Son cerca de 5 mil jueces y los diplomáticos que cobran entre 121 y 186 mil pesos por mes sin pagar ganancias, que significa cinco veces más que un sueldo docente.

Un análisis del Centro de Economía Política Argentina, respecto de las reformas previsionales que quiere encarar el Gobierno nacional, pone al desnudo el modelo para ricos de Mauricio Macri y responde cuanto le cuestan al estado las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos, tanto en actividad como retirados.

Según el CEPA, los haberes de los 4.757 jueces retirados de la actividad le cuestan al estado unos 7.480 pesos por año, a razón de 121 mil pesos por mes y por persona. El caso de los diplomáticos retirados es significativamente menor pero cualitativamente mayor: son unos 353 jubilados que perciben en promedio 187 mil pesos y le cuestan al Estado 857 millones por año. En total, el “costo fiscal” que conlleva mantener sus jubilaciones equivale al 20 por ciento de la masa educativa, que comprende a 121 mil beneficiarios.

Vale aclarar, que en el caso de los aumentos de las jubilaciones de privilegio de los jueces, es la Corte Suprema la variable de ajuste, ya que al “autodeterminarse” los salarios, funcionan como base del cálculo de haberes previsionales. Para el caso de los diplomáticos que gozan de la jubilación de privilegio, los aumentos rigen directamente por un decreto de la dictadura que define que la jubilación seria del 85% “de la remuneración total asignada a la categoría de mayor jerarquía desempeñada en el Servicio Exterior de la Nación durante un período mínimo de cuatro (4) años continuos o discontinuos”.

Para obtener una idea de la proporción del costo fiscal que sostiene a las jubilaciones de privilegio, el monto total equivale al asignado durante todo 2017 a la Dirección Provincial de Vialidad, en un año "récord" en inversión de obra pública.

El principal reclamo de los trabajadores tiene que ver con una recomposición salarial, “el 19% no alcanzó”, anunciaron en relación al aumento que obtuvieron a principio de año. Además, reclaman un bono de fin de año superior al de 2016.

Conmoción en la Legislatura. Esta tarde, durante el informe del Jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, y luego de cortar la luz, el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) , la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), ingresaron al recinto con bombos, suspendiendo la sesión, en reclamo de una recomposición salarial mayor al 19% ofrecido por el gobierno para 2018, y un aumento del bono de fin de año de 700 pesos.

A su vez, enmarcada en las políticas de "austeridad" de Cambiemos, la Vicepresidenta 1° de la Ciudad, Carmen Polledo, propuso un único bono de 700 pesos, muy lejos de los 2 mil pesos otorgados en 2016, y más lejano aún del bono de 6 mil pesos que dio Cristian Ritondo en uno de sus últimos actos de gestión en la Ciudad.

Según fuentes legislativas al medio Nueva Ciudad, los mismos diputados de Cambiemos le sugirieron a Polledo que otorgue más dinero dado que si la medida continúa no se podría votar el Presupuesto esta semana. Por otra parte, aseguraron que desde las autoridades de la Legislatura les dijeron que de tomar el recinto “actuaría la Justicia”.

Por Eduardo M. Basualdo y Pablo Manzanelli * para Página/12.

Toda política económica requiere ineludiblemente una fuente de financiamiento. El gobierno de Cambiemos no es una excepción ya que el financiamiento del ajuste económico que está llevando a cabo la encuentra en el endeudamiento externo. Ello implica un giro copernicano respecto al gobierno anterior en tanto su política económica se sustentaba en los recursos internos que, entre otras cuestiones, le permitió llevar a cabo un notable desendeudamiento externo. Pero ese financiamiento de Cambiemos no es distinto al que prevaleció desde la última dictadura militar y que colapsó en la gran crisis de fin de siglo.

Una reciente publicación del Área de Economía y Tecnología de la Flacso y la editorial Siglo XXI se ocupa de analizar el endeudamiento y la fuga de capitales desde la dictadura a la actualidad (“Endeudar y fugar. De Martínez de Hoz a Macri”). Sobre esa base es posible comparar con una misma metodología el comportamiento de ambas variables en el primer año de Cambiemos respecto a las últimas cuatro décadas. Con tal finalidad en el gráfico se presenta el incremento anual de la deuda externa pública en dólares constantes de 2016.

Así, se puede constatar que el endeudamiento externo de 2016 es inédito ya que no sólo va en el sentido contrario al seguido por el gobierno anterior sino que al llegar a 43,6 mil millones supera largamente los picos de endeudamiento anual alcanzados desde 1976. En efecto, es prácticamente el doble del endeudamiento estatal contraído durante la guerra de Malvinas en 1982 (21,4 mil millones de dólares) y más elevado que el de 2003 cuando llegó a 19,2 mil millones de dólares de 2016 como resultado del salvataje al sistema financiero y la asistencia a las provincias en el marco del agotamiento de la valorización financiera y la crisis de la Convertibilidad. Es apropiado destacar que se trató de los dos momentos de mayor endeudamiento externo desde 1976 y que ambas instancias, por distintos motivos, fueron contemporáneos a profundas crisis económicas, políticas y sociales.

El proceso de endeudamiento bajo la administración macrista no se detuvo en ese año ya que el último dato disponible indica que la deuda externa pública creció en términos netos en 14,4 mil de millones de dólares en el primer trimestre de 2017. Es decir, que en un año y un trimestre del gobierno de Cambiemos el incremento de la deuda externa alcanza a 58 mil millones de dólares, lo cual no está demasiado lejos de toda la deuda externa contraída durante la dictadura militar (78,8 mil de millones entre 1976 y 1983) a valores de 2016.

Este nuevo endeudamiento no estuvo orientado a financiar proyectos de infraestructura o a sustituir importaciones, sino que tuvo una finalidad similar a la que experimentó durante la valorización financiera: sólo una parte minoritaria estuvo destinada a incrementar las reservas, ya que la mayor parte se dedicó a enfrentar obligaciones externas –entre las que se cuenta el pago a los fondos buitre–, a cubrir parte de un creciente déficit fiscal y sustentar las divisas provenientes de la fuga de capitales al exterior.

La fuga de capitales locales al exterior alcanzó a 11,7 mil millones de dólares en 2016, lo cual implica un crecimiento de más del 50 por ciento respecto al registro de 2015 y 2014. Se trata de un volumen que, medido a valores de 2016, es similar al promedio anual del ciclo kirchnerista (11,6 mil millones), inferior al promedio del decenio de 1990 (13,8 mil millones), y superior tanto al septenio 1983-1989 (4 mil millones) como a los registros de la última dictadura militar (10,4 mil millones de dólares a valores actuales).

No debe soslayarse que el monto de la fuga de capitales en 2016 se vio morigerado por el impacto del blanqueo de capitales (ingresaron en forma líquida al país 7,5 mil millones depositados en cuentas bancarias con obligación de permanencia por 6 meses) y obviamente por las elevadas tasas de interés de las Lebac.

El actual gobierno puso en marcha un mecanismo de valorización financiera interna, es decir en pesos, pero con altos rendimientos en dólares dada la estabilidad del tipo de cambio (con el reaseguro del dólar futuro). Se trata de una modalidad similar a la valorización financiera del período 1976-2001 pero con peculiaridades propias. En ese entonces, lo central era el diferencial positivo de la tasa de interés local respecto a la vigente en el mercado financiero internacional. Bajo la administración de Macri se asiste a una sumamente elevada tasa de interés local fijada directamente por el Banco Central mediante las Lebac y la combinación entre la estabilidad del tipo de cambio y el mercado del dólar futuro. De esta manera, la persistente valorización financiera de capital conllevó un notable incremento del stock de Lebac, que al 31 de julio superó en un 12 por ciento a las reservas internacionales y a la base monetaria.

Se expresa así el escaso margen de maniobra que tiene el actual planteo económico para evitar que los inversores privados dolaricen sus carteras y presionen aún más sobre el tipo de cambio. Se trata de una encrucijada generada por la propia política económica cuya resolución no se avizora con claridad pero todas las alternativas posibles coinciden en un punto: suponen situaciones críticas.

* Investigadores del Area de Economía y Tecnología de la Flacso.

Así lo confirmaron desde SUTEBA, que nuclea a los docentes de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, se plegarán a la medida de fuerza convocada para mañana por CTERA para reclamar contra las reformas laboral y previsional macristas. Además, los gremios se movilizarán al Congreso nacional.

Mañana, miércoles 29, gremios de la CGT y de la CTA se movilizarán para exigirle a los legisladores nacionales que no aprueben el paquete de medidas que el Ejecutivo envió al Parlamento. El énfasis está puesto en las reformas laboral y en la previsional. "Vamos a defender los derechos que hemos logrado gracias a la lucha de todos los docentes", recordaron desde SUTEBA. Pidieron a los maestros que se sumen a la marcha sindical.

La medida de SUTEBA se da mientras comienzan las negociaciones salariales entre los docentes y la provincia de Buenos Aires. La gobernadora María Eugenia Vidal pretende aumentos en torno al 10%, lo que es rechazado por los gremios. Esta semana se verán las caras por primera vez. La negociación no será sencilla.

Mientras, se espera que la de mañana sea una jornada intensa: además de la CTA y gremios de la CGT, se sumarán a la movilización movimientos sociales y políticos. Se espera más de 100 mil personas. "Esperemos que el Partido Justicialista se sume a la marcha de los trabajadores, el peronismo no puede ser cómplice del ajuste", aseguró el diputado nacional y líder de los Curtidores, Walter Correa.

Ricardo Colombi se cayó y se golpeó jugando al fútbol con nenes del Club Social y Deportivo La Bahía de Corrientes.

El Gobernador adivinó el palo al que iba a patear, sin embargo, como el tiro fue bien esquinado, el funcionario no pudo detener el balón. La pelota no terminó en la red sino que fue interceptada por otro chico que estaba detrás del mandatario.

Por la inercia que tomó el Gobernador al correr hacia la pelota, no pudo contener sus propios pasos y cayó al pasto.

Mirá el video:

Así lo aseguró Cristina Fernández de Kirchner en las redes sociales para volver a cuestionar el paquete de reformas que propone el gobierno de Mauricio Macri. Mañana, CFK asumirá como senadora nacional por la mañana. A la tarde, una masiva marcha sindical y social se reunirá en el Congreso para repudiar el ajuste laboral que quiere llevar adelante Cambiemos.

Cristina realizó un posteo donde recordó las diferentes leyes de flexibilización que se llevaron adelante en la década de los 90. Además, midió su impacto en términos de crecimiento del desempleo. "En 1991 se sancionó la 'Ley de Empleo' impulsada por el Ministro de Trabajo Jorge Triaca, padre del actual. Igual que ahora, se reducían derechos con el argumento de que eso iba a permitir crear trabajo. En menos de dos años se duplicó el desempleo, que pasó del 6,6% al 10%", recordó CFK.

"Después vino la 'reforma' del 98, impulsada por Erman González en el final del menemismo. Allí, 5 diputadxs peronistas nos plantamos y negamos el quórum durante un mes al cabo del cual, en una sesión vergonzosa, lograron la aprobación", siguió Cristina. "En el 2000, durante el gobierno de la Alianza, sancionaron la Ley Banelco a fuerza de sobornos. Nuevamente, un grupo de diputadxs peronistas -más amplio que en el 98- nos opusimos", insistió.

Agregó la dos veces presidenta argentina: "En el 2001, a tantas 'reformas laborales' destinadas a 'crear trabajo' le siguió la crisis: default de la deuda soberana y récord en desocupación –más del 22%", describió.

Por su parte, CFK defendió el modelo llevado adelante por las administraciones kirchneristas: "Desde el año 2003 al 2014 se aprobaron en el Congreso 48 leyes laborales. Todas fueron para ampliar derechos laborales y recuperar los perdidos. En el 2015 la desocupación era del 5,9%, la más baja desde hacía décadas", afirmó.

Y concluyó: "La Argentina circular. Hoy estamos volviendo al pasado, con debates que atrasan e ideas que fracasaron acá y en el mundo. Este debate debería estar saldado para los argentinos, que nos merecemos seguir caminando hacia adelante".

En una reunión de Gabinete, el presidente Mauricio Macri respaldó a su ministra de Seguridad por el operativo de Prefectura que terminó con el asesinato de un joven de 22 años y varias personas heridas con bala de goma. Además, se indignó porque los efectivo debieron pedir autorización para usar armas de fuego: "¿Cómo que en medio del operativo llamaron para ver si podían usar sus armas? ¡Esto no pasa en ningún lugar del mundo!", gritó.

Ese diálogo entre el mandatario y sus principales funcionarios fue reseñado por Clarín. Pidió un "cambio cultural" en las fuerzas de Seguridad. Nada dijo sobre la posibilidad de que los prefectos hayan matado a una persona desarmada, como aseguraron desde la comunidad mapuche. Rafael Nahuel, el chico abatido por los agentes federales, fue herido por la espalda. Además, no había resto en su mano de pólvora, lo que indica que no había disparado un arma letal, como afirmaron los prefectos.

Por su parte, hoy se supo que la iglesia de Bariloche pidió "diálogo" para evitar "más muertos". Además, negó que la comunidad agredida por prefectos tenga algo que ver con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). “Me parece que están armando un enemigo”, aseguró el obispo local, Juan José Chaporro, sobre las últimas afirmaciones temerarias de Patricia Bullrich.

“Hay gente que vivía en un lugar y que luego se fue endeudando hasta que de repente no tenían más ese terreno y comenzaron a buscar otros lugares para vivir. Algunos de ellos, pudo haber impulsado la toma de un territorio, como ocurre con predios del Gran Buenos Aires. Pero de ahí a que se trate de un ejército organizado con armas de grueso calibre, hay una distancia muy grande”, graficó el obispo. Para el Gobierno de Cambiemos, se trata de acciones de una "guerrilla armada".

Así lo aseguró Walter Correa, líder del sindicato de Obreros Curtidores y diputado nacional electo por Unidad Ciudadana. "Soy afiliado al PJ de la provincia y la verdad me gustaría que estas nuevas autoridades adhieran y que también se movilicen, es el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestro conductor histórico”, aseguró. El partido Justicialista bonaerense, ahora conducido por Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, no sentó posición sobre la movilización.

"Nuestra marcha es en defensa de los derechos de los trabajadores. Juan Perón fue el primero que sentó en la mesa de discusión a los trabajadores, antes sólo estaban los patrones. El mejor homenaje que podemos hacerle a Perón es defender el trabajo. Eso es lo que quiero como peronista", insistió.

Además, Correa celebró la amplia participación sindical y social que tendrá la marcha del 29 de noviembre. "Es una convocatoria muy amplia. Está la base, por supuesto, pero hay muchas organizaciones, desde la CGT, hasta la CTA y los movimientos sociales. Hoy tuvimos una reunión donde participaron gremios de Tierra del Fuego. La mayoría de las organizaciones sindicales se oponen a las reformas del macrismo", señaló.

En diálogo con AGENCIA PACO URONDO, el dirigente sindical aseguró que también participaran empresarios: "No solo los trabajadores nos oponemos al ajuste, también muchos empresarios, sobre todo los que viven del mercado interno, que saben a donde llevan estas políticas y cómo los va a afectar. La situación de la industria es alarmante, nos están llevando al pre-peronismo", agregó.

Por último, se refirió al rol de Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso, ya que asumirá el mismo 29 como senadora nacional. "Ella va a estar junto a nosotros, peleando desde su lugar en el Congreso. Es el tercer embate de la oligarquía y lo vamos a resistir. Cristina va a tener un rol fundamental en ese sentido", concluyó.

Mañana, se espera una multitudinaria marcha de gremios y movimientos sociales contra las reformas previsional, laboral e impositiva que propone el Gobierno nacional. Será a las 15 frente al Parlamento.

Según el medio oficialista, la administración de Cambiemos propondría un nuevo recorte en la plantilla pública, del orden del 18% del total. Desde el gremio ATE vienen advirtiendo sobre ese intento macrista que ahora fogonea Clarín. El responsable del ajuste es Andrés Ibarra, jefe de Modernización (foto).

En un artículo firmado por Marcela Pagano, el diario de Héctor Magnetto cita un supuesto "informe de dotación óptima" en la que se solicita a los ministros cuántos empleados son "deseables" en cada dependencia. Según ese relevamiento, "sobran" 19 mil trabajadores en la administración pública nacional. Además, el Gobierno tendría el objetivo de incluir casi 16 mil despidos más.

En la nota, Clarín advierte que para fin de año terminan los contratos de 80 mil empleados, un poco menos de la mitad del Estado nacional. Siempre según el medio oficialista, el brutal ajuste incluirá 680 cargos que tienen altos salarios.

Lo "informado" por Clarín es contradictorio con lo realizado hasta el momento por el propio gobierno nacional desde diciembre de 2015: en dos años, aumentaron los puestos públicos, sobre todo en el nivel más alto, donde abundan los sueldos superiores a los 40 mil pesos. El macrismo creó en solo dos años 5 ministerios, 20 secretarías y 38 subsecretarías. Además, multiplicó las direcciones nacionales y generales, las unidades administrativas y las coordinaciones generales.

Por su parte, desde el gremio ATE Capital se declararon hace semanas en estado de "alerta y movilización" porque creen que el ajuste en el Estado caerá sobre los empleados con menor remuneración y situación contractual más precaria, como ocurrió en diciembre de 2015. "Vamos a crear trincheras en todos los ministerios, si nos tocan a uno, nos tocan a todos", advirtió el gremio, que viene realizando jornadas de protestas.

Así lo dijo Carlos del Valle Rojas, académico de la Universidad de La Frontera, quien se encuentra de este lado de la Cordillera en momentos de una escalada represiva contra las comunidades originarias que ya dejó dos muertos en menos de cuatro meses.

(Por Fernando M. López *) El año 2017 comenzó con una brutal represión a los mapuches de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut. Meses más tarde, tras una reunión bilateral entre los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, era encarcelado el líder de esa misma comunidad, Facundo Jones Huala, con pedido de extradición desde Chile. El 1º de agosto, en medio de otro salvaje operativo de Gendarmería, moría Santiago Maldonado. Mientras velaban al joven de veintiocho años en la localidad bonaerense de 25 de Mayo, el sábado pasado, el Grupo Albatros de la Prefectura asesinaba de un tiro por la espalda a Rafael Nahuel, un carpintero de veintidós años que se había acercado hasta la Lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, en Río Negro, para acompañar a familiares y amigos que reclaman esas tierras ancestrales como propias.

Si bien la autopsia determinó que la bala que puso fin a la vida de Nahuel era una 9mm de las utilizadas por la fuerza federal, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Germán Garavano, salieron a justificar el accionar de Prefectura, tal como lo hicieron anteriormente con Gendarmería en el caso Maldonado.

“Nosotros no tenemos que probar lo que hace una fuerza de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. La Prefectura Naval fue a enfrentarse con un grupo violento”, dijo Bullrich, agitando una vez más el fantasma de la “RAM” y el “terrorismo”.

Un virulento discurso oficial que es acompañado por el constante bombardeo mediático de Clarín y cía., que hablan de comunidades mapuches “infiltradas por miembros de grupos extremistas trasandinos con mayor conocimiento de conflictos guerrilleros” y hasta de vínculos con “kurdos de origen turco”. El colmo del absurdo lo consignó ayer la periodista Natasha Niebieskikwiat al asegurar que Abdullah Öcalan había sido visto en Neuquén, Río Negro y Chubut, cuando en realidad el líder del Movimiento Kurdo de Liberación (PKK) se encuentra preso en la isla turca de Imrali desde 1999.

“Se trata del mismo escenario que se montaba a finales de los noventa en Chile, cuando los mapuches pasaron de ser grupos que se movilizaban socialmente para recuperar sus tierras a ‘terroristas fuertemente armados’ e ‘infiltrados internacionalmente’, aunque eso nunca resultó comprobado”, dijo al diario Contexto Carlos del Valle Rojas, director del Doctorado en Comunicación de la Universidad de La Frontera (UFRO).

El académico chileno se encuentra en Argentina para dictar una serie de conferencias sobre sus investigaciones en torno al proyecto civilizatorio latinoamericano y el rol de la prensa hegemónica y la literatura de élite en la construcción del “enemigo íntimo-interno”.

-¿Concuerda con quienes denuncian la existencia de una coordinación entre Argentina y Chile para arremeter contra los mapuches?

-Absolutamente. Esto tiene sus raíces más profundas en la segunda mitad del siglo XIX, con dos episodios protagonizados por ambos Estados a través de sus ejércitos, que son la Campaña del Desierto y la Pacificación de la Araucanía, muy coincidentes. Desde ese momento se vio un trabajo coordinado, cuyo propósito era directamente eliminar a la población indígena. Lo que uno puede observar hoy es un rebrote sobre el grupo que históricamente ha tenido como territorio ancestral lo que llaman el Wallmapu, que comprende el sur de Argentina y Chile. No cabe duda de que los Estados nacionales actúan de manera coordinada para criminalizar al pueblo mapuche, llevando el tema hacia un problema de seguridad del Estado.

-¿Cómo se dio ese rebrote represivo en Chile?

-Ha tenido algunos momentos bien diversos. En 1997, cuando se produce una primera movilización fuerte por parte de las comunidades indígenas, el Estado nacional decide aplicar leyes de excepción, como la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad del Estado. Este ciclo tiene otro momento muy fuerte en el año 2002, cuando muere el primero de los mapuches que estaban movilizados. Desde ese momento hasta ahora, se registraron dieciséis o diecisiete mapuches muertos. Con los distintos gobiernos fue variando quizás el énfasis, pero invariablemente la postura es que no se trata de un problema de tipo político sino judicial, de manera tal que, ante cualquier movilización o protesta, los tribunales invocan esas leyes de excepción.

-La Ley Antiterrorista data de la dictadura de Pinochet…

-Sí, es una ley que no se ha replanteado aun cuando el Estado chileno recibió un fallo adverso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que debe ser revisada y dejar de aplicarse contra las comunidades indígenas. De acuerdo con el análisis que hace la Corte, de las diecisiete ocasiones que se aplicó la Ley Antiterrorista desde el año 2000, doce eran en forma específica contra grupos mapuches. El principal dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), por ejemplo, estuvo preso ocho años por la aplicación de esa ley.

-Es la misma que quieren aplicarle a Jones Huala en caso de lograr su extradición.

-Claro, es lo primero que van a intentar usar. Pero cada vez se les hace más complicado y no sólo por el fallo internacional. Hace poco menos de un mes hubo un fallo del Tribunal de Temuco que termina absolviendo a los once mapuches que habían sido acusados por la Ley Antiterrorista. Es el primer caso desde 1997, y el principal fundamento fue que no existía evidencia de ese carácter. Entonces, es muy probable que tanto los tribunales como el Estado estén ahora replanteándose si conviene o no esa línea para poder obtener los resultados que ellos esperan.

-¿Cuáles son los principales intereses detrás de la persecución a los mapuches en Chile?

-Empresas hidroeléctricas en el Alto Biobío, en la VIII Región, y en el caso de la Región de la Araucanía el tema está relacionado con las empresas forestales, en su mayoría transnacionales, un extractivismo que estas empresas no están dispuestas a perder. Finalmente, lo que está en juego son conflictos que involucran intereses privados pero que se justifican desde el Estado nacional como si fueran problemas de orden público.

-¿Por qué cree que hay tan poca predisposición de los gobiernos de Argentina y Chile a resolver estos conflictos en una mesa de diálogo?

-Cuando el Estado se pone en esa postura insensible e intransigente, no va a avanzar mucho en ningún tipo de diálogo. Lo curioso es que, tratándose de comunidades indígenas, esta intransigencia se mantiene hasta el final, cosa que no ocurre con otro tipo de conflictos, con otros actores. Acá también tenemos una suerte de abuso de poder. Pero creo que todo esto tiene que ver con la historia que se carga encima, porque lo ocurrido en la segunda mitad del siglo XIX es la intervención de los Estados nacionales con una necropolítica, que implicaba matar a los indígenas sin ninguna otra discusión, un proyecto civilizatorio de países blancos y occidentales. Cambiar eso significaría en el fondo cambiar la historia también.

(*) Tomado del diario Contexto de La Plata.