El dirigente sindical Hugo Moyano se presentó ante la Justicia para denunciar al ex presidente Mauricio Macri por la supuesta comisión de los delitos de “actividades ilegales de inteligencia, asociación ilícita e instigación al prevaricato” en la causa que investiga las denuncias contra la “mesa judicial” de funcionarios de Cambiemos señalada por intervenir en causas sensibles para aquella gestión.
A través de un escrito del abogado penalista Daniel Llermanos, el camionero se presentó junto a su hijo mayor, Pablo, en el expediente que tramita en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti y pidió ser tenido como parte querellante, es decir para impulsar la investigación.
Junto a Macri la presentación denuncia también al exjefe de Gabinete Marcos Peña, a los exministros Patricia Bullrich, Jorge Triaca y Germán Garavano, al extitular de la AFI Gustavo Arribas (con otros exfuncionarios de esa área como Sebastián Di Stéfano y Fernando Di Pascuale), y a otros miembros de la denominada “mesa judicial macrista” como Pablo Clusellas, Fabián Rodríguez Simón, Bernardo Saravia Frías y José Torello, en el orden nacional.
Involucra además al procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, y al exministro de Seguridad porteño Martín Ocampo. De igual modo, a los fiscales de Lomas de Zamora Sebastián Scalera y Pablo Rossi. Los Moyano mencionan también a periodistas, en particular a Luis Majul y también a Alfredo Leuco y Jorge Lanata, como aparentes engranajes de las maniobras.
“El denunciado, Mauricio Macri, en la convicción de que Hugo y Pablo Moyano constituían un estorbo para sus planes de flexibilización laboral y endeudamiento público del país, ha ejecutado desde junio de 2016 hasta la fecha, valiéndose de fondos del Estado y de la activa colaboración de miembros de la AFI, del Ministerio de Seguridad y de periodistas un plan sistemático, criminal destinado a lograr el silenciamiento de la oposición política y/o ideológica, el previo desprestigio público de los denunciantes mediante reiteradas maniobras de falsificación material y/o ideológica de expedientes judiciales, tráfico de influencias y extorsión a personas privadas de libertad ordenando montar paralelamente políticas de confiscación del patrimonio de la entidad gremial de Camioneros, como asimismo el vaciamiento de la obra social”, apunta el escrito.
