El texto borrador que presentará el ministro Triaca ya circula en el ambiente sindical. El Gobierno había prometido que no enviaría una reforma laboral integral, sino que trabajaría por sector. "Es el peor retroceso desde la dictadura" le dijo un abogado laboralista a Primereando.
El ministro de Trabajo Jorge Triaca enviará esta semana al Congreso de la Nación un proyecto de reforma laboral cuya base está centrada en una iniciativa que elaboró a principios de año el secretario de Empleo Miguel Ponte.
Más allá de los acuerdos sectoriales que firmó el Gobierno -el primero que fue el de Vaca Muerta en enero pasado y el último el firmado ayer con el sector lácteo-, se está preparando un cambio a la brasilera y eso es lo que se desprende del Proyecto al que pudo acceder Primereando.
En la reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso habrá un cambio en la definición del concepto de salario del trabajador. Dicho de otra forma, se buscará separar el salario de los beneficios que otorga el empleador a un trabajador, para de esa manera "abaratar" las indemnizaciones.
Esta redefinición del salario tendrá como objetivo limitar las demandas salariales indemnizatorias que desde fines de los 90 incluyen rubros llamados no dinerarios o beneficios que dan las empresas a los trabajadores, como celulares, vehículos y medicina prepaga.
Además la reforma laboral buscará dar fin a las llamadas acciones denominadas por solidaridad. Esas demandas son las que incluyen no solo al empleador de la actividad del trabajador sino también a la empresa que desarrolla la actividad principal. En la actualidad un trabajador puede hacerle juicio a su empresa pero también a la que desarrolla la actividad principal, y suelen ser el único reaseguro que tiene el personal tercerizado.
Un abogado laboralista consultado por Primereando explicó que se trata de la reforma laboral "más importante desde la dictadura" y especificó que "modifica a la baja media Ley de Contrato de Trabajo".
El proyecto buscará reducir los montos efectivamente percibidos por los trabajadores a través de indemnizaciones judiciales para desalentar la litigiosidad laboral. La renovación de los jueces del fuero laboral será otra de las jugadas que buscará el Gobierno para poder lograr su objetivo.
La intención es incorporar unos 300.000 trabajadores a la economía formal por medio de los beneficios y facilidades que se les dará a los empresarios. Entre estos se pueden nombrar la caducidad de las multas por personal no registrado, el descuento en aportes patronales y una especie de inmunidad frente a juicios penales.
También habrá una reducción de los aportes patronales para los primeros $ 10.000 de sueldo de cada trabajador del sector privado. Esa diferencia la aportará el Tesoro nacional como una forma de incentivar la contratación de personal nuevo. Este beneficio ya funciona para pequeñas y medianas empresas pero el proyecto de Reforma Laboral incluirá también a las grandes empresas.