Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, defendió la medida que atenta contra grandes empresas nacionales.
El Gobierno nacional derogó los decretos que obligaban al Estado a contratar servicios de empresas públicas como Banco Nación, Aerolíneas Argentinas e YPF, entre otras. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, representa un duro golpe para estas compañías, en las que Javier Milei ha dejado claras sus intenciones de privatización. Desde el Ejecutivo, justificaron la decisión utilizando como pretexto la investigación que involucra al expresidente Alberto Fernández en el escándalo de los seguros, un argumento que enmascara la verdadera intención de priorizar al mercado sobre el Estado.
El decreto deroga la obligatoriedad de contratar los servicios de entidades como Banco Nación para el pago de haberes del personal del Sector Público Nacional, YPF para la provisión de combustible y lubricantes para vehículos oficiales, y Aerolíneas Argentinas -a través de su plataforma Optar- para la compra de pasajes aéreos destinados a funcionarios y asesores. Además, elimina la necesidad de adquirir pólizas de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros, desarticulando un entramado que, según el gobierno, favorecía la corrupción y el mantenimiento de una “casta política”.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, salió en defensa de la medida, describiéndola como un paso hacia la eliminación de los “privilegios” de las empresas públicas en las contrataciones estatales. “Las empresas públicas deben servir a los ciudadanos y no servirse de ellos. Si estos privilegios, además, facilitaban la corrupción o sostenían a una casta política, deben ser desterrados”, afirmó Sturzenegger en sus redes sociales, rematando su mensaje con el lema “Viva La Libertad Carajo”.
El nuevo decreto cita como fundamento el polémico megaDNU que, aunque fue rechazado por el Senado, sigue sin ser tratado en Diputados. En su artículo 50, se establece que las empresas donde el Estado sea accionista no gozarán de prerrogativas de derecho público, ni podrán beneficiarse de ventajas en contrataciones o compras de bienes y servicios. Sturzenegger, en su justificación, se mostró especialmente crítico con los esquemas vinculados al pago de seguros, describiendo como “grotesco” un sistema en el que se contrataba a un “broker” para gestionar una contratación que era obligatoria por ley.
Esta lógica, que prioriza al mercado sobre el Estado, ha demostrado en otros momentos de la historia generar una fuerte vulnerabilidad social, desembocando en crisis y estallidos sociales. La medida actual deja al sector público sin herramientas clave, repitiendo un patrón que en el pasado llevó a consecuencias desastrosas para la sociedad.
Con esta decisión, el Gobierno avanza hacia un modelo en el que las empresas públicas pierden terreno, allanando el camino para futuras privatizaciones. Aunque desde el Ejecutivo se presenta la medida como una “modernización”, sus críticos advierten que se trata de una peligrosa desregulación que podría aumentar la desigualdad y debilitar aún más al Estado en su función de proteger los intereses públicos.