Este miércoles la titular de la UFI N°17, Eugenia Di Lorenzo, emitió una resolución que destroza los argumentos de Carolina Píparo, la funcionaria platense y diputada provincial, denunciada e investigada por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Aunque la fiscal consideró “prematura” la imputación contra Píparo que presentaron los abogados Martín de Vargas y Rodolfo Baqué, defensores de los motociclistas atropellados, Di Lorenzo promete “tenerla presente toda vez que se encuentran medidas pendientes de producción”. En su resolución esgrime una serie de elementos que permitirían avanzar en esa dirección y manifiesta que “resultaría, al menos poco ético, que la denunciada” permanezca en su cargo.
Según detalló el portal Diputados Bonaerenses, dentro de la resolución de Di Lorenzo también se lee que Buzali “embiste con intención de darle muerte” a Luis Lavalle e Iván Coronel, quienes ocupaban la Honda XR250 que luego la pareja arrastraría por 300 metros, y remarca que Píparo y su esposo abandonan “a su suerte”.
En ese sentido, la fiscal señala que Buzali se da a la fuga “siendo arengado por Carolina Píparo, quien refirió en el marco de la investigación de referencia: ‘le metí mucha presión para escapar porque las motos seguían atrás’, evidenciando un notable desinterés por parte de la sindicada, hacia la situación de salud en que habían quedado las víctimas”.
De esta forma, la fiscal Di Lorenzo sostiene que Píparo “arengó” a su esposo “omitiendo el auxilio debido, sin siquiera solicitar al menos una ambulancia a fin que las asistieran, ni efectuar un llamado al servicio de emergencias del 911 dando cuenta que acababan de atropellar a dos personas”.
Para la fiscal, ese accionar de la diputada provincial “reviste gravedad institucional y resulta ser de interés público, atento el carácter no sólo de funcionario público que reviste la sindicada, sino puntualmente en relación al cargo de Secretaria del Centro de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género”.
“Lejos ha quedado con su proceder, la bandera de los principios rectores de la Institución a la que Píparo debiera representar, establecidos por ley 27.372 y modificatorias, la que reza respecto a los principios rectores a fin de garantizar los derechos y facultades de las víctimas de delito penal”, agrega Di Lorenzo.
De esta manera, la investigación continúa en curso y se siguen incorporando elementos para determinar si Píparo incurrió en el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público”, que prevé inhabilitación para la función pública y multas.
En paralelo a la decisión que tome la Justicia, desde el plano político parece que el intendente de La Plata, Julio Garro, decidió pagar el costo político que implica mantener en el cargo de secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género a Píparo, pese a que un centenar de agrupaciones vinculadas a las víctimas de delito hayan pedido su dimisión.
