La iniciativa contiene una extensa lista de personas a citar a prestar declaración ante la Comisión.
El Frente de Todos presentó en la Cámara de Diputados el pedido de Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores, tema incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso.
Los primeros cuatro nombres que aparecen son los de los jueces del Tribunal Superior, su presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que están citados en carácter de acusado.
“Solicitamos que por medio de la Presidencia de la Comisión de Juicio Político se requiera la comparecencia y testimonio de las siguientes personas, sin perjuicio de las demás citaciones que a juicio de la Comisión correspondan”, dice el planteo.
A priori, los restantes citados a declarar son en carácter de testigos. Así, el primero que aparece en la lista el Silvio Robles, director de la vocalía de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño en uso de licencia.
En este caso, la convocatoria está vinculada con la polémica generada por los supuestos chats donde D’Alessandro aparece intercambiando mensajes con funcionarios de la Corte Suprema y prestadores de servicio del Gobierno porteño.
Según el reglamento interno de la comisión, entre las posibilidades que tiene esta comisión figuran la de impulsar inspecciones; registro y secuestro de elementos; intercepción de correspondencia o comunicaciones telefónicas; interrogatorio de personas.
La comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad, establece el reglamento interno, que aclara que la citación de los testigos podrá hacerse por cualquier medio, inclusive verbalmente.
Si el testigo se negara a comparecer o declarar sin causa justificada, a criterio de la Comisión, se realizarán las comunicaciones del caso a la autoridad judicial competente a los fines de examinar “los alcances de tal ilicitud”.
Reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión, sobre los cargos formulados agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración. También podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado. La incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones.
