La vicepresidenta replicó en sus redes las captura de un artículo de opinión del diputado nacional Leopoldo Moreau.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió en sus redes las captura de un artículo de opinión del diputado nacional Leopoldo Moreau. “En solo 4 párrafos, la verdad de la milanesa sobre la responsabilidad de la Corte en el conflicto institucional”, agregó.

“Clarísimo el diputado”, sentenció la ex presidenta. “La responsabilidad del conflicto institucional: el escándalo que provocó la Corte Suprema”, es volanta y título del artículo.

Qué dice la nota de Leopoldo Moreau que compartió Cristina

En más de una oportunidad hemos señalado la peligrosa escalada que vienen protagonizando las máximas instancias del Poder Judicial en lo que parece ser la decisión de entrometerse en las facultades propias del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo. A veces, esta intromisión toma la forma de medidas cautelares que paralizan o neutralizan decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, orientadas a beneficiar el interés general y en otros casos, que se vienen reiterando en los últimos tiempos, nada más y nada menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se subroga facultades del Poder Legislativo en franca violación de aquellas que le otorga la Constitución Nacional, con una severa afectación del estado de derecho.

Es el caso concreto del diseño de un fallo judicial dirigido a configurar un nuevo formato para el Consejo de la Magistratura, más allá de declarar después de 16 años de vigencia la inconstitucionalidad de la ley con la que este órgano funcionó a lo largo de todos esos años, la Corte Suprema en lo que parece una decisión incluso hecha a medida de su propio titular, resucitó para asombro de una amplia mayoría de juristas una ley que había sido derogada por el Congreso Nacional, asumiendo facultades legislativas que le están expresamente vedado ejercer, dando origen a un conflicto de poderes con pocos precedentes en la vida institucional de la nación. A partir de ese desatino jurisprudencial, se sucedieron nuevos excesos de parte de este alto tribunal, como por ejemplo pretender interpretar las reglas de funcionamiento y decisorias de ambas cámaras del Congreso, ejercitando una especie de poder de policía sobre los reglamentos que rigen su funcionamiento.

Mal puede la Corte Suprema achacar a los órganos políticos una parálisis del Consejo de la Magistratura, que solo ha sido consecuencia de su indebida incursión en las facultades de otros poderes del Estado, en este caso en aquellos que están apoyados en la soberanía popular, llegando al extremo de utilizar acordadas como si estas fueran equivalentes a fallos o sentencias judiciales.

En estos días en los que el Poder Judicial transita el escándalo más bochornoso del que se tenga memoria a lo largo de la historia, resultaría más sano para reconstituir su prestigio que la máxima instancia de los Tribunales se volcara a ejercitar su facultades de superintendencia para poner en orden las graves inconductas éticas y morales que más allá de las consecuencias penales que esos comportamientos pueden traer aparejadas restituya la dignidad y la independencia de la magistratura en todas sus instancias.

El gremio de los repartidores demandó penalmente a la aplicación de traslado de objetos.

La firma Rappi, que distribuye bienes de consumo desde 2018 mediante una plataforma digital, fue denunciada penalmente ante el Ministerio Público Fiscal para que “se investigue a quien sea responsable, partícipe o encubridor del uso de trabajadores registrados para maniobras del delito de lavado de activos”, informó hoy el gremio.

La denuncia 2.551/DGPDH/07, expediente 6.402, presentada en la Unidad de Intervención Temprana (UFE), fue realizada por Gonzalo Ottaviano, un trabajador de delivery e integrante de la conducción de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (Asimm), quien también presentó documentación como prueba.

El dirigente gremial detalló que Rappi “impone a sus usuarios y trabajadores la generación de facturación a través de la firma Gestorando”, y sostuvo que ambas utilizan “un mecanismo para producir sobrefacturación en nombre de esos usuarios y empleados por montos irrisorios desconocidos por el personal y los clientes”, según un documento.

Ottaviano realizó la presentación judicial luego de investigar durante mucho tiempo varias denuncias de trabajadores precarizados que cumplen tareas en esa plataforma.

El sindicalista también denunció maniobras patronales para que los trabajadores abonen “los saldos negativos a través de la aplicación ‘Pago 46’, lo que significa una manipulación para que cooperen en movimientos engañosos, ya que no hay forma de que el personal filtre o controle la manera de pago de los pedidos que reciben”.

“Al llegar al tope de 10 mil pesos, la aplicación suspende la cuenta del trabajador y no autoriza tareas hasta que no sea saldada la deuda, y se le impone hacerlo con un depósito de dinero por transferencia bancaria a algún agente registrado”, puntualizó.

Ottaviano aseguró en su denuncia penal en representación del gremio que Rappi expone de forma impositiva al personal, por lo que exigió “una inmediata y pronta investigación y esclarecimiento de los hechos para alcanzar rápidamente una instancia probatoria”.

“Gestorando y ‘Pago 46’ son empresas de dudosa procedencia, ya que proponen como única vía de contacto un número de whatsapp o correo electrónico que pocas veces funciona. No existe domicilio físico visible, según indicó el documento formal”, añadió.

También sostuvo que “el fraude fiscal, la precarización y la explotación laboral son la marca registrada y la realidad que ocultan las plataformas, que actúan realizando un fuerte lobby y tapiando cualquier acción que las regule”, por lo que reclamó en la denuncia que “los responsables de controlar y los legisladores dejen de mirar para otro lado bajo la falsa premisa de la modernización y combatan la complicidad y corrupción”.

Ottaviano adjuntó en su presentación pruebas y certificaciones legales de la actividad y metodología de las aplicaciones digitales, como “la captura de pantalla sobre el comentario de un trabajador en Facebook en el perfil de Gestorando, ocasión en la que afirmó que al intentar comunicarse con la empresa “‘nunca pudo obtener respuestas'”.

“Se presentaron capturas de pantalla sobre conversaciones en los grupos de whatsapp que integran los repartidores de Rappi, en las que se refieren a las irregularidades de las tres firmas, y otras en las que ‘Pago 46’ ofrece como beneficio el pago de comisiones por operaciones realizadas a supuestos socios registrados”, dijo.

Ottaviano presentó también pruebas con las denuncias de un trabajador sobre la sobrefacturación de Gestorando y otras sobre “la alianza entre las tres empresas”.

El titular de la cartera de Economía aseguró que el mismo durará hasta fines de febrero de 2023.

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció hoy un “nuevo acuerdo de precios con el sector de la indumentaria hasta 28 de febrero”, además de destacar “el nivel de cumplimiento del acuerdo alcanzado en septiembre”.

Massa resaltó que el nivel de cumplimiento se verificó en el índice de precios al consumidor de noviembre, cuando “por primera vez el rubro se mantuvo por debajo de la inflación”.

“Fijamos precios hasta el 28 de febrero y mantenemos volúmenes; esto nos permite programar importaciones y producción para el año que viene; sabemos que enero y febrero son meses de tensión inflacionaria, así que valoramos mucho el esfuerzo que hacen de seguir fijando precios porque, de alguna manera, nos permite mientras terminaos de ordenar las variables económicas, a que el ciudadano de a pie tenga una mejor perspectiva de su gasto cotidiano”, aseguró Massa.

Al respecto, Massa agradeció el nivel de cumplimiento “de entre el 83 y 87 por ciento” del acuerdo firmado en septiembre y que aspira a “subir ese nivel de cumplimiento” y a que el Gobierno cumpla con sus obligaciones de “disponibilidad de divisas y de incentivo al crédito subsidiado”.

“Es muy alentador que en el índice de noviembre, el rubro de indumentaria está por debajo de la inflación. Quiere decir que hicieron un esfuerzo enorme y que podemos seguir impulsando un sector que genera mucha mano de obra, que tiene incidencia en los precios y en la vida de los ciudadanos”, aseguró Massa en una reunión con directivos de la Cámara de la Industria Argentina de la Indumentaria (CIAI) y otras empresas del sector.

El anterior acuerdo había sido suscrito por el Ministerio de Economía, la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), y representantes de empresas del rubro indumentaria, que implicaba un compromiso voluntario de mantener los precios de productos por un plazo de 60 días tomando como referencia valores promedios registrados en el mes de octubre.

El convenio preveía que, una vez cumplido este plazo, los precios de los productos se adecuaran por 90 días a la variación del tipo de cambio oficial del dólar.

“Tenemos que tratar de encontrar el equilibrio entre la rentabilidad, la necesidad de mantener puestos de trabajo, y que sean precios accesibles y justos para la gente pueda consumir”, afirmó Massa.

Este acuerdo forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Economía con distintos actores de la industria y la producción para generar condiciones que consoliden un ordenamiento de precios y la recuperación y estabilización de la economía y el mercado.

En ese sentido, la Secretaría de Comercio ya celebró acuerdos con distintos sectores como es el caso de la industria farmacéutica, alimenticia y de calzado deportivo para establecer pautas de aumento consensuadas.

Será la semana que viene, cuando el organismo se reúna en Washington para debatir las metas del tercer trimestre, ya avaladas por el staff técnico.

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) debatirá y seguramente aprobará las metas del tercer trimestre del año la semana próxima, lo que habilitará al giro de unos USD 6.000 millones al país antes de fin de año.

Así lo indicaron fuentes en Washington, que precisaron que la reunión del directorio que conduce Kristalina Georgieva será el jueves 22 de diciembre. Como es habitual, se realizará en el piso 12 del edificio del organismo multilateral, con la presencia de los directores de los países.

Luego de la bendición del staff del Departamento del Hemisferio Occidental, cuyo liderazgo está vacante tras la elección de Ilan Goldfajn como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no se esperan complicaciones en la aprobación de las metas del tercer trimestre por parte del board.

Cuando se complete este trámite, el organismo girará DEGs por el equivalente a unos USD 6.000 millones, que le permitirán al ministro Sergio Massa cumplir parte de su premisa de terminar el año con reservas netas por USD 7.000 millones, con el aporte también del dólar soja 2 y de créditos del BID, la CAF y el Banco Mundial.

De todos modos, gran parte de este nuevo desembolso por el acuerdo que firmó el presidente Alberto Fernández en marzo pasado por una cifra mayor que la deuda heredada del gobierno de Mauricio Macri, volverá a Washington ya que en el primer trimestre del año el país enfrenta vencimientos por USD 6.200 millones con el Fondo. En marzo, si el staff considera que se aprobaron las metas del cuarto trimestre del 2022, el organismo giraría otros USD 5.800 millones, según las estimaciones del estudio ECO GO. A diferencia de este año, en 2023 el saldo neto entre pagos y desembolsos del FMI favorecerá al organismo en unos USD 4.100 millones, según ECO GO.

Por esta razón, el estudio que dirige Marina Dal Poggetto enfatizó que el organismo mantendrá su actitud de hacer “la vista gorda” frente a algunos deslices del equipo económico, como la venta de los DEGs entre Economía y el BCRA, mientras Massa mantenga el acuerdo on track.

“El FMI está inmerso en acusaciones cruzadas de ambos lados de la grieta. El gobierno lo acusa de haberle prestado USD50.000 millones a Macri para financiar la reelección. La oposición lo acusa de haberle concedido al gobierno actual un acuerdo light que en los números postergó el grueso del ajuste para la próxima gestión”, indicó ECO GO.

“En el medio, el FMI hizo y sigue haciendo todo lo que puede para alcanzar dos objetivos: que el país no entre en atrasos, ya que salir de atrasos requiere devolver antes el capital adeudado y dado los montos del programa involucrado, Argentina no tendría forma de hacerlo por lo que el riesgo cierto es que no importa quien gane en las próximas elecciones, el país se quede mucho tiempo en el ostracismo”.

Además, busca “no ser el culpable de la caída de la Argentina. Esta situación es la que de momento viene explicando la enorme laxitud en el diseño de las metas que originalmente fueron adaptadas a las necesidades del gobierno”.

En este sentido, continuará con “el pragmatismo de ir acomodando trimestralmente las metas a los desvíos que se producen y/o aplicar un waiver a cada anuncio de desdoblamiento cambiario mientras mira de costado el financiamiento indirecto del BCRA al Tesoro en el mercado de bonos”.

Así lo manifestó el gobernador bonaerense en el acto de egresados de 1.400 cadetes de la Escuela de Policía Juan Vucetich.

El gobernador de la Provincia encabezó este viernes, el acto de egreso de 1.400 cadetes de la Escuela de Policía Juan Vucetich, ubicada en la localidad de Berazategui.

Acompañado por el ministro de Seguridad, Sergio Berni, Kicillof habló del “proceso de reconstrucción” de la fuerza y de las políticas de seguridad en el territorio bonaerense.

“Hemos renovado por completo el parque automotor de la fuerza y hecho una gran inversión para que el personal de seguridad cuente con todos los instrumentos necesarios para desempeñar sus tareas”, afirmó el ­mandatario.

También profundizó sobre la recuperación del poder adquisitivo de los efectivos que, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, “perdieron el 29% de sus salarios”.

“Pese a las dificultades económicas, la pandemia y el enorme endeudamiento que recibimos, hicimos algo que se había prometido muchas veces, pero nunca se había concretado: en un acto de justicia, equiparamos los sueldos de la Policía de la Provincia con los de las fuerzas federales”, detalló el gobernador.

Además, dijo estar trabajando para “cambiar el vínculo de la Policía con el pueblo”. “Para eso hay que ser más eficaces y más eficientes. Necesitamos una Policía que haga cumplir la ley, y en eso vamos a ser implacables, porque los miembros de la fuerza tienen que ser intachables en sus conductas”, apuntó.

También destacó la necesidad de “una Policía que sea sensible y humana”.

“Dejamos atrás el ajuste y pasamos a una nueva etapa de mucha inversión y planificación para acompañar a nuestro pueblo”, concluyó Kicillof.

Por su parte, Berni enfatizó que “hoy no es un día más para estos hombres y mujeres que, guiados por su espíritu de vocación de servicio, ingresan a una vida distinta, de compromiso con las y los ciudadanos bonaerenses”.

En el acto que se enmarcó en el 201° aniversario de la Policía de la Provincia, estuvieron presentes el jefe de la fuerza, Daniel Alberto García; el subjefe, Jorge Oscar Figini; los intendentes de Ezeiza, Gastón Granados, de Pila, Sebastián Walker, de Morón, Lucas Ghi, de General Lavalle, José Rodríguez Ponte, y de Dolores, Camilo Etchevarren; el secretario de Seguridad Ciudadana de Avellaneda, Alejo Chornobroff; además de funcionarios y funcionarias del Ministerio de Seguridad.

Según detallaron desde Gobernación, los nuevos miembros de la fuerza se sumarán al operativo “De Sol a Sol 2023”, que ya se está poniendo en marcha, en la previa de la temporada de verano.

También hay 4.100 oficiales que continúan formándose y egresarán en marzo del año que viene. El 25% de los cadetes con mejor promedio de cada promoción accede al derecho a realizar el curso de oficial subayudante y la reacomodación en el subescalafón Comando.

Según expresó Berni, esto responde a la instrucción de Kicillof “para recuperar lo perdido durante los cuatro años anteriores, en los que el número de efectivos descendió en casi 3.500 agentes, y para duplicar la capacidad operativa terrestre de la fuerza”.