La Justicia ordenó este jueves al Gobierno de Javier Milei continuar con los planes de entrega de alimentos a comedores y merenderos de todo el país “a los efectos de garantizar el derecho a la alimentación”.
En su fallo, el juez federal Walter Lara Correa dejó en claro que no avanza sobre las facultades del Poder Ejecutivo ni ordena la aplicación de un programa que no estuviera presupuestado. Además, le indicó al Gobierno que depure el padrón del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM). No es la primera vez que la Justicia obliga al gobierno libertario.
“Es importante subrayar que no se está ordenando un gasto no presupuestado o se esté modificando la programación presupuestal definida por el Legislador. Tampoco se está delineando una política, definiendo nuevas prioridades, o modificando la política diseñada” por el Departamento Legislativo y puesta en marcha por el Poder Ejecutivo Nacional”, señala el fallo de Lara Correa.
El texto remarca que “el principio de legalidad ordena al Congreso de la Nación a confeccionar, discutir y aprobar el presupuesto mediante el cual autoriza los gastos en las distintas ramas del Estado y, luego el Poder Ejecutivo Nacional administra y ejecuta dicho presupuesto”.
Además, el juez destaca el “reconocimiento del derecho a la alimentación” y señala que los comedores y/o merenderos constituyen “instrumentos para la satisfacción del derecho” en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Vale recordar que hay dos procesos judiciales abiertos contra Pettovello a raíz de denuncias realizadas por la UTEP. Uno de ellos es en el fuero penal, donde es investigada por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad, donde los jueces de primera instancia, Cámara de Apelaciones y Cámara de Casación Penal coincidieron en que Capital Humano debía repartir la comida.
El otro es en el fuero contencioso administrativo donde el juez Lara Correa ya había dado lugar a la medida cautelar solicitada por la Defensoría oficial en la que piden “asegurar de una manera eficaz y sustentable el derecho a la alimentación adecuada del colectivo representado ” y “ordene al Ministerio de Capital Humano que continúe con los planes y programas denunciados como política pública para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes, que asegure su efectiva ejecución evitando cualquier dilación, interrupción o recorte sustancial de la prestación alimentaria por cuestiones ajenas a las pautas fijadas por las leyes y resoluciones vigentes hasta tanto se dirima la cuestión de fondo del presente constitucional”.
