Es por la causa que investiga el envío de armas disuasivas y de fuego a la vecina nación. Las mismas fueron utilizadas para reprimir masivas movilizaciones contra el golpe de Estado de 2019.

La causa en la que se investiga el contrabando de municiones a Bolivia en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales avanzó en los últimos días con la recepción del testimonio de los gendarmes que viajaron en el mismo avión militar que los pertrechos, y los efectivos aseguraron haber visto las cajas y negaron haber realizado disparos de práctica.

“Nosotros no hicimos ningún tipo de entrenamiento”, declaró ante la justicia, bajo juramento de decir la verdad, el gendarme Antonio Brito, quien integró el equipo especial Alacrán que en noviembre de 2019 viajó a Bolivia con la misión de proteger la embajada argentina en ese país, la residencia del embajador y a quienes habitaran ambos inmuebles.

La respuesta de Brito, que repitieron además todos los gendarmes que viajaron con él y los que integraron los siguientes contingentes de efectivos desplazados a Bolivia, permitió a los investigadores desmentir la versión que afirmaba que las municiones que viajaron de Argentina a la nación andina no volvieron al país porque se consumieron en prácticas de tiro.

Las declaraciones de los gendarmes que viajaron con los pertrechos investigados permitieron a los investigadores, además, reconstruir parte del derrotero seguido por estas municiones hasta llegar a Bolivia.

Habrían salido de destacamentos de la propia gendarmería y fueron cargadas en el Hércules C-130 por personal de la Fuerza Aérea para finalmente –y según las denuncias del caso- pasar a manos de las fuerzas de seguridad bolivianas.

“La cantidad de armamento no recuerdo. Llevábamos la dotación propia. Arma primaria y secundaria. Cascos y chalecos. Eso es lo que yo recuerdo. Cada uno estaba abocado a una tarea, yo me dediqué al control del equipamiento nuestro. Del control del resto se ocuparon otros”, declaró Brito, quien ante posteriores preguntas sostuvo que el “resto” era “un grupo de cajas” que vio afuera de la agrupación de la cual partieron hacia el aeropuerto del Palomar.

“Yo me ocupé del control del armamento de la dotación del equipo. Pero había además unas cajas (…) pequeñas, de 30×20”, afirmó el gendarme que después agregó que “cuando armaron la carga en el Palomar, cuando llevaron a ese lugar para armarla, lo armó gente de Fuerza Aérea, lo armaron en un pallet”

La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y qué documentación existe al respecto.

Por lo que aún se espera recibir desde Bolivia la documentación respaldatoria de los papeles incriminatorios que ya se encuentran en el expediente, porque fueron aportados por los denunciantes.

Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados el 12 de julio pasado a través de una presentación que llevaba la firma del ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

En el expediente se encuentran imputados el ex presidente Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el ex director general de la Gendarmería Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los ex funcionarios de la administración Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).

De ese total, 7,5 millones son trabajadores informales, monotributistas de las categorías A y B y trabajadoras de casas particulares.

Unos 7,5 millones de trabajadores informales, monotributistas de las categorías A y B y trabajadoras de casas particulares comenzarán a recibir la semana próxima el Refuerzo de Ingresos de $18.000, a pagarse en dos cuotas de $9.000, como un mecanismo para proteger y mejorar los ingresos de quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, informaron desde el Palacio de Hacienda.

Se suman así a los 6,1 millones de jubilados y jubiladas que ya están recibiendo el bono de hasta $12.000 en una única cuota, junto con sus haberes, por lo que, en total, 13,6 millones de personas recibirán el Refuerzo de Ingresos entre mayo y junio y que verán complementados sus ingresos a partir de esta política.

La inscripción al Refuerzo de Ingresos a través de Anses finalizó el sábado pasado, con la recepción de pedidos de inscripción de 11,8 millones de personas, de las cuales 1,6 millones fueron rechazadas automáticamente por ser trabajadores/as formales, tener jubilación y/o pensión, no cumplir la edad, etc.

“Además, otras 2,7 millones de solicitudes fueron denegadas luego de realizar los controles socioeconómicos y patrimoniales correspondientes (gastos de consumo, ingresos, controles patrimoniales, cobertura de salud, etc.)”, detalló Economía.

El refuerzo de Ingresos se otorga a trabajadores con ingresos no registrados, monotributistas A y B y empleadas de casas particulares por un monto de $18.000, en dos cuotas a pagarse en mayo y junio, y otro de $12.000 para quienes perciben hasta dos jubilaciones mínimas en mayo, en una única cuota.

Las consecuencias de este fenómeno meteorológico podrían afectar desde este domingo las localidades del este de la Costa Atlántica con varios días de lluvias y vientos intensos.

Un fenómeno “poco frecuente” que tendrá las características de un “ciclón extratropical” puede afectar a partir de este domingo el este de la costa bonaerense con “varios días de lluvias y vientos muy intensos” que persistirán al menos hasta el martes, informó el Servicio Meterológico Nacional (SMN).

El organismo detalló que habrá “vientos intensos y lluvias en el sudeste y este de la provincia de Buenos Aires para luego desplazarse hacia el noreste, alejándose del continente, lo que causará vientos del sector sur con velocidades entre 45 y 55 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora“.

El SMN detalló que “la Costa Atlántica y el río de la Plata pueden verse afectados por la parte externa del ciclón” y que el martes próximo “es posible que esta región vuelva a tener condiciones muy ventosas, con ráfagas entre los 50 y 70 kilómetros por hora”.

“Es muy excepcional que en estas latitudes se forme un sistema de núcleo cálido. Estas son características típicas de los sistemas tropicales, más conocidos como huracanes o ciclones tropicales”, indicó el SMN.

El organismo destacó que si bien este tipo de fenómeno “no es muy frecuente en nuestra región”, sí se han registrado en otras oportunidades sobre el océano Atlántico, frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, Uruguay y el sur de Brasil. Precisó que el último ciclón de estas características ocurrió hacia finales de junio de 2021 y fue denominado como Raoni.

El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó que se inicie “una investigación independiente” y repudió el crimen de la reportera gráfica por parte de un francotirador israelí.

La Cancillería condenó el crimen de la periodista palestinae Shireen Abu Akleh y solicitó que se inicie “una investigación independiente” para esclarecer lo ocurrido con la cronista de la cadena de televisión Al Jazeera, de 51 años, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza cuando informaba para ese medio sobre una incursión israelí en los territorios ocupados de Cisjordania.

“La República Argentina condena el crimen de la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh, ocurrido en Yenin en ejercicio de su rol periodístico, y la posterior actuación policial en su funeral. Es necesaria una investigación independiente que esclarezca lo ocurrido”, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores desde su cuenta oficial de Twitter.

La declaración del Palacio San Martín se sumó a varios pronunciamientos internacionales, entre ellos una declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que el viernes “condenó enérgicamente” la muerte de la periodista y exigió “una investigación inmediata, exhaustiva, transparente e imparcial” del episodio, para además reclamar que se garantice “la rendición de cuentas” del autor o autores del crimen.

También la Unión Europea reclamó “una investigación rápida e independiente para llevar a los responsables ante la Justicia”, según transmitió el representante de la UE ante la Autoridad Palestina, el alemán Sven Kühn von Burgsdorff, y más tarde cuestionó “el uso desproporcionado de la fuerza y el comportamiento de la policía israelí hacia los participantes en el cortejo fúnebre“, al difundir otro comunicado sobre las imágenes televisivas de la represión del funeral.

Por su parte, el propio secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, manifestó estar “profundamente perturbado”, mientras que el secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, señaló desde sus redes que “las imágenes de la intervención policial israelí en el cortejo fúnebre nos perturbaron profundamente” y que “cada familia merece despedir a sus seres queridos de manera digna y sin trabas”.

Shireen Abu Akleh, de 51 años, nacida en una familia palestina de religión cristiana que vivía en Jerusalén, recibió un disparo en la cabeza mientras cubría una operación del Ejército israelí en Cisjordania para la cadena qatarí Al Jazeera, donde trabajaba desde la fundación de la emisora; el miércoles pasado, en el momento de su muerte, la reportera llevaba un casco y un chaleco antibalas con el rótulo en inglés “Press”.