En un claro gesto de alineamiento automático con EEUU, la designada canciller del gobierno de Javier Milei, Diana Mondino, aseguró que la Argentina no se sumará al bloque de los BRICS.

Las declaraciones de la economista se dieron en el marco de la 29° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) que se celebra en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. La futura canciller de LLA También se refirió a la expectativa de avanzar en el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Al terminar su participación, la encargada de las relaciones exteriores del entrante gobierno de La Libertad Avanza, afirmó: “Entiendo que fuimos invitados a participar de los Brics pero no hemos aceptado formalmente. Para ingresar al Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics hay que hacer un aporte de capital y la Argentina no está en condiciones de hacerlo”.

En la previa, Mondino había declarado que no se podía dar marcha atrás con algo que “nunca se aprobó”. Las gestiones habían sido realizadas por el presidente saliente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, en un contexto de escasez de reservas y necesidades de financiamiento. Días atrás, la economista había expresado que “no ve ventajas en sumarse a ese bloque”, buscando de esta manera distintas excusas para no adherir al bloque comercial.

Durante su reciente viaje a Brasil, en el que buscó recomponer la relación con el presidente del país vecino Luiz Inacio Lula Da Silva luego de los duros agravios del libertario, sostuvo que no había abordado la cuestión del posible ingreso de Argentina al bloque de los BRICS, que recientemente ha invitado a varios países a entrar al mismo para su expansión.

Por otro lado, Mondino se mostró a favor del tratado Mercosur – Unión Europea. “Tiene altas posibilidades de que se firme el 7 de diciembre. Como La Libertad Avanza hemos manifestado que no tenemos ninguna objeción en que se firme, al contrario, nos parece excelente. Ojalá Alberto Fernández pueda concretarlo y termine su mandato con este logro”, sostuvo.

Esta declaración suena contradictoria si se la compara con las propuestas de Milei, quien durante su campaña prometió desmantelar el MERCOSUR por ser según el “contrario a los intereses de los argentinos”. No obstante se desprende de esta aprobación al acuerdo con la UE que hay una claro modelo de inserción internacional dotado de fuerte sesgo ideológico y alineado con los intereses geopolíticos de EEUU, quien de cara a la actual disputa hegemónica revive el fantasma de un occidente libre vs tiranías y autocracias. Este discurso bastante rancio que parece tomado de la época de la guerra fría, fue adoptado por Javier Milei tal como lo demostró en sus virulentas declaraciones sobre China y el presidente de Brasil a quien trato de comunista. Pero además el bloque comercial impulsa una política de mayor autonomía frente al dólar estadounidense tanto en el plano comercial como financiero, lo que toca una de las fibras más sensibles de los intereses de EEUU, quien busca mantener su influjo en todas aquellas áreas que hacen al mantenimiento de su poder e influencia a escala global siendo el dólar su principal caballito de batalla. No es casual en este aspecto que Milei a contramano de la mayoría de los países emergentes que persiguen modelos de desarrollo mas soberanos, proponga un modelo de alineamiento automático o retorno a la relaciones carnales con los EEUU y reflote ideas inviables como la dolarización como si el mundo de hoy fuera el de los 90s.

Los BRICS en números

Del bloque comercial participan además de algunos de los principales socios comerciales del país como Brasil, China e India, varios integrantes del G20 ( además de los tres mencionados) como Sudáfrica, Rusia y Arabia Saudita, mientras la lista de países que gestionan su ingreso se sigue ampliando. Para dimensionar el potencial del BRICS con algunos datos cuantificables el grupo representa más del 42% de la población mundial, el 30% del territorio mundial, el 23% del PBI, el 18% del comercio mundial y cerca de 80% de las reservas de petróleo del mundo entre otras valiosas reservas de materias primas, recursos e infraestructuras estratégicas. Mondino y Milei con su ceguera ideológica están dejando al país afuera de una oportunidad histórica de ampliar su potencial comercial y ampliar su margen de autonomía en un contexto internacional plenamente favorable a dicha maniobra.

El estigma gira en el aire y Unión por la Patria se divide en dos: entre aquellos que se intentan escapar del estigma anunciando tiempos nuevos y aquellos sobre los que se intenta depositar la totalidad de la estigmatización.

Por Nacho Cantala

Es un mismo movimiento: los que toman distancia de la identidad Cristinista intentan dejarle el estigma a los que se quedan.

El resultado buscado: un kirchnerismo residual y estigmatizado desde afuera y desde adentro del propio campo político.

Es la construcción del chivo expiatorio: aquel que acumula todas las culpas mientras todos los otros logran su inocencia.

Esa es la última tarea que está llevando adelante Alberto Fernández para el poder concentrado en la Argentina: fortalecer la asociación entre ilegalidad y kirchnerismo intentando depositar todo el estigma en Cristina Kirchner y su sector político. Para ello, se va del gobierno aumentando la judicialización de la política.

En ese contexto de judicialización, Alberto Fernández considera un logro terminar el gobierno sin denuncias. Miente y es funcional a ese proceso integral de judicialización de la política. Un proceso en el cual no hay prácticamente ninguna acción política que no sea acompañada por una acción judicial. Un proceso que ha incentivado Mauricio Macri y que no ha revertido Alberto Fernández a pesar de su compromiso de revertirlo.

Las denuncias sobre espionaje ilegal que recayeron sobre Fabián “Conu” Rodríguez se explican en este marco general.

El decreto de Alberto Fernández ordenando la remoción del cargo de Rodríguez busca, además de amplificar el caso, visibilizar la pertenencia del funcionario a La Cámpora y situar el debate en un lugar que no favorece a los intereses del campo nacional y popular: amplifica un conflicto interno en tiempos en donde la avanzada neoliberal libertaria exige un frente opositor compacto y unificado.

Alberto Fernández se va de su cargo cumpliendo una última función para sus mandantes: contribuir a la división y fragmentación del frente opositor.

Para ello, sus voceros construyen un relato sofisticado: el lawfare o judicialización de la política denunciando a sus víctimas, en este caso el Cristinismo, de conformar un sistema similar al lawfare. Una asociación entre políticos, periodistas y servicios de inteligencia que supuestamente realizaba espionaje, sistematización de información privada y operación política.

Dice hoy el diario La Nación: “La investigación estableció que la “asociación criminal”, no sólo tenía en la mira a jueces – lo que fue el origen de esta causa – sino que se trató de “una red de espionaje más amplia” cuya actividad habría tenido como objetivo a cientos de personas – políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales – sobre los que se realizó recopilación de inteligencia, almacenamiento, sistematización y análisis de información de cientos de personas, la filmación a escondidas de los objetivos, el acceso indebido a bases de datos de acceso restringido de organismos públicos y a correspondencia privada y la divulgación de parte de esa información”.

Fiscales, jueces y medios denuncian el funcionamiento de ese sistema a cuya cabeza, según ellos, estaría el “Conu” Rodríguez.

Fiscales, jueces y medios que no dicen nada sobre conocidos periodistas que están involucrados como operadores en este caso de espionaje.

Fiscales, jueces y medios que tampoco dicen nada sobre el hecho de que la misma Cristina, el mismo Máximo Kirchner y Wado de Pedro integraban el listado de espiados y que, por eso, se presentaron como querellantes. El relato orilla lo surrealista: la Vicepresidenta, el jefe de La Cámpora y el Ministro del Interior habrían ordenado espiarse a sí mismo.

En ese escenario, Alberto Fernández se va del gobierno intentando amplificar esta denuncia e incorporándose como actor rutilante al dispositivo de judicialización de la política: están todos los protagonistas, fiscales, jueces, dirigentes políticos y grandes medios de comunicación sobredimensionando la causa por espionaje.

El presidente saliente ha pactado con los grandes medios una salida del gobierno alimentando el conflicto y la división interna. Persigue varios objetivos: fragmentar el frente opositor, estigmatizar y debilitar a la identidad que puede intentar reconstruir la representación de los sectores populares con mayor decisión y consecuencia y, finalmente, situar el debate lejos de la crítica a su pésimo gobierno, causa principal del triunfo de Milei.

Un gobierno que, a diferencia de lo que dice el propio Fernández, ha tenido numerosas denuncias como sucede con todo aquel que gobierna: el lawfare es un dispositivo para bloquear o dificultar los gobiernos que toman decisiones favorables a los sectores populares. El de Fernández es un caso atípico: aun cuando dirigió un gobierno que perjudicó a los sectores populares, de todos modos fue objeto de diversas denuncias, no por sus políticas sino por sus torpezas, como fue la tristemente recordada fiesta de cumpleaños en Olivos, incumpliendo las normas decididas por él mismo.

Fernández encabezó un gobierno, que más allá de los inconvenientes, producidos por la pandemia, la guerra y la sequía, desarrolló una política económica en disconformidad con el resto de los integrantes de la coalición política, sobre todo del kirchnerismo, que empeoró significativamente los niveles de distribución del ingreso.

Los ingresos de trabajadores y trabajadoras registrados tuvieron durante su gobierno una pérdida promedio de 5%, que se acumularon a lo que ya habían perdido durante el gobierno de Mauricio Macri. En simultáneo, los sectores no registrados perdieron un 28% de sus ingresos durante el gobierno de Fernández. En estos números no se consideran los aumentos salvajes de los últimos 15 días tras las elecciones.

Es decir que el promedio de los ingresos de los y las trabajadores en la Argentina se vieron reducidos en promedio un 10%.

El salario promedio neto registrado, público y privado, fue para octubre de 2023 de 396 mil pesos y la canasta de pobreza metropolitana para un hogar tipo ascendió a 346 mil pesos. De este modo, el programa económico de Alberto Fernández impactó sobre la relación entre capital y trabajo con una transferencia del segundo hacia el primero de aproximadamente 100 mil millones de dólares.

Está claro porqué, el sirviente Fernández, prefiere contribuir a seguir judicializando la política: es una forma de no hacerse cargo de que su política económica, decidida en soledad, es la principal responsable de la derrota electoral.

Todo parece indicar que quiere continuar brindando sus servicios al poder: dividiendo y fragmentando a la que, desde este 10 de diciembre, será la oposición a los planes salvajes del neoliberalismo. El supuesto defensor de la unidad torpedeando la unidad.

Fernández se va a España.

Los argentinos y las argentinas nos quedamos en el país bajo el ruido de motosierras y dinamita.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que estos recursos “son fundamentales para afrontar todo lo que falta para que las y los bonaerenses vivan mejor”.

El gobernador bonaerense salió a marcarle la cancha a Milei y afirmó que “Buenos Aires es la provincia que más dinero aporta: del total a distribuir, el 40% provienen del territorio administrado por Kicillof. Sin embargo, recibe tan solo un 22% de todos los fondos recaudados”, lo que, para el mandatario de Unión por la Patria, “la convierte en la jurisdicción más perjudicada en términos de coparticipación”.

En sus redes sociales también destacó que se trata de la provincia que menos gasta por habitante ─con un promedio para 2022 de $228 mil pesos por cada uno─ y una de la que menos empleados públicos tiene. “Buenos Aires es también, junto a Córdoba, la que menos empleados tiene en términos per cápita o cada mil habitantes. La provincia de Buenos Aires tiene 34 empleados; la provincia que más tiene, tiene 105 empleados cada mil habitantes y todas las demás están mayores, menos Córdoba que es prácticamente un empate”, sostuvo.

La provincia de Buenos Aires es la más perjudicada en materia de coparticipación: aporta cerca del 40% de los fondos y recibe apenas un 22%.

En proporción a la cantidad de habitantes, somos la jurisdicción que menos gasta y que menos empleados públicos tiene.

Vamos a seguir… pic.twitter.com/kivB0h5JpG

— Axel Kicillof (@Kicillofok) December 3, 2023

Y agregó: “Es la provincia que menos gasta y la que menos empleados tiene en proporción al resultado que tiene que dar en prestaciones, en derechos: a la educación, a la salud, a la seguridad”.

El pasado 22 de octubre, el actual mandatario de la provincia de Buenos Aires fue reelecto para continuar con su gestión otros cuatro años, acompañado nuevamente por Verónica Magario. Sin embargo, para el intendente electo de Tigre, Julio Zamora, podría cumplir otro rol clave en la política: ser el líder de la oposición a la presidencia del dirigente de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien asumirá la jefatura de Estado el próximo 10 de diciembre.

Según indicó el intendente durante una entrevista radial, el gobernador de Unión por la Patria “tiene las condiciones para liderar a la oposición porque representa a la provincia más grande de Argentina, es joven y ya ha enunciado un discurso que tiene que ver con un nueva mirada del peronismo”.

Al igual que Kicillof, Zamora se explayó también sobre la situación actual de las provincia en la distribución de los fondos coparticipables. “Hay mucha incertidumbre en el sentido de la relación entre el Gobierno nacional y las provincias. Sobre todo teniendo en cuenta el desequilibrio que tiene la provincia de Buenos Aires con la coparticipación”.