los mismos accionistas que dispusieron la designación de sus antecesores”. O sea, no hubo cambio en el paquete accionario sino cambio de nombres. Pero hay más. Luis María Blaquier fue Director Titular del Grupo Clarín representando al accionista GS Unidos LLC, sociedad radicada en la guarida fiscal que opera en Delaware, Estados Unidos. Lo mismo su hermano Gonzalo. En la denuncia del fiscal De Vedia consta que “hasta el año 2012, las participaciones de GS Unidos LLC en Grupo Clarin SA habrían pertenecido al banco de inversión estadounidense Goldman Sachs donde, conforme es de público conocimiento, Luis María Blaquier se desempeñó durante más de 13 años y fue director ejecutivo. A partir de entonces, GS Unidos LLC se encuentra bajo control indirecto de Ralph Booth, fundador y socio ejecutivo del fondo Fontinalis Partners”. Hasta aquí nada sospechoso, salvo que el propio Luis María Blaquier es socio del fondo Fontinalis Partners que controla GS Unidos LLC, que a su vez es accionista del Grupo Clarín. En síntesis, según la denuncia, mientras era funcionario era socio de un fondo que controlaba parte del Grupo Clarín. Y así, con un pie de cada lado del mostrador, destinó dinero del FGS para financiar a Cablevisión, donde tiene intereses.

A principios de diciembre de 2016, Blaquier renunció a su puesto en el FGS. Adujo motivos personales, y algunos medios publicaron que su salida estuvo vinculada al memorándum que firmó el gobierno con Qatar. Pero lo concreto es que en esos días hubo un nuevo movimiento vinculado a esta causa. El 30 de diciembre la empresa Blue Media Investment Inc le informó al Grupo Clarín que había comprado el 74,5% del capital social de GS Unidos LLC. Esto fue pura formalidad, ya que los controlantes de Blue Media Invesment Inc no son otros que los accionistas del Grupo Clarín a través de trusts que tienen en Estados Unidos, identificados con sus iniciales: ELHN New York Trust (Ernestina Laura Herrera de Noble), HHM Media New York Trust (Héctor Horacio Magnetto), LRP New York Trust (Lucio Rafael Pagliaro) y José Antonio Aranda, que según informaron lo hizo en nombre propio. El monto de la operación fueron 219.590.143 dólares. O sea, la empresa donde Blaquier tenía intereses mientras era funcionario fue comprada por los mismos beneficiarios del dinero del FGS.

Arcor, multinacional argentina que produce mayoritariamente golosinas, tiene buena sintonía con el gobierno de Macri y comanda la poderosa Unión Industrial Argentina (UIA). La fluida relación con el gobierno tiene muchos gestos. El 2 de agosto, por ejemplo, Macri afirmó: “El ejemplo de Arcor es el que necesitamos en Córdoba y el resto del país“. Fue durante la inauguración de una nueva planta fabril de la empresa en Arroyito. A los pocos días, el FGS aprobó la inversión de dinero público en deuda de la empresa.

El caso de Arcor fue el el punto 12 del acta 136. Se trató de la suscripción de ON por 12 millones de dólares hecha el 21 de junio de 2016, o sea, más de dos meses antes. Blaquier también tomó la palabra e informó que Arcor lanzó esa emisión de deuda a tasa fija, con vencimiento a 7 o 10 años, bajo ley argentina. Lo que no dijo Blaquier fue su relación con Arcor. Según consta en la denuncia del fiscal De Vedia, Blaquier integró el directorio del grupo comandado Luis Pagani. “En tal carácter -dice la denuncia- Luis María Blaquier participó de la reunión de directorio mediante la cual se resolvió convocar a la asamblea de accionistas a efectos de que solicitara a la CNV para prorrogar el programa de obligaciones negociables autorizado mediante resolución 16.439 del 25 de octubre de 2010, en función de lo cuál, el 30 de octubre de 2015, dicho organismo autorizó el programa en cuyo marco fue realizada la emisión suscripta por el FGS”. En criollo, Blaquier participó del diseño del plan financiero de Arcor y luego destinó dinero del FGS en la empresa según los intereses de es plan.

Ese dinero Arcor preveía destinarlo para, entre otras cosas, financiar proyectos productivos en el país. Queda flotando la incógnita de si fue con ese dinero que financió la fábrica que Macri le inauguró días antes.

En en las operaciones de toma de deuda de Cablevisión y Arcor hay, según denuncia el fiscal De Vedia, dos cuestiones: una, la incompatibildiad de Blaquier; la segunda, que tenían bajas calificaciones de riesgo.

Uno de los ítems de cualquier emisión de deuda es la nota que ponen las calificadoras de riesgo. Según la Comisión Nacional de Valores (CNV), “las sociedades   calificadoras de riesgo (SCR) son sociedades anónimas formadas por especialistas que dan una opinión técnica independiente sobre la capacidad de repago en tiempo y forma (es decir, en las condiciones pactadas) de los distintos valores negociables (obligaciones negociables   y/u   otros   títulos   de   deuda) colocados y negociados en los mercados”. Lo cierto es que también se trata de empresas cuestionadas por manipulaciones en las calificaciones, especialmente en materia financiera, que quedaron al descubierto en la crisis desatada en 2008-2009. La incógnita que gira en torno a ellas es quién califica a las calificadoras. A nivel mundial conforman un oligopolio que, en Argentina, tiene registradas a Standard & amp; Poor´s, Fitch, Evaluadora Latinoamericana y Moody´s Latin America.

Esta última, Moody´s, intervino en la calificación de las obligaciones negociables de Cablevisión y Arcor que suscribió el FGS. Según consta en la denuncia del fiscal De Vedia, las obligaciones de Cablevisión fueron calificadas con raiting nacional “Baa1.ar” y global “B3”. “De acuerdo con la guía de referencia emitida por ese agente en el mes de octubre de 2016 – sigue la denuncia- las obligaciones con calificación Baa ‘se consideran de grado intermedio y están sujetas a un riesgo crediticio moderado, por lo que pueden presentar ciertas características especulativas’ y el número modificador 1 ‘indica que la obligación se ubica en el rango superior de su categoría de calificación genérica’. A su vez, en la escala global, las obligaciones con calificación B ‘se consideran especulativas y están sujetas a un riesgo crediticio alto’ y el modificador 3 ‘indica que se ubica en el rango inferior de esa categoría de calificación genérica’”. O sea, no sólo Blaquier ordenó poner plata del FGS en la empresa donde sigue teniendo intereses económicos, sino que además lo hizo a pesar de que, según su calificación, eran especulativas. Ergo, puso dinero de seguridad social en una inversión de riesgo. En el caso de Arcor la calificación es un poco mejor, pero en el rating global aún en categorías especulativas como la B1.

La plata de los jubilados en riesgo

El FGS fue creado por el decreto 897 de 2007, con la firma de Néstor Kirchner. La idea original era un fondo anticíclico que pusiera al sistema previsional a salvo de vaivenes económicos. En definitiva, que los sectores más vulnerables no pagaran siempre los platos rotos. Pero fue en 2008, con la ley 26.245 que creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) por el cuál se estatizó el sistema jubilatorio que el FGS tomó otra dimensión ya que recibió todos los fondos administrados por las AFJP. Entre ellos, acciones de empresas que habían utilizado fondos de jubilaciones privadas para financiarse. Caso conocido, otra vez, es el de Clarín: su AFJP compró acciones del multimedio a un valor varias veces mayor al real. A partir de ese momento, el FGS pasó a ser accionista en una importante cantidad de empresas, entre ellas el Banco Macro, Telecom, Siderar, Consultatio, Mirgor, Banco Galicia, Transener, Banco Patagonia, Petrobras, Aluar, Clarin, Metrovías, Metrogas, BBVA Banco Frances y Ledesma. Nota al pie, en esta última también tiene vinculación Luis María Blaquier, ya que es sobrino de Carlos Blaquier, mandamás del emporio al que llegó por la unión con María Elena “Nelly” Arrieta, apellido de la familia fundadora.

Retomando, en diciembre de 2009 el FGS estaba valuado en 140.853 millones de pesos: en noviembre de 2016 la cifra trepó a 865.248 millones. En el último informe del FGS destacan que su valor “pasó de USD 28.440 millones de dólares que tenía el 5 de diciembre de 2008 a USD 54.610 millones de dólares al 30 de noviembre de 2016”, un crecimiento del 782,2%. Una codiciada caja de herramientas. En lo que va del año, además de las inversiones en empresas privadas y proyectos productivos como la central nuclear Atucha II o planes de vivienda, otorgó 26.335 millones de pesos en préstamos a 21 provincias, principalmente a Buenos Aires y CABA.

Con la asunción de Macri llegó el riesgo para el FGS. Empezó con la sanción de la ley 27.260, denominada bajo el aufemismo de Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Pero el gobierno no sólo incumplió el objetivo del rimbombante nombre de la ley sino que el Título VI de la norma redefine al FGS y permite vender sus activos para afrontar el pago de la supuesta reparación. Lo cierto es que, en los pocos meses de vigencia de la ley, el el FGS ya vendió el su participación en Petrobras Argentina, que era del 12%, y pululan versiones de venta de los activos en varias empresas que ansían retomar el control de esas acciones. Hace pocos días, la ANSES tomó deuda del gobierno nacional por 17.000 millones de pesos. Así se va, entre deuda y empresas privadas, plata de los jubilados.

La diputada nacional y miembro de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, Juliana Di Tullio, sostuvo hoy que desde ese espacio político no quedaron "conformes" con la exposición del titular de la AFI, Gustavo Arribas, y pidió que muestre "los papeles" que lo eximirían de las acusaciones que pesan en su contra.

En diálogo con Radio El Mundo, la ex titular de la bancada del Frente para la Victoria estimó que existió una "contradicción llamativa" entre lo sostenido ayer por Arribas y sus anteriores declaraciones públicas.

Según señaló Di Tullio, en la exposición ante los legisladores, Arribas afirmó que los 70 mil dólares percibidos a través de un cambista relacionado con la empresa Odebrecht fueron por "la venta de muebles que no son registables" y no como dicho previamente, por un inmueble.

La diputada kirchnerista recordó que "incluso el presidente (Mauricio) Macri" dijo que el dinero provenía de la venta de una departamento: "Le hizo decir al presidente algo que no es”, añadió.

Consultada respecto de la credibilidad de las explicaciones del titular de la AFI, Di Tullio dijo que “no es un acto de fe, sino un tema de mostrar los papeles”.

Por último afirmó que durante la reunión se habló de una posible remoción de Arribas pero no brindó detalles por el carácter "secreto" del encuentro que impuso el oficialismo.

La CGT anunció un paro nacional para fines de marzo y el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fue el encargado de salir al cruce. Dujovne dijo que no comparte el diagnóstico de la central obrera porque “estamos muchísimo mejor” y que el paro es "político".

El triunvirato que conduce a la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció dos medidas contra el Gobierno de Mauricio Macri para marzo, y se alejó de la mesa de diálogo convocada por el oficialismo. Una movilización para el 7 de ese mes al Ministerio de Producción y un paro nacional para la segunda quincena.

El encargado de salir a responder por el oficialismo fue el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quién disparó que los gremialistas "hacen un uso político” de la medida de fuerza.

"Es un año político, tenemos elecciones legislativas y dentro de la CGT hay distintos sectores que toman nota del año político y hacen un uso político. No tengo dudas de que la cuestión política está jugando un rol importante de lo q pasa en la CGT", disparó el funcionario en diálogo con radio Mitre.

Además Dujovne, dijo que no comparte el diagnóstico de la CGT porque “estamos muchísimo mejor” que hace unos meses y “empezando a salir del pozo”;

Consultado por el rol que tendrá el Gobierno en las negociaciones paritarias, Dujovne reivindicó que las negociaciones son libres en el sector privado, donde el Ejecutivo sólo se limita a homologar los acuerdos, pero admitió que en el sector público, donde el Gobierno es empleador, intentarán imponer condiciones en concordancia con la inflación prevista.

El ex ladero de Carlos Pagni también reveló que piensa elevar este año la reforma impositiva al presidente Mauricio Macri, pero que no se tratará este año “por el ruido de las elecciones”.

El titular de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, Emilio Majori, sostuvo que el consumo de pan “ha bajado el 30, 35 por ciento”. Comparó la situación con los niveles del año 2001 y advirtió que el precio tiene que aumentar, "al menos", 10 por ciento.

Los panaderos de la provincia de Buenos Aires estimaron que bajó en un 30/35 por ciento el consumo y por los altos costos que tiene el sector compararon la situación a la que padecieron durante 2001.

“Éste es el flagelo que tenemos y la industria está pasando por un momento caótico, lo estamos comparando prácticamente ya con el 2001“, dijo este mañana el titular de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, Emilio Majori.

Majori advirtió que “el pan tiene que aumentar de precio” en “por lo menos el 10 por ciento”, destacó que hay “otro problema mucho más grave” en la industria que es el avance de “la clandestinidad” que “no paga impuestos, nosotros tenemos los impuestos más caros de toda Sudamérica”.

El panadero explicó que “ya no da más para absorber” el incremento de costos y muchos comerciantes “están tratando de despedir” a los obreros formales para “pasarse a ser clandestinos” para reducir el costo laboral.

En declaraciones a la radio La Red, el dirigente señaló que el panorama hace que “el negocio es ser clandestino porque hoy el proyecto se vende de cualquier manera y en cualquier forma y en cualquier lugar”.

En ese sentido, sostuvo que “por lo tanto la industria está pasando por un momento caótico y muchas industrias formales están empezando a despedir personal y muchos lugares, como dicen en los barrios, pasan a ser clandestinos. La clandestinidad sigue avanzando a pasos agigantados“.

El empresario precisó que en 2016 “dimos el 41 y pico por ciento” de aumento en la paritaria porque “por supuesto nuestros obreros tienen que ganar como deben ganar porque es un trabajo bastante sacrificado”. No obstante, insistió, “a la gente que tenemos no la podemos pagar como tenemos que pagarla”.

Lejos de la austeridad que pregona Cambiemos, Macri sigue sumando episodios polémicos. Ahora fue el propio Presidente el que envió el helicóptero oficial a buscar a su familia de vacaciones en Punta del Este.

El uso del helicóptero presidencial vuelve a estar en el centro de la polémica debido a que Mauricio Macri lo utilizó para que vaya a buscar a su esposa, Juliana Awada y a su hija Antonio, a Punta del Este.

Según reveló el diario El País de Uruguay, Juliana Awada se encontraba junto a su hija Antonia de vacaciones en Punta del Este, adonde habían viajado a principios de la semana tras haber estado con Macri en Chapadmalal el fin de semana pasado.

El helicóptero H002 aterrizó en el aeropuerto Laguna del Sauce de Punta del Este a las 16:30 horas. Y esperó casi dos horas hasta que llegó una camioneta con Juliana y Antonia que llevaban varias valijas y equipaje en general.

La aeronave partió de la terminal aérea de Punta del Este cerca de las 18:20 horas y junto a la esposa del presidente iba un tercer acompañante, contó el medio uruguayo, aunque no se conoce la identidad.

El Gobierno se encuentra además inmerso en un proceso para renovar toda la flota de helicópteros de Presidencia y el avión presidencial Tango 01, que reemplazará por un Boeing de la flota ejecutiva que costará entre 50 y 85 millones de dólares.

Se trata de una nueva polémica en torno al uso de la aeronave presidencial, luego de que se revelara el año pasado que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, lo usó para trasladarse a un country en Pilar, tras un acto en Quilmes con Macri, que luego defendió el uso del helicóptero.

En esa oportunidad, expertos del sector afirmaron que más allá de la posible irregularidad en el uso de la flota aérea presidencial, la maniobra fue temeraria porque aterrizó cerca de torres y cables de alta tensión.

Días después de ese episodio, el helicóptero presidencial vivió un peligroso incidente cuando se desvió de su ruta y casi choca con un avión privado.

Además del aumento de tarifas, el Gobierno decidió darle más beneficios a las generadoras. Dice que es para impulsar la actividad. Se dolarizaron los valores, se elevó un 50% el piso del precio de pago en dólares y se duplicaron los premios por el cumplimiento de los objetivos. Así, la reducción del gasto público será menor a la prevista tras el tarifazo.

Mientras agradece la "comprensión" de los usuarios por los tarifazos, el Gobierno, en otro gesto que muestra su perfil político, decidió aumentarles en un 50% el piso del precio de pago en dólares a las empresas privadas de generación de electricidad y, les duplicó los premios por el cumplimiento de los objetivos, con la idea de impulsar la actividad.

Los beneficios para las empresas -que excluyen a las estatales tanto nacionales como provinciales- fueron dados a conocer un día después del aumento de tarifas a los usuarios anunciado el miércoles por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.

Así, la reducción del gasto público por parte del Gobierno será menor a la prevista tras el aumento de tarifas, dado que parte de lo que antes iba a los usuarios ahora será destinado a las empresas generadoras que cumplan sus objetivos.

Esta decisión oficial fue dispuesta a través de la Resolución 19 – E/2017 publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Valerio Sruoga.

La costosa decisión fue confirmada por la secretaría General de Presidencia. El proyecto constará de tres etapas y comenzará el 10 de febrero. Nada de austeridad y justificación por la "herencia recibida".

El Ejecutivo anunció que a partir del próximo 10 de febrero se iniciarán el plan de restauración y puesta en valor de la histórica Casa de Gobierno. Se realizará en tres etapas por un total de $ 285 millones. El secretario General de Presidencia Fernando de Andreis reconoció que “el estado en que recibimos la casa era lamentable" porque "nunca se pensó en hacer algo así, siempre fueron parches, queremos dejar algo mejor de lo que encontramos nosotros que no recibimos ningún tipo de planos".

“El gobierno anterior se ocupó sólo de mejorar la parte estética, repintar durlock, pero jamás en invertir en cuestiones estructurales. Es la Casa de todos los argentinos donde trabaja el Presidente y las condiciones laborales son malas" dijo De Andreis, según DyN.

Andreis sostuvo que la sede gubernamental no sufrirá modificaciones en los principales salones tales como el Blanco, Eva Perón, Científicos y ni tampoco en el despacho presidencial, todos ubicados en el primer piso y que el objetivo es "mejorar la infraestructura" de la sede para "los próximos 100 años" y "bajar los costos de mantenimiento".

Casa Rosada del Siglo XXI es el nombre del proyecto para reacondicionar la Casa Rosada, a cargo de la arquitecta Marité Berdasco -en consulta con la Comisión Nacional de Monumentos Históricos-. La primera etapa que ya está en ejecución y finalizará en 2018 costará 45 millones de pesos y fue adjudicada a la constructura Adanti Solazzi, que se impuso en una licitación en la que participaron seis oferentes.

Esa fase se concentrará en las refacciones del segundo piso, donde se ubica el viejo comedor, justo encima del despacho presidencial. Por esa razón, a partir de la próxima semana, cuando comience el trabajo de demolición, Mauricio Macri permanecerá más días por semana en la residencia de Olivos.

"Si no se hace la obra ahora, en 10 o 15 años la Casa Rosada será inhabitable", argumentó el secretario General. La segunda etapa será la más costosa y empezará a fines de 2017 y culminará en 2018. Tendrá un presupuesto de 118 millones y consistirá en la remodelación del subsuelo y la construcción de nuevos núcleos sanitarios y se optimizará el sistema energético de la casa.

Por último, entre 2018 y principios de 2019 se realizará la última etapa, que tendrá un costo de $ 60 millones, y se concentrará en la remodelación de oficinas.

En el Gobierno justificaron la inversión por el avanzado deterioro que -según los funcionarios de la actual administración- presentaba la Casa Rosada, luego de la gestión de Cristina Kirchner.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, exteriorizó el descontento oficial con los "vivos" que no frenan las remarcaciones de precios. Además los acusó de seguir despidiendo cuando habían acordado no hacerlo.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, advirtió hoy que el Gobierno "ha perdido la confianza en algunos sectores empresarios" que "no dejan de hacerse los vivos", pero aseguró que con las centrales obreras "sigue el diálogo".

"Se ha perdido la confianza en algunos sectores empresarios. Yo creo que tienen que dar respuesta a decisiones que han tomado. Había un acuerdo político para cuidar el nivel de empleo", cuestionó Triaca.

El ministro puntualizó que "no todos han incumplido y no todos se bajaron de los compromisos asumidos" pero reconoció que hay sectores que "no dejan de hacerse los vivos. Como también pasa con dirigentes gremiales, o dirigentes sociales".

"Hay que señalar a quienes no lo han hecho y hay que señalarlos con nombre y apellido. Lo hemos hecho y los hemos llamado a una mesa de diálogo", sostuvo Triaca.

Triaca se refirió además a la relación con la CGT, que este jueves se reunía para debatir un endurecimiento en su postura para con el Ejecutivo, y aseguró al respecto que siguen "en diálogo con las centrales obreras" .