Mientras hoy acusa de “terroristas” y “desestabilizadores” a quienes se manifiestan contra la crisis de los jubilados y ordena reprimir con dureza, en el pasado fue una de las principales impulsoras de movilizaciones opositoras con consignas abiertamente destituyentes.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha vuelto a quedar en evidencia por su doble vara a la hora de evaluar las protestas sociales. Mientras hoy acusa de “terroristas” y “desestabilizadores” a quienes se manifiestan contra la crisis de los jubilados y ordena reprimir con dureza, en el pasado fue una de las principales impulsoras de movilizaciones opositoras con consignas abiertamente destituyentes.

⭕️ | ARCHIVO DEMOLEDOR: Así, Patricia Bullrich CONVOCABA A LA LUCHA CALLEJERA EN 2013.

‼️ La precursora del “que las hace, las paga”, LAS HIZO TODA SU VIDA. DE MONTONERA A REPRESORA SIN ESCALAS. NO TIENE CARA.

❌ LA HIPOCRESÍA AVANZA. pic.twitter.com/6QX8TEQsly

— Diagonales (@diagonalesweb) March 18, 2025

En las redes comenzó a circular un video de 2013 en el que Bullrich, entonces diputada, convocaba a la ciudadanía a sumarse a “la lucha callejera” contra el gobierno de Cristina Kirchner, llamando a movilizarse para “lograr un cambio” y “terminar con la lógica populista”. En aquella ocasión, promovió un masivo cacerolazo que desembocó en Plaza de Mayo, en el marco de la discusión sobre la reforma judicial impulsada por el kirchnerismo.

“Te pedimos que salgas a la calle, que te movilices, que trabajes, que colabores”, decía Bullrich en el video, alentando la protesta como un derecho legítimo. Hoy, desde el gobierno de Javier Milei, criminaliza a quienes ejercen ese mismo derecho, exigiendo mano dura y justificando la represión policial contra manifestantes que reclaman por los derechos de los jubilados.

No es la primera vez que su postura cambia según la conveniencia política. Durante la pandemia, Bullrich también incentivó las movilizaciones contra las restricciones sanitarias e incluso participó de una escandalosa quema de barbijos en el Obelisco. Sin embargo, ahora que está en el poder, pretende imponer un orden represivo donde la protesta es válida solo cuando le sirve políticamente.

Su doble discurso es evidente: cuando era opositora, llamaba a la rebelión en las calles. Hoy, en el gobierno, pretende silenciar cualquier manifestación con gas lacrimógeno y palos.

La iniciativa es fuertemente cuestionada al tratarse de mercadería que se le incautó a trabajadores ambulantes, quitándoles de esa forma su principal fuente de trabajo en la calle. 

En una decisión tan repudiable como oportunista, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que donará a los damnificados por las inundaciones en Bahía Blanca mercadería que previamente fue incautada a vendedores ambulantes en operativos policiales.

La vocera del Ejecutivo porteño, Laura Alonso, confirmó en sus redes sociales que parte de lo decomisado en el operativo de Flores será enviado a la ciudad bonaerense. Sin embargo, esta aparente “solidaridad” encubre una estrategia que no solo se aprovecha de la tragedia de los bahienses, sino que además se construye sobre la persecución sistemática a quienes se ganan la vida día a día en las calles vendiendo su mercadería para poder sobrevivir a la difícil situación económica que atraviesa el país.

Días atrás, el propio jefe de Gobierno, Jorge Macri, había asegurado que el GCBA estaba a disposición de Bahía Blanca para asistir a los afectados por el temporal. Pero ahora, en lugar de aportar recursos propios, deciden “donar” bienes arrebatados a miles de trabajadores precarizados, utilizando su sufrimiento como moneda de cambio para construir un falso discurso de solidaridad.

Desde distintos sectores ya expresaron su rechazo a esta medida. La legisladora del PTS en el Frente de Izquierda, Andrea D’Atri, denunció la maniobra con contundencia: “El Gobierno de la Ciudad se ‘solidariza’ con Bahía Blanca enviando la mercadería que su Policía le roba a los trabajadores ambulantes, los que tienen las vidas más precarizadas en la Ciudad más rica del país”, criticó en sus redes sociales.

El gobCABA se "solidariza" con Bahía Blanca enviando la mercadería que su Policía le roba a los trabajadores ambulantes, los que tienen las vidas más precarizadas en la Ciudad más rica del país.
Bahienses, no se sorprendan si les llegan anteojos de sol y paltas.
Son esta basura https://t.co/xpamEQj2xm

— Andrea D'Atri (@andreadatri) March 17, 2025

Las imágenes de la Policía de la Ciudad persiguiendo, reprimiendo y decomisando la mercadería de los vendedores ambulantes han circulado ampliamente en redes sociales. Desde puestos de venta en las plazas porteñas hasta trabajadores independientes que intentan subsistir en la vía pública, todos son blanco de una política que criminaliza el trabajo informal y despoja a miles de familias de su sustento.

El Gobierno porteño, lejos de brindar soluciones reales, elige profundizar la precarización y luego lucrar políticamente con los bienes obtenidos a costa de los sectores más vulnerables. Una estrategia indigna que merece el más amplio repudio.

La megademanda por el fraude de la criptomoneda $LIBRA avanza en la Corte Suprema de Nueva York. Investigan el respaldo de Javier Milei como un factor clave en la legitimación de la cripto estafa.

El escándalo por la criptomoneda $LIBRA dio un giro dramático con la presentación de una megademanda colectiva en la Corte Suprema de Nueva York. El reconocido estudio de abogados Burwick Law, que representa a varios de los estafados por el fraude, apunta contra las empresas involucradas – Kelsier, KIP y Meteora – y salpica directamente al presidente Javier Milei, a quien se le atribuye haber respaldado el lanzamiento del token, lo que, según los demandantes, le dio “una apariencia de legitimidad” y generó “una falsa confianza” sobre su potencial económico.

Burwick Law, uno de los bufetes más influyentes de Nueva York, había anticipado la demanda contra el fraude cripto que afectó a miles de inversores. En las últimas semanas, la firma sumó a más damnificados, incluidos algunos que acusan a empresas e influencers de ser cómplices en el escándalo global. La denuncia sostiene que el lanzamiento del token $LIBRA fue diseñado de manera engañosa, perjudicando especialmente a los inversores minoristas.

El papel de Milei en la estafa

Aunque Javier Milei no está directamente entre los demandados, su participación es clave en la denuncia. La demanda lo señala como uno de los actores con “información privilegiada” que pudo haber facilitado el fraude. El texto de la demanda destaca que $LIBRA utilizó la imagen de Milei como un respaldo influyente, lo cual, al alinearse con su figura, ayudó a “cultivar una falsa apariencia de legitimidad”.

El respaldo de Milei fue presentado como una señal de respaldo gubernamental, vinculado a conceptos como “revitalización económica”, “financiación descentralizada” y “transparencia financiera”. Según los demandantes, esta estrategia de marketing buscó inducir a los compradores a creer que su inversión en $LIBRA contribuiría directamente al crecimiento de la economía argentina y al impulso de las pymes locales, un enfoque promocional apoyado por el presidente.

La criptoestafa: cómo operaron los responsables

La demanda sostiene que las mismas empresas responsables de $LIBRA ya habían lanzado otros tokens bajo patrones similares de manipulación, ocultando información clave sobre el proyecto. Según Burwick Law, los acusados retuvieron el 85% del suministro del token en el momento del lanzamiento, lo que les permitió controlar la valoración y liquidez de la criptomoneda.

Una vez activado el proyecto, los responsables extrajeron más de 107 millones de dólares en pocas horas, provocando un colapso del 94% en el valor de mercado de $LIBRA. Los demandantes aseguran que los compradores nunca fueron informados sobre las estructuras de liquidez ni sobre el control secreto del suministro de tokens, lo que permitió a los operadores monetizar de manera encubierta las tenencias de los inversores.

La demanda colectiva no solo busca una compensación por los daños sufridos, sino también medidas cautelares para evitar que nuevos fraudes como el de $LIBRA se repitan en el futuro, incluyendo la designación de un administrador judicial para asegurar los activos de los inversores aún afectados.

Una investigación reveló que durante la gestión de Garro se avalaron construcciones en zonas rurales sin la debida autorización provincial.

El exintendente de La Plata, Julio Garro (PRO), fue imputado por el fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta por encabezar una maniobra que habría autorizado ilegalmente 400 desarrollos urbanísticos, perjudicando a cientos de familias y al municipio en un monto cercano a los 700 mil millones de pesos.

La investigación, impulsada por el actual intendente Julio Alak, reveló que durante la gestión de Garro se avalaron construcciones en zonas rurales sin la debida autorización provincial. Esto no solo encareció el acceso a la tierra, sino que también elevó los alquileres del cordón frutihortícola, complicando la situación de pequeños productores e incrementando las inundaciones.

Además, la Justicia comprobó que se manipularon expedientes para inflar el costo de obras públicas. Un caso revelador fue el de una rotonda en el barrio La Cañada, cuyo presupuesto pasó de 40 a 70 millones de pesos tras la alteración de documentos oficiales.

La trama incluyó la participación de funcionarios de confianza de Garro y empresarios vinculados. Entre los implicados figuran su exsecretaria de Planeamiento Urbano, María José Botta, el exdirector de Obras Viales, Marcelo Genoro, y empresarios como Ariel Bordigoni, de la firma Bordigoni y Cía SRL; Facundo Dadin, de Sol Vial Construcciones; y representantes de Agrycon.

El fiscal los señaló como “coautores penalmente responsables” de una serie de delitos que incluyen incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y administración fraudulenta.

La Justicia también ordenó allanamientos en busca de documentación clave, incluyendo el domicilio de Garro en el exclusivo country Grand Bell, dejando en evidencia la oscura red de corrupción que manejó el PRO en La Plata durante los últimos años.

En una entrevista, Francisco Oneto propuso decretar el estado de sitio en Buenos Aires, desatando burlas y críticas por su grave desconocimiento del marco legal argentino.

El insólito momento ocurrió cuando Oneto afirmó sin titubeos: “Yo soy intendente de la CABA y decreto el estado de sitio. Por supuesto que sí”. Ante la repregunta de si era consciente de que esa potestad corresponde exclusivamente al Presidente, Oneto insistió: “No, porque el estado de sitio se decreta por regiones”.

Sin embargo, el artículo 23 de la Constitución Nacional es claro: el estado de sitio solo puede ser declarado por el Poder Ejecutivo Nacional en caso de conmoción interior o ataque exterior, jamás por un intendente o gobernador. La afirmación de Oneto desató una ola de críticas por su ignorancia sobre los principios básicos del sistema institucional argentino.

Defensa de la represión y desinformación

Durante la misma entrevista, Oneto defendió la represión llevada a cabo por el Ministerio de Seguridad en la marcha de jubilados en Plaza Congreso. Al minimizar la detención de manifestantes sin causa, incluso de un niño de 12 años, declaró: “Si vas todos los días a tomar mate a la Plaza Congreso, dudo que justo ese día fueras”, evidenciando un intento de justificar la violencia estatal.

Además, respaldó el uso de la fuerza policial sin distinción de edad, asegurando que un menor con una bomba molotov “es igual de peligroso que un adulto”, ignorando completamente las garantías procesales y la especial protección que la ley argentina otorga a los niños y adolescentes.

Repercusiones y críticas

Las declaraciones de Oneto generaron un fuerte rechazo en redes sociales y entre especialistas en derecho constitucional, quienes calificaron sus dichos como un “papelón jurídico”. Para un abogado que aspira a cargos públicos, el desconocimiento de la Constitución resulta alarmante y pone en duda su capacidad para interpretar y respetar el orden institucional del país.

La convocatoria es para este martes, con el objetivo de sentar postura en el tratamiento del DNU que tendrá lugar al día siguiente en Diputados.

El Partido Justicialista (PJ) que preside Cristina Kirchner llamó a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional Federal con el objetivo de definir su postura frente al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el presidente Javier Milei busca autoaprobarse un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La convocatoria es para este martes a las 18:30 en su sede de Matheu 130. Fue anunciada a través de las redes oficiales del partido.

El llamado a reunión responde a la sesión en la Cámara de Diputados prevista para el miércoles 19 de marzo, donde se debatirá el decreto presidencial que, según denunció el peronismo, “pretende eludir el cumplimiento de la Ley 27.612 y las disposiciones constitucionales” en materia de endeudamiento.

“El Presidente de la Nación busca avanzar unilateralmente hacia un acuerdo con el FMI que nadie conoce”, advirtió el PJ en su comunicado.

Se espera que del encuentro participen referentes del peronismo de todo el país, quienes debatirán la estrategia a seguir en el Congreso y la posibilidad de impulsar una impugnación formal contra el DNU que habilitaría la toma de deuda sin pasar por el Parlamento.

La citación del PJ se produjo después de que la Cámara de Diputados confirmara la convocatoria a una sesión especial para tratar el DNU que habilita al Gobierno a negociar un nuevo acuerdo con el FMI, que tendrá lugar este miércoles 19 a las 10.

El pedido había sido elevado al titular de la Cámara baja, Martín Menem, con firmas de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, CREO y Producción y Trabajo. La sesión especial se superpone con los plenarios de comisiones dictados la semana pasada sobre la investigación de la cripto $LIBRA, promocionada por Milei.

Eb este marco, la postura del PJ será clave en el debate legislativo, ya que el oficialismo necesita mayoría en Diputados para ratificar el decreto y evitar su rechazo.

La caída del nivel de reservas brutas es alarmante, USD 700 millones desde la última jornada hábil del viernes pasado. El dato refleja la exorbitante venta de dólares al oficial, USD 474 millones, la aceleración de la caída de los depósitos en dólares y en menor medida la intervención en el segemento financiero. Este lunes se dilapidaron otros USD 56 millones.

Así las cosas, las reservas siguen en torno a los 28 mil millones de dólares en un nivel tan bajo como las dejó el Frente de Todos en 2023. El gobierno de Javier Milei debió devaluar en diciembre de ese año y lo hizo porque “estábamos quebrados, sin reservas”. ¿Mismo escenario?

Ya casi todo el establisment económico, muy cercano al oficialismo, descuenta que habrá una devaluación, que es exigida en los hechos por el FMI, que pide dejar “flotar” el dólar. Esa flotación implicará una devaluación porque nadie cree que la divisa cueste 1000 pesos. Ironías del destino: el FMI pide “libertad” para el dólar mientras que los libertarios quieren mantenerlo sujetado. ¿No era que el Estado no debía intervenir?

Diego Santilli y Cristian Ritondo se reunieron con Javier Milei, Karina Milei, Lule Menem y Sebastián Pareja en Casa Rosada en el marco del armado electoral que impulsa La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires donde se habló de “integración” de un sector del macrismo a las fuerzas del cielo. ¿El PRO tendrá algún rol institucional en ese armado?

El encuentro se produce luego de una tensa reunión de mesa ejecutiva del PRO celebrada por zoom este domingo donde Mauricio Macri lanzó una dura advertencia ante la posibilidad de que sigan las fugas en su partido: “El que se va, no vuelve, no hay vuelta atrás”. Macri se queda solo en su armado porteño.

Antes de Santilli y Ritondo, que por ahora siguen en el PRO aunque con tensiones, se dieron los casos de Patricia Bullrich y Horacio Larreta, que sí decidieron abandonar al partido amarillo, que se va quedando sin sus principales figura. ¿Qué hará Macri ante esas fugas? ¿Buscará su propia candidatura para salvar al partido?