Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que parte de la revisión crítica de la metodología del INDEC, señala como punto central el deliberado cambio metodológico realizado por el organismo, con la finalidad de impedir el empalme hacia atrás en las series de pobreza e indigencia y soslayar el salto de pobreza con Cambiemos, gobierno asumido el 10 de diciembre de 2015.

Asimismo, esta decisión intenta deslegitimar la reducción de la pobreza durante la gestión del gobierno anterior, en el marco de la actual instalación de un discurso de austeridad fiscal, dirigido al recorte de importantes partidas del gasto social.

Como siguiente paso, se ha instalado que el empalme natural a los datos de pobreza publicados por el INDEC es la serie provista por la UCA para el periodo 2010 – 2016. Esta estimación de pobreza carece de consistencia metodológica y los elementos que la componen (ingresos, valor de canastas y coeficiente de Engel fijo, entre los principales) demuestran que el empalme tiene una explicación política antes que técnica. En efecto, una eventual desautorización de parte del órgano oficial de estadísticas -INDEC- a los datos elaborados por la UCA, también conllevaría una deslegitimación del conjunto del discurso construido por la UCA para el periodo anterior, que señaló niveles de pobreza cercanos al 30% (y un piso elevado de pobres favorable a Cambiemos) y contribuyó a erosionar la política pública y orientación del gasto social del kirchnerismo.

El objetivo político de la instalación mediática de este empalme lo resumió hace sólo unos dios atrás el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó al expresar que “en treinta y tres años de democracia el peronismo gobernó el 90% del tiempo y tenemos 30% de pobres", es decir, las políticas de corte social del gobierno anterior no permitieron reducir la pobreza en nuestro país.

La metodología, dominio de estimación, y distintos inconvenientes metodológicos de la UCA mencionados anteriormente, impiden que dichas estimaciones sean confiables. Al contrario, los datos de la UCA parecen basarse una fuerte subestimación de los ingresos de la población viviendo con ingresos alrededor de la línea de pobreza y una canasta básica total muy subestimada basada en una inversa del coeficiente de Engel de 2,08 muy por debajo de cualquier coeficiente utilizado por otros organismos. Por lo demás, UCA usa un coeficiente fijo que le impide tomar en cuenta los efectos de los aumentos de precios fuera de los alimentos.

Esta estrategia se adecúa a los intereses del presidente Mauricio Macri, quien indicó al momento de anunciar la nueva medición de pobreza que “este es el punto de partida desde el cual acepto ser evaluado". La decisión de pretender juzgar el gobierno de Cambiemos a partir de ese momento implica ocultar el impacto de las propias medidas económicas impulsadas por el macrismo desde su asunción.

En efecto, la medición de pobreza por ingresos resulta muy sensible a las variaciones tanto del ingreso como de los precios de la canasta alimentaria. En este sentido, la decisión de devaluar la moneda a mediados de diciembre conjuntamente con la quita de retenciones y sumado a ello, el tarifazo posterior han golpeado severamente el ingreso de bolsillo de las mayorías argentinas. Resulta oportuno mencionar que el método de estimación de pobreza por ingresos es "indirecto", en tanto considera pobres/indigentes a aquellos que no cuentan con recursos monetarios suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, tomando para el análisis sólo una dimensión. En efecto, existen métodos "directos" que consisten en verificar si los hogares han efectivamente satisfecho una serie de necesidades previamente establecidas (no sólo de ingreso monetario), es el caso de medición de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) o la Medición de Pobreza Multidimensional (IPM).

De la misma manera que el gobierno realizó con la tasa de desocupación, la publicación del INDEC omite deliberadamente la evolución de la pobreza desde el inicio del gobierno de Cambiemos. En efecto, la evolución de los precios de los alimentos en los meses de diciembre y enero (por las medidas económicas del gobierno nacional) se tradujeron en un consecuente y previsible aumento de la indigencia y la pobreza medidas por ingresos.

Finalmente mencionar que ante el vacío creado por la ausencia de publicación de un empalme oficial por parte del INDEC, hubo intentos, de parte de diversos centros de estudios, de reconstruir la serie de pobreza entre 2003 y 2016, tomando como punto de partida el II trimestre de 2016. Esto se basa en un error metodológico importante que constituye en mantener canastas fijas en variedades y cantidades y proyectarlas por medio de índices de precios. Está demostrado que ante fuertes cambios de precios relativos los consumidores varían su estructura de consumo y por ende el valor de la CBA y CBT no sigue estrictamente la evolución del IPC. Este ejercicio ha arrojado una sobrestimación de la pobreza reconstruida “hacia atrás”, con valores ubicados entre el 25 y 30% para 2015.

Los padres de la escuela pública Carlos Della Penna, de La Boca, denunciaron que entre las actividades por el 24 de marzo se exhibió un video anónimo promovido por las agrupaciones de “memoria completa”, en el que se reivindica a la dictadura y al terrorismo de Estado. Habló la docente. El rol del secretario de derechos humanos

El “audiovisual” pudo verse ayer por TV, gracias a la movilización de los familiares de los alumnos. Las maestras involucradas y la directora habrían sido convocadas inmediatamente por el ministerio de Educación.

Desde hace unas semanas, comenzó a circular el video en las mismas redes sociales que no tiene autoría conocida pero fue promovido por las agrupaciones de familiares de represores.

Allí, entre otras cosas, se llama “héroes” a los genocidas condenados. Preocupados porque en los colegios se habla del terrorismo de Estado y de los crímenes cometidos durante la última dictadura, el mensaje de los apologistas de torturas y asesinatos reclamaban: “pedí que en tu escuela te cuenten la historia completa”.

Se trata de un video de 4 minutos en el que supuestamente se busca mostrar “lo que no se enseña en los colegios” y “la historia completa”. Con la Marcha de San Lorenzo de fondo y un estilo que quiere parecer didáctico, lo que realmente se muestra es la habitual defensa de los represores: sostiene que los genocidas “accionaron repeliendo y aniquilando a quienes sembraron el terror” y afirma que esos “héroes” están presos en la actualidad “por el gran negocio de los Kirchner”.

La docente encargada de proyectar el video habló con los medios de comunicación en las puertas del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que no se arrepiente y que volvería a pasarlo frente a los niños.

"Lo único que quisimos demostrar es que también hubo gente que mató de parte de los guerrilleros", se defendió la maestra de nombre Mónica ante las consultas de los medios presentes, para luego agregar: "Quisimos demostrar que hay dos posturas y no solamente una visión".

Con anterioridad a estas declaraciones, la dirección de la escuela mandó una nota a las familias –los padres pidieron explicaciones y repudiaron la proyección– en la que consideran que el video fue “inapropiado”. “No deja en claro que los sucesos que acontecieron durante la última dictadura militar son delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, cometidos desde el Estado, según la Corte Penal Internacional, y por lo tanto exceden a las lecturas partidarias”, dice la escueta nota sobre el contenido mostrado en el acto, que por otra parte, contradice el contenido de todos los materiales elaborados por el ministerio de Educación para trabajar en las escuelas realizados en los últimos años.

Aunque el secretario de derechos humanos, Claudio Avruj, ya afirmó que esta gestión se propone “revisar los contenidos educativos de la historia de esta Argentina reciente”. Justo, lo mismo que se pedía en el video anónimo.

Así lo manifestaron los docentes universitarios en la mesa paritaria. Exigen un aumento del 35% para recuperar parte del salario real perdido con la escalada de la inflación el año pasado. Denuncian además ajustes en materia presupuestaria.

“El Gobierno nacional parece tener recursos para comprar tanques y armas pero no para aumentar el presupuesto de Universidad y ciencia y tecnología; al mismo tiempo que se propuso emprender una campaña mediática de desprestigio hacia los trabajadores de la educación, los sindicatos y la educación pública en general”, explicó en un comunicado la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), el gremio mayoritario de docentes universitarios.

A contrapunto del 18% estipulado por el Gobierno nacional, los docentes universitarios proponen cerrar hoy en una paritaria con un aumento del 35%. “La discusión que estamos teniendo con el Ministerio es un porcentaje de aumento salarial de un 35%: un 25% sería la inflación que se está diciendo que va a haber este año, más un 10% del año pasado”, explicó Carlos De Feo, titular de esa Federación.

“Los docentes señalan que, teniendo en cuenta lo acordado en la paritaria pasada con la inflación, perdieron un 10% del salario real y plantean recuperarlo en esta mesa de negociación paritaria.

Por otra parte, desde CONADU exigen la regularizaciones de los docentes contratados y ad honorem, la plena implementación del Convenio Colectivo de Trabajo, la continuidad de los programas de capacitación docente, restablecimiento del Programa de Finalización de Tesis (PROFITE) y de los programas socioeducativos. También mayor presupuesto para la Universidad, la ciencia y la tecnología.

Respecto al primer punto, De Feo señaló que la precarización ha avanzado mucho en los docentes universitarios y también en los ad honorem. Esta situación, se debe en gran parte a la caída presupuestaria. “El problema es que ha aumentado la matrícula pero no los recursos para asignar docentes”, explicó el gremialista, quien agregó que con menos fondos las Universidades recurren a convocar docentes que no son pagos.

Fondos destinados a educación, ciencia y tecnología es uno de los reclamos más fuertes. Un informe presentado por CONADU señala que hubo un ajuste presupuestario que frenó el proceso de expansión del sistema y redujo, por primera vez en diez años, la inversión en Universidades nacionales en relación con el PBI.

En ese sentido, Verónica Betancourt, secretaria adjunta de CONADU, explicó a Contexto que en 2016 bajó la participación del presupuesto universitario respecto del PBI. “Esto, para nosotros, significa una tendencia; uno puede ver que los números aumentan pero el porcentaje respecto del PBI fue menor.”

“Nosotros denunciamos la subejecución del presupuesto del año anterior y el no haber aumento acorde al 40% de inflación, y eso explicó en gran medida los problemas que tuvieron las Universidades”, sostuvo Betancourt.

Si bien la partida presupuestaria de este año es un 28% mayor a la anterior, no contempla la inflación que llegó al 40% según datos oficiales y además desconoce esta pérdida del 10% del salario que plantean los docentes.

Si bien hoy será un día clave en este conflicto, CONADU definió una jornada nacional de protestas con retención de tareas, clases públicas y distintas actividades de difusión para el 29 y 30 de marzo, día que también van a movilizar con la CTA. El 6 de abril, en tanto, adhieren al paro nacional convocado por las CGT.

Serán entre el 3 y el 10 de mayo próximos. Fueron convocadas por el Ejecutivo de la Provincia, luego que la justicia frenara el tarifazo en las rutas y autopistas.

En la capital bonaerense se llevarán adelante las audiencias públicas por los aumentos en los peajes de al menos 11 trazados.

Las audiencias se fijaron: para el 3 de mayo donde tratará el cuadro tarifario de la Autopista Buenos Aires-La Plata, a partir de las 10, en la sede del Colegio de Abogados de La Plata, ubicada en calle 13.

El 10 de mayo en tanto se concretará otra audiencia, a la misma hora y en el mismo lugar, para discutir el costo del peajes en el corredor vial integrado por la Autovía 2, la Ruta Nacional 11 y otras con trazado a la costa atlántica.

La suba en los peajes incluyeron aumentos entre 30 y 70 por ciento, publicados el 14 de febrero en el Boletín Oficial.

La Justicia en lo civil y comercial de La Plata, por su parte anuló los aumentos que el gobierno provincial había dispuesto para esos peajes, haciendo lugar a un amparo presentado por la Defensoría del Pueblo bonaerense. En ese marco ordenaron las audiencias públicas, tal como ocurrió el año pasado con el gas en territorio nacional.

Mientras la negociación paritaria con los gremios docentes se encuentra al rojo vivo, el gobierno de la Provincia aumentará a los efectivos policiales un incremento del 18 por ciento anual en tramos consecutivos de 4,5% más una cláusula gatillo que contempla un ajuste por inflación cada tres meses.

Desde los cobros de marzo, los efectivos de la Policía Bonaerense bonaerense percibirán un aumento del 18% anual en sus haberes. Será de forma escalonada, en cuatro cuotas consecutivas, iniciándose con una suba del 4,5% en marzo, que será retroactiva a enero y febrero.

La medida impuesta por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, contempla la existencia de una cláusula gatillo que analiza la inflación cada tres meses. La decisión de la mandataria provincial y la “paz” por parte de los policías se debe a que los uniformados,  no se encuentran sindicalizados, porque la ley lo prohíbe, y por ende los aumentos se disponen de manera unilateral y sin discusión de paritarias.

Con el incremento, el salario de un comisario pasará de 31.582 pesos a 32.938 mientras que el ingreso neto, luego de descuentos, de un subayudante -el primero del escalafón- pasa $ 16.535 a $ 17.213 por mes. Este incremento, con los retroactivos anunciados, se comenzará a percibir a partir de este viernes.

El periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky, aseguró que el gobierno nacional le pidió oficialmente a la CIDH que reciba "a familiares de los responsables del terrorismo de Estado".

A horas del 24 de marzo, y en medio de una ola de declaraciones y provocaciones de distintos funcionarios del Gobierno Nacional a los organismos de Derechos Humanos, se suma una denuncia preocupante.

El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, aseguró que el gobierno nacional le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reciba "a familiares de los responsables del terrorismo de Estado".

En diálogo con Radio Universidad el autor de "El Vuelo", quien participó de la audiencia del 20 de marzo en la sede del organismo internacional por la detención de Milagro Sala, vinculó a la Iglesia con la promoción de la idea de la "memoria completa".

"(Claudio) Avruj le planteó a la Comisión que reciba a una delegación eclesiástica y dijo que sería presidida por el nuncio apostólico que es el embajador del papa Bergoglio en la Argentina", expresó el periodista en Otra Vuelta de Tuerca.

Una delegación de la CIDH llegará en mayo a la Argentina para escuchar a las partes sobre la detención de la líder de la Tupac Amaru. Por este motivo realizará sesiones en la capital federal, recorrerá el predio de la Esma y visitará a Milagro Sala en Jujuy.

Fue durante la reunión de hoy con los sindicatos, la Provincia propuso un 19% de incremento en tres cuotas.  Los referentes del Frente de Unidad Docente bonaerense anunciaron un paro general de actividades de todas las organizaciones gremiales.

En la reunión desarrollada en el Ministerio de Economía bonaerense, entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos, la Provincia propuso un incremento del 19 por ciento en 3 cuotas, la incorporación de fondos nacionales, una suma compensatoria por 2016 y la no fijación de un techo salarial.

Asimismo, ofrecieron “canjear” el ausentismo por salarios básicos. Según consignó el portal InfoCielo, el oficialismo remarcó durante que la Provincia “tiene un nivel de ausentismo del 17%”. Entonces explicaron que “implica pagar por año 14.300 MM de pesos en suplencias docentes”. En ese contexto, y con el afán “disminuir el número de ausentismo y con ese dinero aumentar el salario de los docentes que van a trabajar, cumpliendo con su tarea”, ofrecieron canjear este punto por salarios básicos.

“Si pudiéramos reducir ese 17% hasta el 5%, que es el ausentismo normal esperable, podrimos incrementar los ingresos promedios mensuales en 3000 pesos, lo que en un año equivale a 36 mil pesos adicionales”, dijeron.

Tras el encuentro, los sindicatos que componen el Frente de Unidad consideraron que “es la misma propuesta” que la última reunión y anunciaron que desde mañana comenzarán con las medidas de fuerza que se extenderá por 48 horas.

Diputados nacionales del bloque FPV-PJ, encabezados por su titular Héctor Recalde, presentaron hoy una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Defensa, Julio Martínez; el embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau y los diputados nacionales, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina.

La denuncia penal por la presunta comisión de delitos en el marco de la compra por más de 2.000 millones de dólares de armamento de uso bélico para combatir al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado, en una clara violación de la ley 22.520 que establece el marco normativo para realizar dichas adquisiciones recayó en el Juzgado Federal 7 de Sebastián Casanello y será investigado por la Fiscalía 5 de Franco Picardi.

Los diputados nacionales Luis Basterra, María Teresa García, Diana Conti, Verónica Mercado, Axel Kicillof y Rodolfo Tailhade, quienes también son firmantes de la denuncia, en la presentación se preguntan por qué el gobierno está realizando la mayor compra de armas de la historia. La denuncia es consecuencia de un informe que el periodista Roberto Navarro emitió por la señal de noticias C5N el domingo 26, en la que reveló con datos fidedignos los planes secretos del gobierno nacional.

La revelación de la carta que el embajador Lousteau enviara al congresista norteamericano, Pete Visclosky, es la clave que pone al descubierto una fenomenal compra de armamentos bélicos cuyo listado figura en el anexo que el diplomático adjunto a la misiva. Es preciso aclarar que Visclosky integra con un cargo jerárquico la Comisión de Defensa del Congreso de los Estados Unidos y sería quien maneja el “Foreign Military Sales – FMS”, programa de venta de armas a Fuerzas Armadas extranjeras de los Estados Unidos.

Hay dos preguntas fundamentales que este bloque se formula y que pide que se investiguen: ¿Por qué se está realizando la mayor compra de armas de la historia? ¿Por qué las negociaciones son secretas?

Según indica el embajador Lousteau en la nota enviada y que luego  confirmó, la compra de material bélico sería para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en la cooperación frente a las amenazas globales como el terrorismo internacional. Sin embargo, al advertirse el listado de armas surge que el argumento es falso, ya que el material bélico que estaría en proceso de compra por parte de nuestro país, nada tiene que ver y no resulta para nada idóneo para ese fin.

El embajador también señaló que la Embajada Argentina ofició de nexo entre el gobierno argentino y el de los Estados Unidos y particularmente entre los legisladores argentinos y el congresista norteamericano.

No se comprende la participación de los diputados nacionales del interbloque Cambiemos, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, en las gestiones de compra de armamento. Incluso, la participación del diputado Amadeo no se limitó exclusivamente a la reunión con el congresista norteamericano sino que además hizo un seguimiento vía e-mails con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, preocupándose por la órbita oficial por donde se realizaría la operación comercial.

La justicia deberá investigar porqué las tratativas se hicieron en secreto cuando es importante destacar que existe el Servicio Logístico de la Defensa que es el organismo que asume bajo su órbita la coordinación de las actividades logísticas de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto, en todo lo relativo al abastecimiento, normalización, catalogación y clasificación de efectos y las emergentes del planeamiento militar conjunto (Ley N 22.520).

Por lo tanto, en medio de un país sumido en una recesión económica que el gobierno no reconoce y que el déficit fiscal aumenta, ¿qué lleva al gobierno nacional a destinar multimillonarias sumas de dinero en estos ítems? No tienen dinero para los maestros pero se gastan miles de millones en compra de equipamiento para la guerra.

Se trata de un caso de mala praxis en un parto que dejó con discapacidad a una niña en el Hospital Materno Infantil, dependiente del área que gestiona la esposa de Sergio Massa. Denuncian que el municipio no colabora con la Justicia y que Malena ofreció dinero a cambio de que desistan de la vía judicial.

En las últimas horas volvió a tomar estado público un caso de mala praxis en un parto en el Hospital Materno Infantil de Tigre. Según explican los especialistas, por el cuadro se debía ir a una cesárea y en el Hospital resolvieron avanzar en un proceso natural. Por esa decisión, equivocada de la institución, Soledad, la niña afectada, sufre de parálisis cerebral.

"Iniciamos una demanda civil que apunta a una cadena de responsabilidades. Desde el médico a cargo de la intervención, hasta las autoridades del Hospital y las autoridades del municipio que tienen bajo su órbita a la institución", le dijo a PRIMEREANDO Marcelo Lubiniecky, abogado patrocinador de Jimmy Moscoso Cordova, padre de la niña en cuestión y denunciante.

"Lo curioso es que el municipio no respondió a la actuación legal", agregó el letrado, que ya pidió que se declare al Municipio de Tigre en rebeldía por negarse a colaborar con la justicia y no aportar la información necesaria para resolver el caso.

"Que se declare en rebeldía al municipio implica que pierde la posibilidad de defenderse ante la ley", añadió y especificó que es la primera vez en su trayectoria que afronta una situación de estas características.

Concretamente se trata de dilucidar si, además de los médicos, la Secretaría de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, a cargo de Malena Massa, tiene responsabilidades en los hechos investigados.

La presentación aportó un granito más de arena a una interna que se mantiene velada pero está en pleno crecimiento: Julio Zamora Vs Malena Massa.

Para conocer más sobre lo que está pasando en la gestión, y ante el hermetismo que reina en el palacio municipal, el Bloque de Concejales del FpV de Tigre pidió, a través de un escrito, que el municipio ayude a la Justicia en la investigación judicial y al Intendente, en particular, que investigue si algún funcionario de su gestión cometió algún acto de ilícito penal. La alusión es muy clara, se apunta a Malena y a su actuación ante el caso.

Para reforzar las suspicacias, comenzó a circular, en las últimas, horas la versión de que la propia Malena Massa le pidió personalmente al padre de Soledad que retire la denuncia que corre el proceso judicial. A cambio de ese "gesto" la mujer del actual diputado nacional le prometía casa y trabajo.

Sofía Gala opinó sobre la situación del país y se mostró preocupada por el curso de la economía autóctona. "Pienso en la gente que realmente tiene que salir a un laburo de doce o quince horas por día, todos los días y no llega", agregó.

Sofía Gala Castiglione se mostró preocupada por la situación actual del país y dijo que aún teniendo tres trabajos, le cuesta llegar a fin de mes.

"Tengo tres laburos y no llego a fin de mes", dijo la hija de Moria Casán al programa Desayuno Americano cuando le preguntaron si los problemas en materia económica afectaban al trabajo del actor.

Luego, explicó: "Llego hasta ahí, pero no puedo ahorrar, por suerte tengo trabajo. Veo a mis hijos dos horas por día y sin embargo, no me alcanza".

Además, la actriz que acaba de estrenar Hipersomnia, explicó que la cuestión no pasaba por cómo estaba ella: "Me pasa de pensar en la gente que realmente tiene que salir a un laburo de doce o quince horas por día, todos los días y no llega".

"Está complicado y no es algo nuevo, ¿o me vas a decir que vos estas bien?", agregó repreguntando al notero.

A pesar de todo, la joven actriz no se resigna: "Mis hijos viven acá, siempre tengo esperanza y no le deseo nada malo a Argentina, ni al Gobierno, deseo lo mejor para todos, creo que hay que esperar y siempre hay que tener paciencia".

Además de estrenar este jueves una película, Sofía realiza la obra Confesiones de mujeres de 30, con Tamara Pettinato y Julieta Cayetina.