Victoria, la actual interventora del Inadi, nació en el centro clandestino de detención que funcionó en la exEscuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 6 juzga desde este lunes al excapitán de fragata Adolfo Miguel Donda Tigel por su participación en la apropiación ilegal de su sobrina, Victoria Donda Pérez. El represor ya está condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad contra más de 200 víctimas.
Victoria, la actual interventora del Inadi, es hija del hermano menor del represor, José María Laureano Donda, y de María Hilda Pérez, ambos desaparecidos en 1977, y nació en el centro clandestino de detención que funcionó en la exEscuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura, donde Adolfo era jefe de Operaciones.
“Mirarlo a los ojos y poder decirle de frente que su apellido Donda va a ser muy conocido por tener una sobrina que pelea por las mismas banderas que él quiso enterrar es una de las peores condenas que puede tener”, confió a Télam Victoria Donda.
Y señaló que el juicio será la primera vez que se cruce presencialmente con el hermano de su padre.
El TOF 6 integrado por Ricardo Basílico, María Gabriela López Iñiguez y Daniel Horacio Obligado determinará la responsabilidad del exmarino Adolfo Miguel Donda Tigel en la apropiación ilegal de su sobrina, Victoria Donda.
“Estoy segura que entregó a su hermano porque no podía no conocer su destino“, afirmó la funcionaria aludiendo al alto mando que tenía Adolfo Donda, uno de los responsables de inteligencia del grupo de tareas 3.3.2 de la Armada .
Y adelantó que parte de los testigos relataron que el represor estuvo presente en sesiones de tortura de su mamá embarazada cuando estaba a término. “Me resulta casi inverosímil pensar que no supiese que yo había nacido con vida y cuál era mi paradero“, sostuvo Victoria al respecto.
En octubre, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, le concedió al condenado en otras causas de lesa humanidad, salidas transitorias, lo que generó el rechazo de sobrevivientes de la exESMA y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Adolfo Donda ya contaba con dos sentencias previas con pena de prisión perpetua, una en el juicio conocido como ESMA II (2011) y otra del proceso conocido como ESMA III (2017), al que todavía la Cámara Federal de Casación Penal debe revisar. Sin embargo, para los jueces de la Sala II de Casación cumplía con todos los requisitos legales para acceder a las salidas transitorias porque contaba con informes positivos sobre su conducta, emitidos por distintas áreas del Servicio Penitenciario Federal.
“Sentí que el poder judicial no había entendido el grito de la sociedad cuando en el 2017 quisieron beneficiar a los genocidas con el 2×1”, afirmó la interventora del Inadi sobre el permiso otorgado a Adolfo Donda y apuntó contra el sistema judicial al que consideró “cooptado por una parte de los factores de poder que son los mismos que instigaron el golpe de Estado”.
De esa manera, exhortó a los jueces a tener una perspectiva que incluya a los “derechos humanos como progresivos” y a considerar a “los delitos de lesa humanidad como los más horribles que puede cometer un ser humano”.