A horas de que comience en Diputados el debate por el el veto presidencial a la movilidad jubilatoria, el Gobierno ubicó a Pablo Yannibelli como rector “organizador” de la UNRT.
A pocas horas de que la Cámara de Diputados trate el veto presidencial a la movilidad jubilatoria, el Gobierno nacional tomó una medida que no pasó desapercibida: oficializó a Pablo Yannibelli, abogado cercano a Rodrigo de Loredo, como rector “organizador” de la Universidad Nacional de Río Tercero (UNRT). La coincidencia temporal no deja lugar a dudas sobre el trasfondo de la decisión, que parece más un movimiento estratégico que una simple formalidad burocrática.
Desde hace meses, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, junto a los diputados radicales Rodrigo De Loredo y Gabriela Brouwer de Koning, impulsaron con insistencia la puesta en marcha de la UNRT. Sin embargo, la respuesta del Gobierno se había postergado durante más de cuatro meses, hasta que, este martes, el Ministerio de Educación, liderado por Sandra Pettovello, emitió una resolución que colocó al frente de la universidad a Yannibelli, hombre de confianza de De Loredo y miembro del espacio Evolución Radical.
Este gesto del oficialismo llega en medio de una crisis interna en la Unión Cívica Radical, que enfrenta un dilema moral cada vez más evidente. Varios de sus diputados, que habían votado a favor de la reforma jubilatoria en el Congreso, ahora se alinean con el veto impuesto por el presidente Javier Milei, en lo que parece un claro intento de congraciarse con el Gobierno a expensas de los derechos de los jubilados. Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi fueron algunos de los que asistieron a una reunión en la Casa Rosada, comprometiéndose a defender el veto presidencial, pese a haber respaldado el proyecto original que pretendía mejorar los ingresos de los jubilados.
La Convención Radical, consciente de la incongruencia, emitió un comunicado crítico hacia sus propios legisladores: “El veto ya está en vigencia y algunos de los diputados que habían votado a favor de la ley, hoy, sin sonrojarse, avisaron que acordarán con el veto presidencial”. La falta de coherencia y la sumisión a los intereses del poder ejecutivo hacen que estos radicales queden expuestos como actores políticos que han abandonado los principios históricos de su partido.
Facundo Manes, uno de los más críticos dentro del radicalismo, no dudó en expresar su indignación: “Los jubilados no son casta. El Gobierno quiere que el ajuste fiscal caiga sobre las espaldas de los adultos mayores. Por eso, vetó totalmente una ley que buscaba recomponer sus haberes tras la devaluación de diciembre. Presidente: ¿en serio cree que los jubilados son la casta?”.
La estrategia del oficialismo de premiar a figuras cercanas a la UCR, como Yannibelli, mientras busca asegurar el apoyo de algunos de sus diputados para sostener el veto, demuestra una política de favores y conveniencias que pone en entredicho el verdadero compromiso de estos legisladores con los ideales que alguna vez defendieron.
