Es en el marco de la investigación judicial por el intento de asesinato de la Vicepresidenta.
La Justicia Federal argentina ha ordenado el secuestro de un segundo teléfono celular de Carolina Gómez Mónaco, asesora del diputado Gerardo Milman del partido Juntos por el Cambio. Esto se enmarca en la investigación del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre de 2022.
La medida se llevó a cabo por las fuerzas de seguridad la noche anterior, mientras la causa permanece bajo secreto de sumario. Ivana Bohdziewicz, exsecretaria de Milman, amplió su declaración testimonial el pasado viernes y reveló que sus celulares habían sido manipulados en una oficina atribuida a la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich.
Bohdziewicz relató que Gómez Mónaco la había presionado y que habían acudido juntas a una oficina, donde un perito manipuló sus celulares, borrando información que luego se habría recuperado.
La declaración también reveló que Gómez Mónaco había entregado a la justicia un teléfono nuevo y tenía otro que no estaba a su nombre y que aparentemente nunca había entregado.
Las dos mujeres son testigos en la denominada “pista Milman”: ambas acompañaban al diputado Juntos por el Cambio dos días antes del intento de magnicidio contra la vicepresidenta.
En su testimonio, Bohdziewicz reveló que Milman le dijo que había hablado con Patricia Bullrich y que iban a poner un perito para ver la información que tenían los celulares porque era probable que se filtrara su información.
En ese momento, Bohdziewicz y Gómez Mónaco emprendieron un viaje en subte hasta un lugar donde las estaban esperando.
La causa continúa en secreto de sumario y se analizarán los celulares secuestrados para ver si hay alguna pista que permita avanzar en la investigación. Las asesoras de Milman negaron que el diputado hubiera pronunciado la frase “cuando la maten voy a estar camino a la Costa”, según declaró el testigo Jorge Abello, asesor de un diputado del Frente de Todos. La investigación está siendo llevada a cabo por la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo.
