En un intento desesperado por sostener el tipo de cambio de manera artificial, el ministro de Economía, Nicolás Caputo, decidió recurrir a los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, destinados a financiar el sistema previsional.
Por primera vez, el Gobierno utilizó los dólares de los jubilados para intervenir en el mercado financiero y contener la escalada de la divisa estadounidense.
La maniobra busca calmar a los inversores, que empezaron a abandonar el carry trade ante la incertidumbre sobre la salida del cepo, una posible devaluación y un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin medidas claras en el horizonte, el Gobierno optó por ceder ante la presión del mercado a costa de los sectores más vulnerables.
El precio de la estabilidad ficticia
Este martes, el volumen de operaciones con bonos AL30—utilizados para dolarizarse en el mercado financiero—alcanzó los 375 millones de dólares, el segundo mayor registro del año. La mayor parte de estas transacciones ocurrió en los últimos minutos de la jornada, una clara señal de intervención oficial para controlar la brecha cambiaria.
El mecanismo es el mismo de siempre: el Banco Central y el Banco Nación operan sobre el cierre del mercado para evitar que el dólar financiero marque tendencia al alza. Sin embargo, la gran diferencia en esta ocasión es el origen de los fondos: los ahorros de los jubilados, que el Gobierno usó para comprar bonos y bajar artificialmente el dólar Bolsa.
La decisión no es casual. Apenas un día antes, el Ejecutivo desplazó al titular de la ANSES y lo reemplazó por un financista cercano a Caputo que controlaba el FGS. El objetivo quedó claro: facilitar el uso de los recursos previsionales como herramienta de ajuste y especulación.
Una bicicleta al borde del colapso
La estrategia económica del Gobierno se basa en sostener el atraso cambiario con un carry trade recargado, una versión de la clásica bicicleta financiera que permite captar dólares del exterior con tasas en pesos atractivas. Para eso, la llamada “tablita cambiaria” fija una devaluación de apenas el 1% mensual, mientras que las tasas de interés se mantienen por encima del 2,4% en pesos.
Sin embargo, esta burbuja es insostenible. La acumulación de deuda en dólares de las empresas y la falta de divisas para levantar el cepo ponen en jaque el plan oficial. Los dólares que el Gobierno no consigue por la liquidación del agro o por financiamiento externo, ahora los están poniendo los jubilados.
Mientras el Ejecutivo insiste en que con 11.000 millones de dólares se podría liberar el mercado cambiario, las deudas de las empresas exportadoras y las obligaciones bursátiles en moneda extranjera superan los 24.000 millones de dólares. En este escenario, la supuesta estabilidad es solo una ficción sostenida a costa del sacrificio de los sectores más frágiles.
El costo lo pagan siempre los mismos
El relato libertario de “acabar con la casta” se desmorona frente a una realidad en la que los únicos que pierden son los jubilados y los trabajadores, mientras el mercado financiero sigue ganando. La “casta” no se toca, pero los fondos previsionales sí.
