La motosierra de Milei deja a la red vial nacional al borde del colapso, poniendo en riesgo la vida de miles de personas
Esta polÃtica no solo compromete el estado de las rutas âarterias clave que sostienen el 80% del trÃĄnsito de carga y pasajeros del paÃsâ, sino que tambiÃĐn pone en riesgo el comercio, la conectividad y la vida de miles de personas que circulan a diario.
Este aÃąo, el Ejecutivo buscarÃĄ licitar casi 10.000 kilÃģmetros de rutas y caminos en todo el paÃs, pero Únicamente para asegurar su mantenimiento mÃnimo. En lugar de ampliar o mejorar la infraestructura, el objetivo es apenas evitar el colapso total de las vÃas. Sin embargo, los retrasos en las licitaciones y la dramÃĄtica reducciÃģn de fondos agudizan la preocupaciÃģn sobre el estado crÃtico de las rutas.
El desfinanciamiento de Vialidad Nacional, organismo bajo la Ãģrbita del ministro Luis “Toto” Caputo, ha dejado al ente prÃĄcticamente sin capacidad operativa. La reducciÃģn presupuestaria aplicada durante 2024 afecta directamente su funciÃģn esencial: garantizar la circulaciÃģn segura en el paÃs.
Para 2025, el panorama es aÚn mÃĄs alarmante: el gobierno deberÃĄ licitar el mantenimiento de al menos 9.342 kilÃģmetros de rutas, vitales para el comercio interno y regional. La gravedad del recorte se refleja en situaciones concretas como el vencimiento de concesiones de la Ruta 12 âconocida como la âruta del Mercosurââ, fundamental para el comercio con Brasil y Uruguay.
La falta de nuevas adjudicaciones ya provocÃģ la pÃĐrdida de mÃĄs de 500 empleos en el denominado âcorredor 18â, que incluye las rutas nacionales 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria. A pesar de que el gobierno promete que Vialidad Nacional se harÃĄ cargo, la falta de recursos hace prÃĄcticamente inviable esa tarea.
AdemÃĄs, se proyecta un recorte del 30% de la planta de personal de Vialidad Nacional, sobre un total de 5.200 trabajadores. El Sindicato de Trabajadores de Vialidad (STV) denunciÃģ que en 2024 el organismo dejÃģ de recibir $350.000 millones, fondos esenciales que debÃan ser transferidos desde el impuesto a los combustibles lÃquidos (ICL) pero que fueron retenidos por el Ministerio de EconomÃa.
La magnitud del ajuste es tal que, con esos fondos, se podrÃan haber reparado baches en mÃĄs de 3.400 kilÃģmetros de rutas y acondicionado mÃĄs de 26.000 kilÃģmetros de banquinas. En cambio, la falta de inversiÃģn convierte las rutas nacionales en un peligro constante.
La situaciÃģn podrÃa agravarse aÚn mÃĄs con la anunciada privatizaciÃģn de mÃĄs de 8.500 kilÃģmetros actualmente a cargo de Corredores Viales S.A. Entre los tramos afectados estÃĄn la Ruta Nacional 33 (Santa Fe-BahÃa Blanca), la Ruta Nacional 18 (Entre RÃos) y la variante de la Ruta Nacional 19 (CÃģrdoba).
Hoy, Vialidad Nacional debe afrontar tareas extraordinarias, como servicios de emergencia y despeje de calzadas, sin los recursos mÃnimos para garantizar un servicio eficaz. Aunque se habilitaron lÃneas gratuitas y un WhatsApp de emergencias, estas medidas resultan absolutamente insuficientes frente a la dimensiÃģn del problema.
La crisis vial tambiÃĐn empieza a generar tensiones polÃticas: el gobernador de Entre RÃos, Rogelio Frigerio, se reuniÃģ recientemente con el director de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, buscando atenuar los efectos del ajuste en su provincia.
En definitiva, el ajuste feroz impulsado por Milei no solo destruye la infraestructura vial, sino que tambiÃĐn pone en juego la seguridad de millones de personas, debilita el comercio y arrastra a cientos de familias al desempleo y la incertidumbre.







