El Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich profundiza la adopción de técnicas represivas importadas de Israel, evidenciando que la cooperación bilateral no se limita a la compra de equipamiento, sino que también abarca la asimilación de doctrinas represivas.
La reciente escalada en el uso de tácticas que resultan en la mutilación ocular de manifestantes en Argentina replica un patrón ya documentado en los territorios ocupados de Palestina, donde las fuerzas de seguridad israelíes han empleado este tipo de represión como método sistemático para disuadir la protesta social.
Las protestas contra el gobierno de Javier Milei del pasado miércoles dejaron un saldo de más de 20 heridos y 100 personas detenidas arbitrariamente por las fuerzas de seguridad en el Congreso y sus inmediaciones, en CABA. Entre los heridos, Jonathan Leandro Navarro, vecino de San Martín, perdió la visión de su ojo izquierdo tras ser alcanzado en el rostro por un disparo a quemarropa de un efectivo de la Prefectura Naval Argentina mientras intentaba asistir a dos jubilados. Su denuncia, respaldada por el exdiputado Leonardo Grosso y el abogado Pablo Zappulla, apunta directamente a Patricia Bullrich y al jefe del operativo represivo, a quienes acusa de impartir órdenes ilegales y permitir el uso de violencia extrema contra manifestantes pacíficos.
Este patrón represivo no es nuevo: el mismo fue inaugurado en febrero de 2024, cuando Matías Aufieri, asesor legislativo del Frente de Izquierda, resultó gravemente herido por una bala de goma que impactó en su ojo, generándole una pérdida total de la visión. Además, en aquel momento más de 20 periodistas fueron atacados con balas de goma, según denunció el diputado Christian Castillo dentro del Congreso.
El despliegue de estas tácticas en territorio argentino pone en evidencia la transferencia de conocimiento en materia de represión por parte del régimen de Israel, consolidando un modelo que busca sofocar la movilización popular a través del miedo y el castigo físico por vía de la mutilación de órganos. La insistencia del gobierno en fortalecer la cooperación con Israel en temas de seguridad no solo ha traído consigo la adquisición de armamento y tecnología de vigilancia, sino también la normalización de prácticas violentas que atentan contra los derechos humanos y la libertad de expresión.
La represión en las inmediaciones del Congreso incluyó casos de violencia extrema contra personas mayores y periodistas e incluso de personas totalmente ajenas a la misma. Un video viral mostró cómo un policía golpeó brutalmente a una señora de 83 años, arrojándola al suelo y provocándole un corte en la cabeza. A pesar de lo impactante de las imágenes, la señora fue atendida y se recupera en su casa. Otro caso alarmante fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una grave herida en la cabeza tras ser alcanzado por un impacto directo de proyectil de gas lacrimógeno disparado por las fuerzas de seguridad en una clara violación de lo establecido por el protocolo de empleo de dicho armamento.
Ante la brutal represión, la indignación social creció y se registraron manifestaciones espontáneas con cacerolas frente a la Casa Rosada exigiendo la renuncia de Patricia Bullrich. Incluso dentro del gobierno nacional, algunas voces han reconocido los excesos en el operativo, que incluyó estrategias de inteligencia y provocaciones evidenciadas en redes sociales y medios de comunicación. Un ejemplo de esto fue el abandono intencional de un patrullero con las puertas abiertas y sirenas encendidas en plena Avenida de Mayo, que posteriormente fue incendiado en circunstancias aún desconocidas, pero utilizado mediáticamente para justificar la represión.
La mutilación como método de disciplinamiento social
La artista Gabriela Golder inició una investigación llamada Arrancar los ojos, con el objetivo de reflejar la brutal represión que había sufrido el pueblo chileno en 2019. Por esos años alrededor de 400 personas recibieron balas de goma en su rostro y sus ojos, algunos llegaron a perder sus dos globos oculares. En la actualidad, cerca del 46% de las causas por violaciones a los derechos humanos fueron archivadas por la justicia chilena por falta de pruebas, explica la revista Gatopardo. Murieron 43 chilenos y chilenas pero los responsables no recibieron condenas.
Golder explica que la mutilación de ojos es una metodología represiva inaugurada por Israel en la década del setenta para atacar a la población palestina. Entre 1987 y 1993 se contabilizaron 154 lesiones oculares entre manifestantes palestinos. Los años siguientes la estrategia fue importada a otros países, como los que mencionamos más arriba. No hay una explicación que no sea poética respecto a por qué el poder elige quitarle la vista a quienes se rebelan contra medidas autoritarias y desigualitarias.
En el año 2022 la teórica queer, Jasbir K. Puar, escribió un libro llamado “El derecho a mutilar” en donde se encarga de replantear la teoría de la biopolítica de Foucault para explicar la discapacidad desde una concepción imperialista y desarrollar minuciosamente el funcionamiento del dispositivo de crueldad del capitalismo para debilitar y marginar los cuerpos. Jasbir Puar señala que la discapacidad puede ser una herramienta de sometimiento y desgaste, entendiendo que se conciben cuerpos para proteger y cuerpos para agredir entre las capas del sistema.
Hace un tiempo la autora Lauren Berlant se encargó de elaborar el concepto de “muerte lenta” para referirse a aquellos grupos humanos que padecen las crisis por goteo como parte de su cotidianidad. Su día a día es el hambre, la precarización laboral y los sometimientos por parte de las fuerzas policiales y solo llegan a ser escuchados cuando las afecciones económicas alcanzan a otras escalas sociales. Es, según Berlant, un desgaste físico de la población que determina su experiencia y su existencia histórica.
La implementación de estas prácticas en Argentina marca un precedente alarmante sobre la dirección que está tomando la política de seguridad del gobierno actual y su desprecio por los derechos humanos y democráticos de la ciudadanía, cuestión que ya fuera señalada por las Naciones Unidas en un reciente comunicado. La importación del modelo represivo israelí no solo afecta la integridad física de quienes protestan, sino que también busca desarticular la resistencia social a través del terror y la violencia institucionalizada, una practica que recuerda a los años de plomo en que las dictaduras militares de América Latina cometían verdaderas atrocidades amparadas en la por entonces Doctrina de Seguridad Nacional auspiciada por los Estados Unidos. Hoy desde el gobierno de Javier Milei se comienza a desplegar una llamativa y sospechosa narrativa que remite a los tiempos más oscuros de la historia del país donde un supuesto “enemigo interno” estaría al acecho tratando de socavar al gobierno y subvertir los valores “occidentales”.
Este discurso de securitización, es un claro indicador de que el gobierno prevé un escenario de mayor volatilidad, crispación y conflictividad social al calor de las medidas económicas de ajuste a las cuales se pide “seguir aguantando” por algunos años mientras se “ordena la macro”. Esta situación incluso ya fue advertida por el propio FMI, el cual en un informe del mes de febrero del año pasado ya anticipaba el actual escenario: “Dada la delicada situación social y el hecho de que el plan de estabilización tardará en materializarse, no se pueden descartar los riesgos de malestar social, incluso con cierto refuerzo de la red de seguridad social”. En este contexto el gobierno parece estar decidido a intensificar la respuesta represiva ante las crecientes demandas sociales abriendo un escenario sombrío y de consecuencias impredecibles.
