La difícil situación de la industria alimenticia en la región se agudiza con el despido de 70 trabajadores en un frigorífico de Villa Gobernador Gálvez.
La difícil situación de la industria alimenticia en la región se agudiza con el despido de 70 trabajadores en un frigorífico de Villa Gobernador Gálvez, ubicado en las cercanías de Rosario. La empresa, Europlus Argentina, comunicó la desvinculación de los empleados a través de un mensaje de WhatsApp el pasado 6 de enero, dejando a los afectados sin acceso a sus puestos de trabajo. Los trabajadores despedidos, muchos de ellos con más de 20 años de antigüedad, expresaron su sorpresa ante la noticia, ya que venían negociando una reducción de personal a través de retiros voluntarios, y no esperaban una medida tan drástica.
Walter Navarro, delegado del sindicato, explicó que la empresa aduce una caída en las ventas y dificultades con el valor del dólar, lo que les impide mantener la plantilla de trabajadores. Aunque en los últimos meses se había hablado de una reestructuración mediante retiros voluntarios, la magnitud de los despidos sorprendió a los empleados, quienes aseguraron que la situación no se corresponde con una crisis productiva. “Había trabajo y la mercadería no se estaba tirando, pero la realidad cambió de un día para otro”, afirmó Navarro.
El frigorífico, que produce tripas naturales y otros insumos para la industria alimentaria, fue adquirido hace unos años por un grupo empresario de Buenos Aires, cambiando su nombre de Euro SA a Europlus Argentina. A pesar de los anuncios optimistas de la empresa en sus redes sociales para el año 2024, los trabajadores ahora enfrentan una incertidumbre total respecto a su futuro laboral.
La intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia no ha dado resultados concretos aún, ya que la patronal no asistió a la reunión convocada, lo que obligó a reprogramarla para el miércoles. El sindicato exige la reincorporación de los despedidos o, al menos, que se paguen las indemnizaciones correspondientes, asegurando que la decisión fue injusta e inconsulta. Además, algunos empleados que aún permanecen en la planta denuncian condiciones de trabajo insalubres y la falta de respuesta a sus reclamos por parte de la empresa.
Este episodio es un nuevo capítulo de una crisis más amplia que afecta a la industria alimentaria local, con despidos y reducciones de personal, a lo que se suma una creciente precarización de la actividad, sumado a la inestabilidad económica que atraviesa el país. Los trabajadores esperan que, de no llegar a una solución en las próximas horas, el Ministerio de Trabajo dicte una conciliación obligatoria para evitar más despidos y proteger los derechos laborales de los afectados.
