El analista político analizó en el programa Animales Sueltos las operaciones políticas y mediáticas para que la Procuradora General de la Nación Abandone su cargo. En los estudios de América, el escritor señaló: “El ministerio de Comunicación ya no tiene sentido". Mirá el video.

El periodista, analista y escritor, Jorge Asís, en el espacio que mantiene en el programa de Alejandro Fantino, sostuvo que "La caída de Gils Carbó es el último mandado que Macri le puede hacer a Clarín", señaló Asís. Y agregó: "Él también (por el presidente) se la quiere cargar".

¿Por qué el último?, le preguntó el conductor. "Porque ya le dio todo a Clarín y más. El ministerio de Comunicación ya no tiene sentido", deslizó.

La titular de ese organismo de derechos humanos dijo sentir “tristeza, dolor y vergüenza” por la represión y cuestionó a los dirigentes de la central obrera, que “están atrapados en su propia mierda”. Distintas organizaciones confluyeron en Plaza de Mayo para manifestar su repudio.

Las Madres de Plaza de Mayo realizaron su marcha 2048 junto a los despedidos de PepsiCo, quienes esta mañana fueron brutalmente reprimidos. El presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal enviaron a sus fuerzas de seguridad para desalojarlos de la planta de Florida, en Vicente López, donde permanecían de manera pacífica en reclamo de sus fuentes laborales.

“Me da tristeza, dolor y vergüenza”, dijo Hebe de Bonafini al tomar la palabra y lamentó la ausencia de muchos dirigentes, que están más preocupados por las PASO que por aquellos que pierden su empleo.

“No tengamos miedo, compañeros. Hay que ir a poner el cuerpo. Si te cagan a palos que te caguen, pero por lo menos sos una persona digna. No importa de qué partido sean los que vayan, lo que importa son los hombres y mujeres que se quedan sin trabajo”, remarcó.

Hebe también apuntó contra los triunviros de CGT, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña. “Podemos hacer un habeas corpus a ver si la encontramos”, ironizó y los acusó de hacerse “ricos a costa de los trabajadores”.

“Yo conozco muy bien lo que es la CGT, sé la cantidad de trabajadores que están peleando por su salario y ellos están en silencio. Están encerrados, atrapados en su propia mierda. ¿Qué se creen, que los trabajadores se van a quedar adentro porque ellos no salen? El pueblo va a salir y ya está saliendo”, señaló la presidenta de Madres mientras los manifestantes gritaban “paro general”.

Schmid, Daer y Acuña brindaron más tarde una conferencia de prensa para condenar la represión –luego de unas diez horas de silencio-, pero no hubo convocatoria a ninguna medida de fuerza. Sólo se limitaron a anunciar un plenario para el 22 de julio y una movilización para el 22 de agosto próximo.

Luis Medina, uno de trabajadores de PepsiCo que marchó con las Madres de Plaza de Mayo, contó que “el desalojo fue terrible” y agregó: “A las compañeras las golpearon sin piedad, mujeres obreras que tienen diez, quince o veinte años de fábrica. No hubo un muerto de casualidad”.

“En mis 43 años –continuó- nunca viví algo similar. De esto me hablaba mi papá, que trabajaba en la fábrica Ford en la época de la dictadura, cuando sus delegados fueron desaparecidos. Hoy lo viví en carne propia con mis compañeros y compañeras de trabajo”.

Medina explicó que la multinacional quiere “avasallar los derechos de los trabajadores” y “se siente envalentonada” para hacerlo con un gobierno como el de Macri y una “burocracia sindical” como la del titular del sindicato de la Alimentación, Rodolfo Daer, que “nos dio la espalda”.

“Lamentablemente, los burócratas sindicales no se ponen al frente de la lucha de los trabajadores, entonces los trabajadores de base nos tenemos que organizar. Tenemos que pararle la mano a este gobierno para pocos que viene por todos”, subrayó.

En la marcha se hicieron presentes obreros del Sindicato Químico y de la UOCRA de Zárate, maestros de UTE-CTERA y docentes universitarios de CONADU, estatales de ATE, los Metrodelegados del Subte, bancarios y miembros de la Corriente Federal de los Trabajadores de la CGT.

Otras organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, nucleadas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), también confluyeron en Plaza de Mayo para movilizar con las Madres-Línea Fundadora en repudio de la represión y el despido de los 600 operarios de PepsiCo.

Los diputados nacionales del Frente Para la Victoria (FPV) le piden al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y al Procurador General bonaerense que indague a la jueza que autorizó el desalojo de la planta de la multinacional ubicada en Florida.

Los legisladores del FPV de la cámara baja electos por la provincia de Buenos Aires solicitaron  al Vicegorbernador, Daniel Salvador y al Procurador General bonaerense, Julio Marcelo Conte-Grand, que investiguen el desempeño de la jueza Andrea Rodríguez Menstasty, quien autorizó el desalojo de PepsiCo que terminó con una brutal represión a trabajadoras y trabajadores que defendían sus puestos de trabajo.

La misma nota y solicitud  fue enviada también al presidente de la Cámara de Diputados bonaerenses Manuel Mosca y a la presidenta de la Suprema Corte provincial Hilda Kogan.

En el documento, los legisladores denunciaron a la jueza vinculada a la alianza Cambiemos por “no haber accedido a los reiterados llamados de los suscriptos para poder aportar a una solución pacífica del conflicto”, al tiempo que le cuestionaron haber “avalado la orden de desalojo impulsada  por el Presidente Mauricio Macri y por la Gobernadora Maria Eugenia Vidal, quienes dieron lugar al acuerdo preventivo de crisis que dejó en la calle a cientos de trabajadores”.

El pedido lleva la firma de los diputados y diputadas nacionales  María Teresa García, Juliana Di Tullio, Eduardo “Wado” De Pedro, Andrés Larroque, Carlos Castagneto, Edgardo Depetri, Diana Conti, Rodolfo Tailhade, Francisco Furlan, Adrián Grana, María Fernanda Raverta, Carlos Kunkel, Mayra Mendoza, Rodrigo Rodríguez, María Isabel Guerin, Luis Cigogna, Carlos Julio Moreno y Gustavo Arrieta.

Ambos ministros de seguridad evaluaron el operativo donde fueron golpeados violentamente trabajadores de la fábrica, periodistas y diputados en las puertas de la fábrica de la multinacional. “La Gobernadora siguió todo el tiempo el operativo de desalojo”.

La ministra de Seguridad de la Nación y su par provincial, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo respectivamente, justificaron hoy la represión por parte de la infantería de la Policía Bonaerense contra los trabajadores despedidos de la empresa multinacional en su intento de resistir un desalojo de la fábrica de la que habían sido despedidos.

"El Gobierno de la provincia de Buenos Aires hizo lo que tenía que hacer y actuó", sostuvo la ministra en declaraciones a la prensa.

Desde las oficinas de la Policía Federal en Villa Riachuelo, Bullrich comentó que el Ejecutivo no iba a "aceptar la violencia".

"La policía hizo lo que tenía que hacer, actuar para cumplir con la orden judicial, medidas que se cumplen con el menor uso de la fuerza posible", señaló la funcionaria.

En consonancia con las palabras de Bullrich, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, afirmó que la policía "actuó como tiene que actuar".

"Teníamos la orden de desalojo (de la jueza Andrea Rodríguez Mentaste) y la cumplimos, ya que somos el brazo de la Justicia", alegó.

Según Ritondo, la gobernadora María Eugenia Vidal, siguió todo el tiempo el operativo de desalojo y luego señaló: "Cuidamos que no haya exceso por parte del personal”.

La gobernadora bonaerense luego de colocar deuda a principio del mes pasado, volvió al ruedo y confirmó la emisión de un bono por medio millón de euros y así rompió el record histórico de dinero solicitado por una administración bonaerense.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó hoy a la tarde la emisión de un bono por 500 millones de euros con el argumento de financiar un plan de infraestructura bonaerense. El bono contará con una tasa inicial de rendimiento que se ubicará cerca del 6 por ciento.

El nuevo record de endeudamiento provincial, es un bono a cinco años y medio de plazo, que amortiza el capital en una única cuota al vencimiento -enero de 2023-, que ofrece un rendimiento de 5,5% -cupón de 5,375%- y paga intereses con frecuencia anual.

Según publicó Infocielo, desde la administración de Vidal, explicaron:  "Es la primera provincia argentina que emite en euros desde el regreso de Argentina a los mercados de capitales y vuelve así a acceder a una plaza financiera que ninguna provincia exploraba desde hace más de 15 años".

"Con esta operación se abren las puertas de un nuevo mercado que estaba cerrado desde hace más de una década, y que ofrece un importante potencial de desarrollo para el futuro", aseguraron hoy desde La Plata.

"A pesar de no estar presente en el mercado de euros por más de una década, el interés que despertó la provincia de Buenos Aires en los inversores quedó de manifiesto en la inusual cantidad de propuestas de suscripción recibidas: 270 cuentas con órdenes por un total de EUR 3.200 millones, más de 6 veces el tamaño de la emisión", destacaron desde el gobierno.

Por ley la Gobernadora puede endeudarse por 52 mil millones de pesos anuales durante toda su administración. En la mitad del años, Vidal lleva endeudado más del 75 por ciento del total permitido y se especula que en un año electoral los destinos de esa plata sea para la obra pública de los Intendentes afines a Cambiemos.

A través de un video y con la etiqueta #Asinosepuedeseguir, la candidata a Senadora por el Frente de Unidad Ciudadana tuiteó: "Las trabajadoras de Atucha en Zárate solo piden trabajo, igual que las trabajadoras de Pepsico en Vicente López".

La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se solidarizó hoy con los operarios de la fábrica de PepsiCo de Florida, tras la represión sufrida por centenares de trabajadores que se encontraban ocupando esa planta en defensa de sus puestos laborales.

Acompañando el mensaje con un video en el que distintas trabajadoras contaron su experiencia tras los despidos en Atucha y con la etiqueta "#Asinosepuedeseguir", la exmandataria tuiteó: "Las trabajadoras de Atucha en Zárate solo piden trabajo, igual que las trabajadoras de Pepsico en Vicente López".

El periodista deberá declarar el próximo 3 de agosto en la causa que investiga el posible delito de abuso sexual con acceso carnal. Fue denunciado por tres mujeres. Además, los abogados de las jóvenes evalúan sumar otros 19 testimonios similares.

La causa remonta a mediados del año pasado, cuando las jóvenes se presentaron ante la Justicia para denunciar a Lucas Carrasco. El caso está a cargo del Juez Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 5, Manuel de Campos, quien derivó la investigación en la Fiscalía Nº 2. Fue la fiscalía la que pidió la indagatoria luego de realizar una pericia psicológica a las víctimas.

"En casos como estos, donde se trata de delitos de intimidad, donde no suele haber testigos y además ya pasó un tiempo prolongado, se vuelve muy importante el testimonio de la víctima. La pericia permite determinar la veracidad de esos testimonios", resumió el abogado Matías Busso en una entrevista con el portal AGENCIA PACO URONDO. "Hay muchos testimonios que fueron llegando en este tiempo, que estamos procesando y que vamos a ir incorporando a la causa. Pero el delito más grave es abuso sexual con acceso carnal", agregó.

El ex periodista de Le Monde Diplomatique y del portal Revista Panamá se refirió en las redes sociales a la citación: "Al fin tendré acceso al expediente y podré demostrar con pruebas mi inocencia. Aunque ya fui condenado por lo medios", resumió Carrasco en Twitter.

El ex presidente brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que se presentará en las elecciones del año próximo. "Aquellos que prepararon las mentiras del Golpe contra Dilma no iban a quedarse de brazos cruzados esperando a que nosotros volvamos a gobernar en 2018”, dijo Lula.

Antes de la conferencia, desde el Partido de los Trabajadores anunciaron una movilización en las principales ciudades del país para el próximo 20 de agosto. "Es un golpe a la democracia", resumió el partido. Lula fue condenado sin pruebas en primera instancia a 9 años de prisión. Ahora, un Tribunal Superior deberá confirmar esa condena para que quede firme. Advierten que buscan proscribirlo para las elecciones presidenciales del 2018, cuando todas las encuestas lo ubican en primer lugar.

“Sergio Moro (juez que lo condenó) no tiene que rendirme cuentas a mí, Moro va a tener que rendirle cuentas a la historia. La única prueba que surge de este proceso es la prueba de mi inocencia”, aseguró el ex mandatario.

Y siguió: “Si alguien piensan que con esa sentencia me sacaron del juego pueden saber: estoy en el juego. Quiero decirle a mi partido, quiero solicitarle al PT, que me coloquen como candidato a la Presidencia de la República”. Y concluyó: "Destruyeron todas las conquistas de los trabajadores, la industria nacional, la Petrobras. Señores de la casa grande, cuando este país no tenga más solución, permitan que alguien vuelva a poner a los pobres en el presupuesto público".

El ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal brindó una conferencia de prensa donde resaltó el trabajo de la Policía Bonaerense y culpó a los obreros por la violencia. Los trabajadores de prensa denunciaron que también fueron golpeados.

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, defendió tajantemente la represión de la policía contra los trabajadores de Pepsico en la planta de Florida y resaltó que la fuerza de seguridad "actuó como tiene que actuar ante una orden de la Justicia".

"Cuando uno tiene 15 policías heridos, se sabe de dónde viene la violencia", manifestó el funcionario y remarcó que una agente de Infantería sufrió una lesión "muy grave, con fractura expuesta" de una pierna a raíz de una agresión.

Asimismo, en declaraciones a la prensa, precisó que los detenidos "son tres" y remarcó: "Cualquier exceso que yo vea, va a ser sancionado, pero creo que la Policía actuó como tiene que actuar".

Mientras Mauricio Macri realizaba una actividad con la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich sin brindar declaraciones sobre una nueva represión de su Gobierno, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley tomó la palabra y señaló que "el ministro de Trabajo se está ocupando hace tiempo, está trabajando como en todos los casos cuando sucede esto, está trabajando el Estado para que esto salga de la mejor manera".

Por su parte, los trabajadores de prensa denunciaron que fueron golpeados durante el operativos y que las fuerzas de seguridad no los dejaron transmitir lo que ocurría en la planta durante el violento desalojo.

El fiscal Gabriel De Vedia solicitó que se haga extensiva “a todo el país” la medida cautelar por la que una jueza de la seguridad social ordenó que se le vuelva a pagar una pensión a la madre de una persona con discapacidad.

De Vedia, de la Unidad Fiscal de la Seguridad Social (Ufises), presentó un recurso ante la jueza federal Viviana Patricia Piñeiro, porque la jueza declaró su “incompetencia territorial”, para extender su resolución a todos los casos en la Argentina.

Piñeiro ordenó que, en el plazo de ocho días, se restablezcan las pensiones no contributivas dadas de baja por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que, como el caso, correspondan a la jurisdicción de la localidad bonaerense de San Martín, donde dispuso enviar el expediente luego de declarar su incompetencia.

En este expediente, la mujer que efectuó el reclamo lo hizo también en nombre de un colectivo con situaciones similares, pero la jueza advirtió que el domicilio de la demandante era en el partido bonaerense de San Martín.

En ese marco, el fiscal De Vedia pidió que se revoque la “limitación” de la medida cautelar, para que se haga “extensiva a todos los afectados por el marco normativo aquí denunciado, cualesquiera resulte el lugar del territorio argentino en el que se encuentren”.

En este sentido, indicó que el litigio “se da entre el afectado y sus colaboradores, y el Estado demandado”, y sostuvo que, “de la sentencia que los mismos obtengan en este pleito, de ser el resultado favorable, se beneficiarán todos los afectados del país”.

Para fundamentar su postura, el representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que este tipo de procesos trata sobre “derechos constitucionales, convencionales y leyes de orden público”.