El arsenal hallado en la cadena de supermercados en 2016, estaba registrado a nombre de fuerzas de seguridad federales y provinciales y otro no tenía registración o padecía de irregularidades.
La Cámara Federal porteña sobreseyó al empresario Alfredo Coto por el arsenal hallado en su cadena de supermercados el 30 de agosto de 2016, gran parte del cual estaba registrado a nombre de fuerzas de seguridad federales y provinciales y otro no tenía registración o padecía de irregularidades.
Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens recurrieron a un argumento al que el Poder Judicial suele echar mano cuando quiere exculpar a un acusado: no tenía porqué saber que eso estaba allí.
Así, la Cámara sobreseyó no sólo a Alfredo Coto sino también a su hijo, Germán: “las actividades comerciales que ambos imputados desarrollan habitualmente, en nada se vinculan con el manejo y el cuidado debido del ‘riesgo seguridad’ de la empresa”.
Para los camaristas es “inimaginable la posibilidad de que sean su presidente y vicepresidente los encargados de llevar adelante los procesos relativos a la seguridad del comercio, abarcativos de aspectos tales como la cantidad de armas, chalecos, transportes blindados, personal de custodia”.
Tampoco podían ocuparse “de la tramitación de permisos para tenencias, vencimientos, renovaciones de las armas, conforme a las reglamentaciones vigentes, entre otros aspectos”. En todo caso, los Coto fueron burlados “en la confianza normativa que en torno a esa clase de cuestiones había sido depositada en aquellos a quienes les fue asignada la responsabilidad de la seguridad de la empresa”.
La causa
El 30 de agosto de 2016, en pleno macrismo, la sucursal de la cadena de supermercados situada en la calle Paysandú al 1800, del barrio porteño de Caballito, funcionarios del Registro Nacional de Armas de la República Argentina (RENAR, hoy Agencia Nacional de Materiales Controlados) encontraron 227 granadas, 41 proyectiles de gases MM RIOT CS SMOKE, 27 armas de fuego, 2 armas de lanzamiento, 3886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin número visible, un silenciador, 9 escudos antitumultos y spray de gas pimienta.
“Respecto de 26 armas de fuego, se verificó que 8 no contaban con credencial de tenencia; otras 8 estaban con pedido de secuestro; parte del material era de la Policía Federal Argentina Guardia de Infantería”.
El difunto fiscal Jorge Di Lello, a cargo de la Unidad Fiscal especializada en la investigación de ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y demás materiales controlables, y su colega Franco Picardi, formularon la denuncia, que recayó en el juzgado federal a cargo de Sebastián Ramos.
Fue ese juez el que dispuso primero la “falta de mérito” de todos los imputados y luego el sobreseimiento, que ahora fue confirmado por la Cámara Federal.
