Mientras el gobierno habilita el ingreso de dólares sin control ni impuestos, avanza con despidos masivos, precarización laboral y un ajuste que golpea a quienes viven de su trabajo.
El gobierno de Javier Milei continúa profundizando su plan económico con una nueva tanda de desregulaciones que favorecen a los sectores más concentrados, mientras golpean de lleno a las y los trabajadores. Entre las últimas medidas que prepara el Ministerio de Economía se encuentra la creación de un régimen para el ingreso irrestricto de dólares sin necesidad de justificar su origen. En la práctica, significaría habilitar un blanqueo permanente para el capital no declarado, sin impuestos ni controles.
Este nuevo sistema permitiría legalizar fondos que podrían provenir de la evasión, el contrabando, la corrupción o incluso el narcotráfico. Lejos de fomentar inversiones productivas, lo que se habilita es un canal opaco para el ingreso de divisas sospechosas, violando estándares internacionales contra el lavado de dinero. En lugar de construir un sistema tributario más justo, se premia a quienes operaron al margen de la ley durante años.
Mientras tanto, las y los trabajadores padecen las consecuencias de un ajuste brutal. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), más de 17.000 empleados estatales fueron despedidos solo en los primeros meses de 2024, y la cifra total desde el inicio del gobierno supera los 42.000. Este recorte afecta el funcionamiento de áreas esenciales como salud, educación, ciencia y políticas sociales. El discurso contra “la casta” termina siendo, en los hechos, un ataque directo contra el empleo público.
A esto se suma la reforma laboral incluida en el paquete fiscal aprobado recientemente en Diputados, que implica una fuerte flexibilización del mercado de trabajo. Entre otras cosas, se amplía el período de prueba, se reduce el costo de las indemnizaciones y se permite contratar “colaboradores” sin relación de dependencia formal. Todo esto debilita los derechos laborales y facilita la precarización, en un contexto donde los salarios ya han perdido más del 20% de su poder adquisitivo.
El impacto social de estas políticas ya es visible. Según la Universidad Católica Argentina (UCA), el 55,5% de la población está por debajo de la línea de pobreza y la indigencia afecta al 17,5%. Más del 65% de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares pobres. En lugar de corregir desigualdades, el modelo económico actual las profundiza, apuntando contra los sectores más vulnerables mientras protege a los grandes capitales.
Un modelo para pocos
La Argentina que está diseñando el gobierno se orienta a facilitar negocios financieros sin control y a premiar a quienes se enriquecen desde la ilegalidad. Mientras se garantiza libertad absoluta para los dólares que vienen de cualquier parte, se limita la libertad de quienes trabajan, estudian o intentan sostener su vida cotidiana en un país cada vez más hostil. Por más que el discurso hable de libertad, en los hechos el modelo solo beneficia a unos pocos.
