El estigma gira en el aire y Unión por la Patria se divide en dos: entre aquellos que se intentan escapar del estigma anunciando tiempos nuevos y aquellos sobre los que se intenta depositar la totalidad de la estigmatización.

Por Nacho Cantala

Es un mismo movimiento: los que toman distancia de la identidad Cristinista intentan dejarle el estigma a los que se quedan.

El resultado buscado: un kirchnerismo residual y estigmatizado desde afuera y desde adentro del propio campo político.

Es la construcción del chivo expiatorio: aquel que acumula todas las culpas mientras todos los otros logran su inocencia.

Esa es la última tarea que está llevando adelante Alberto Fernández para el poder concentrado en la Argentina: fortalecer la asociación entre ilegalidad y kirchnerismo intentando depositar todo el estigma en Cristina Kirchner y su sector político. Para ello, se va del gobierno aumentando la judicialización de la política.

En ese contexto de judicialización, Alberto Fernández considera un logro terminar el gobierno sin denuncias. Miente y es funcional a ese proceso integral de judicialización de la política. Un proceso en el cual no hay prácticamente ninguna acción política que no sea acompañada por una acción judicial. Un proceso que ha incentivado Mauricio Macri y que no ha revertido Alberto Fernández a pesar de su compromiso de revertirlo.

Las denuncias sobre espionaje ilegal que recayeron sobre Fabián “Conu” Rodríguez se explican en este marco general.

El decreto de Alberto Fernández ordenando la remoción del cargo de Rodríguez busca, además de amplificar el caso, visibilizar la pertenencia del funcionario a La Cámpora y situar el debate en un lugar que no favorece a los intereses del campo nacional y popular: amplifica un conflicto interno en tiempos en donde la avanzada neoliberal libertaria exige un frente opositor compacto y unificado.

Alberto Fernández se va de su cargo cumpliendo una última función para sus mandantes: contribuir a la división y fragmentación del frente opositor.

Para ello, sus voceros construyen un relato sofisticado: el lawfare o judicialización de la política denunciando a sus víctimas, en este caso el Cristinismo, de conformar un sistema similar al lawfare. Una asociación entre políticos, periodistas y servicios de inteligencia que supuestamente realizaba espionaje, sistematización de información privada y operación política.

Dice hoy el diario La Nación: “La investigación estableció que la “asociación criminal”, no sólo tenía en la mira a jueces – lo que fue el origen de esta causa – sino que se trató de “una red de espionaje más amplia” cuya actividad habría tenido como objetivo a cientos de personas – políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales – sobre los que se realizó recopilación de inteligencia, almacenamiento, sistematización y análisis de información de cientos de personas, la filmación a escondidas de los objetivos, el acceso indebido a bases de datos de acceso restringido de organismos públicos y a correspondencia privada y la divulgación de parte de esa información”.

Fiscales, jueces y medios denuncian el funcionamiento de ese sistema a cuya cabeza, según ellos, estaría el “Conu” Rodríguez.

Fiscales, jueces y medios que no dicen nada sobre conocidos periodistas que están involucrados como operadores en este caso de espionaje.

Fiscales, jueces y medios que tampoco dicen nada sobre el hecho de que la misma Cristina, el mismo Máximo Kirchner y Wado de Pedro integraban el listado de espiados y que, por eso, se presentaron como querellantes. El relato orilla lo surrealista: la Vicepresidenta, el jefe de La Cámpora y el Ministro del Interior habrían ordenado espiarse a sí mismo.

En ese escenario, Alberto Fernández se va del gobierno intentando amplificar esta denuncia e incorporándose como actor rutilante al dispositivo de judicialización de la política: están todos los protagonistas, fiscales, jueces, dirigentes políticos y grandes medios de comunicación sobredimensionando la causa por espionaje.

El presidente saliente ha pactado con los grandes medios una salida del gobierno alimentando el conflicto y la división interna. Persigue varios objetivos: fragmentar el frente opositor, estigmatizar y debilitar a la identidad que puede intentar reconstruir la representación de los sectores populares con mayor decisión y consecuencia y, finalmente, situar el debate lejos de la crítica a su pésimo gobierno, causa principal del triunfo de Milei.

Un gobierno que, a diferencia de lo que dice el propio Fernández, ha tenido numerosas denuncias como sucede con todo aquel que gobierna: el lawfare es un dispositivo para bloquear o dificultar los gobiernos que toman decisiones favorables a los sectores populares. El de Fernández es un caso atípico: aun cuando dirigió un gobierno que perjudicó a los sectores populares, de todos modos fue objeto de diversas denuncias, no por sus políticas sino por sus torpezas, como fue la tristemente recordada fiesta de cumpleaños en Olivos, incumpliendo las normas decididas por él mismo.

Fernández encabezó un gobierno, que más allá de los inconvenientes, producidos por la pandemia, la guerra y la sequía, desarrolló una política económica en disconformidad con el resto de los integrantes de la coalición política, sobre todo del kirchnerismo, que empeoró significativamente los niveles de distribución del ingreso.

Los ingresos de trabajadores y trabajadoras registrados tuvieron durante su gobierno una pérdida promedio de 5%, que se acumularon a lo que ya habían perdido durante el gobierno de Mauricio Macri. En simultáneo, los sectores no registrados perdieron un 28% de sus ingresos durante el gobierno de Fernández. En estos números no se consideran los aumentos salvajes de los últimos 15 días tras las elecciones.

Es decir que el promedio de los ingresos de los y las trabajadores en la Argentina se vieron reducidos en promedio un 10%.

El salario promedio neto registrado, público y privado, fue para octubre de 2023 de 396 mil pesos y la canasta de pobreza metropolitana para un hogar tipo ascendió a 346 mil pesos. De este modo, el programa económico de Alberto Fernández impactó sobre la relación entre capital y trabajo con una transferencia del segundo hacia el primero de aproximadamente 100 mil millones de dólares.

Está claro porqué, el sirviente Fernández, prefiere contribuir a seguir judicializando la política: es una forma de no hacerse cargo de que su política económica, decidida en soledad, es la principal responsable de la derrota electoral.

Todo parece indicar que quiere continuar brindando sus servicios al poder: dividiendo y fragmentando a la que, desde este 10 de diciembre, será la oposición a los planes salvajes del neoliberalismo. El supuesto defensor de la unidad torpedeando la unidad.

Fernández se va a España.

Los argentinos y las argentinas nos quedamos en el país bajo el ruido de motosierras y dinamita.