El presidente Alberto Fernández designó a Silvina Batakis ministra de Economía. La nueva funcionara se desempañaba hasta ahora en la cartera de Interior.
Una nueva aparición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en esta oportunidad encabezó un acto en homenaje a Juan Domingo Perón en la localidad de Ensenada junto al intendente local, Mario Secco, y su par de Berazategui, Juan José Mussi, volvió a marcar la agenda política con fuertes definiciones sobre la actual coyuntura política y económica del país.
Un equipo de Primereando Las Noticias recorrió los alrededores del Polideportivo Municipal de Ensenada para recoger el testimonio de dirigentes y militantes del Frente de Todos.
En ese marco, y con la particularidad de que muchos protagonistas prefirieron no brindar declaraciones ante la prensa, el referente de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT y ex diputado nacional, Walter Correa; el ex canciller Felipe Solá, la actual diputada de CABA, Victoria Montenegro y el titular de Kolina, Carlos Castagneto, compartieron su visión sobre el rol de CFK en el actual escenario político.
Tras la intempestiva renuncia de Martín Guzmán, comunicada a través de redes sociales durante el discurso de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el homenaje por el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, Alberto Fernández convocó a una reunión de trabajo en la Quinta de Olivos para comenzar a definir quién será su sucesor al frente del Ministerio de Economía.
El Presidente convocó a su círculo íntimo, quienes se encontraron el mismo sábado por la noche y estuvieron reunidos hasta las 2 de la madrugada. Entre ellos se encuentran Gabriela Cerruti, Sergio Vitobello y Santiago Cafiero, entre otros.
Hay gran expectativa por la presencia de Sergio Massa, uno de los candidatos a suceder a Guzmán al frente de la cartera. Otros nombres que se rumorean son los de Álvarez Agis, Cecilia Todesca, Silvina Batakis y Marco Lavagna.
En una extensa carta publicada en su cuenta de Twitter, Guzmán explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión, defendió su gestión, destacó las medidas económicas durante la pandemia de Covid-19 y sostuvo la importancia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
El veredicto del juicio que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en la Megacausa Campo de Mayo se conocerá el miércoles próximo, cuando el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín dé a conocer la sentencia tras escuchar a más de 700 testigos.
Con esa audiencia, que será presencial y se realizará a partir de las 14 en los tribunales de San Martín, finalizará el proceso contra 19 acusados -entre ellos el represor Santiago Omar Riveros– por sus acciones contra 350 víctimas que fueron llevadas a Campo de Mayo durante la última dictadura.
En el alegato, la fiscal estimó que pasaron por Campo de Mayo más de 6.000 personas y el nivel de sobrevivencia fue menor al uno por ciento.
“La expectativa sobre el veredicto es plena debido a que durante el proceso se dio cuenta del funcionamiento del aparato represivo que estuvo integrado por las personas que están en el banquillo de los acusados”, señaló la fiscal Gabriela Sosti, integrante de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad de San Martín.
El juicio, en el que declararon un total de 765 testigos, es una acumulación de múltiples causas que tramitaron por separado en la etapa de instrucción.
Se contabilizaron un total de 350 víctimas y fueron juzgados en principio 22 acusados, de los cuales quedaron 19 al final del proceso (dos murieron por causas naturales, y uno fue separado por enfermedad irreversible), a los que se acusa por delitos de torturas, secuestros, y homicidios, así como también por allanamientos, robos agravados y abusos sexuales agravados.
Durante la dictadura, el predio de Campo de Mayo -de unas cuatro mil hectáreas- alojó prisioneros en diversos lugares: El Campito o Los Tordos, Las Casitas o La Casita; el Hospital Militar con la maternidad clandestina y la prisión de Encausados.
Entre los imputados se encuentran Francisco Rolando Agostino, Luis Del Valle Arce, Alfredo Oscar Arena, Pacífico Luis Britos, Bernardo Caballero, Ramón Vito Cabrera, Carlos Daniel Caimi, Hugo Miguel Castagno Monge, Miguel Ángel Conde, Mario Rubén Domínguez, Rodolfo Emilio Feroglio (quedó fuera de juicio por incapacidad sobreviniente), Roberto Julio Fusco, Eugenio Guañabens Perello, Federico Ramón Ramírez Mitchell, Santiago Omar Riveros, Carlos Alberto Rojas, Arnaldo Jorge Román, Luis Sadi Pepa, Carlos Eduardo José Somoza y Calos Javier Tamini.
El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Mar del Plata hizo lugar a una medida cautelar prohibiendo el trigo transgénico HB4 que había sido solicitada por comunidades indígenas, asambleas de Pueblos Fumigados y emprendimientos de la agricultura familiar.
El fallo firmado por el juez Néstor Salas y su auxiliar letrado Carlos Ariel Genovese ordena la “prohibición temporal en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires del uso y liberación a cielo abierto de la variedad exótica de Trigo Modificado Genéticamente IND-00412-7”.
El cultivo en todo el país del trigo HB4 fue autorizado en octubre del 2020 por el Estado Nacional a través de las Resoluciones Nº41/20 y 27/22 de la Secretaría de Alimentos y Bio-economía del Ministerio de Agricultura de la Nación.
El juez estableció la medida cautelar “hasta tanto se implemente la Comisión de Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria en el ámbito provincial, coordinada por el Ministerio de Gobierno, con el objeto de elaborar un informe con sus recomendaciones, respecto a la introducción y liberación de material transgénico y anabólicos, sus efectos en los recursos naturales, la salud y la producción y la comercialización, conforme lo edicta la Ley 12.822”.
El cultivo de trigo HB4, desarrollado por la empresa biotecnológica Bioceres, en colaboración con la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet, fue modificado genéticamente para que sea capaz de tolerar situaciones de sequía y resista al glufosinato de amonio, un herbicida al que la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como “moderadamente peligroso”.
