Una investigación reveló que durante la gestión de Garro se avalaron construcciones en zonas rurales sin la debida autorización provincial.
El exintendente de La Plata, Julio Garro (PRO), fue imputado por el fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta por encabezar una maniobra que habría autorizado ilegalmente 400 desarrollos urbanísticos, perjudicando a cientos de familias y al municipio en un monto cercano a los 700 mil millones de pesos.
La investigación, impulsada por el actual intendente Julio Alak, reveló que durante la gestión de Garro se avalaron construcciones en zonas rurales sin la debida autorización provincial. Esto no solo encareció el acceso a la tierra, sino que también elevó los alquileres del cordón frutihortícola, complicando la situación de pequeños productores e incrementando las inundaciones.
Además, la Justicia comprobó que se manipularon expedientes para inflar el costo de obras públicas. Un caso revelador fue el de una rotonda en el barrio La Cañada, cuyo presupuesto pasó de 40 a 70 millones de pesos tras la alteración de documentos oficiales.
La trama incluyó la participación de funcionarios de confianza de Garro y empresarios vinculados. Entre los implicados figuran su exsecretaria de Planeamiento Urbano, María José Botta, el exdirector de Obras Viales, Marcelo Genoro, y empresarios como Ariel Bordigoni, de la firma Bordigoni y Cía SRL; Facundo Dadin, de Sol Vial Construcciones; y representantes de Agrycon.
El fiscal los señaló como “coautores penalmente responsables” de una serie de delitos que incluyen incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y administración fraudulenta.
La Justicia también ordenó allanamientos en busca de documentación clave, incluyendo el domicilio de Garro en el exclusivo country Grand Bell, dejando en evidencia la oscura red de corrupción que manejó el PRO en La Plata durante los últimos años.