Para las organizaciones políticas y sociales de Varela, la CSJ falló a favor de la impunidad
A través de un comunicado emitido hoy por más de 60 agrupaciones políticas, sociales y estudiantiles de ese distrito del sur del Conurbano, se repudió el polémico fallo emitido por la Corte y se pide el juicio político a los magistrados que votaron por la reducción de penas a los culpables de los delitos de lesa humanidad.
“Este fallo tiene un grave impacto para los procesos judiciales en marcha y las condenas dictadas a lo largo de diez años, conlleva un debilitamiento en la obligación estatal de prevenir, investigar, castigar y reparar los delitos de lesa humanidad” expresa la misiva firmada por sesenta organizaciones y agrupaciones .
Para los firmantes del documento, “el retroceso que esto implica a todas las conquistas obtenidas en los últimos años en materia de derechos humanos en el intento de equiparar los delitos de lesa humanidad a la categoría de delitos comunes; tirando por tierra la responsabilidad del estado terrorista que mato, secuestro, torturo, violo, desapareció, y que sostuvo un plan sistemático de robo de bebes, delitos que implican una violación a los derechos humanos y son imprescriptibles”.
“No se trata solo de una resolución injusta, que no nos gusta o que nos enoja, sino se trata de una sentencia Ilegal, y de allí su gravedad, lo que implica un inadmisible paso hacia la impunidad”, manifestaron.
Siguiendo esa línea, se exige: “Juicio político contra los magistrados Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz por sus votos en el fallo ´Bignone, Reynaldo y otros s/ Recurso Extraordinario´, aplicando el 2×1 a favor del genocida Luis Muiña”, para luego denunciar “ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la grave situación en la que se encuentra el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad”.
En el documento también se insta a que “los legisladores nacionales, provinciales y locales, a expedirse como bloques y/o cámaras repudiando el fallo dictado por la CSJN”.
“Recordando que en 2010 y 2015 todos los bloques de la Cámara de Diputados de la Nación firmaron declaraciones por unanimidad en las que reafirmaron el compromiso con la continuidad del proceso de Verdad y Justicia como política de estado de carácter irrenunciable”, señalaron.
El texto llama a reafirmar “la obligación del Estado de continuar con los juicios de lesa humanidad para conocer la verdad de los hechos y condenar a todos los responsables civiles y militares” y en ese sentido asegura y reconoce que “los juicios de Lesa Humanidad que se han desarrollado en la Argentina, obtuvieron el reconocimiento mundial por el compromiso de nuestro país por la verdad histórica y la justicia”.
Para finalizar, el docuemnto expresa: “Entendemos que este fallo se debe a la devolución de favores obtenidos en los años 1976 a 1983, que el Gobierno de Mauricio Macri le hace a los Genocidas de la última dictadura cívico militar de la que muchos CEOS que fueron parte y hoy pertenecen a este gobierno se han visto favorecidos como por ejemplo siendo los más emblemáticos, el CEO de Clarín Héctor Magnetto y el mismísimo Mauricio Macri y familia”.
Gentileza: Foto Sur