La medida, oficializada mediante el Decreto 332/2025 y firmada por el propio mandatario junto con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aparece justo cuando avanzaban investigaciones por posibles delitos vinculados al círculo presidencial.
En una decisión que genera serias sospechas de encubrimiento, el Gobierno nacional resolvió disolver la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada para indagar sobre la polémica criptomoneda $LIBRA, promocionada públicamente por el presidente Javier Milei. La medida, oficializada mediante el Decreto 332/2025 y firmada por el propio mandatario junto con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aparece justo cuando avanzaban investigaciones por posibles delitos vinculados al círculo presidencial.
Desde el Ministerio de Justicia aseguraron que la UTI “cumplió con las tareas asignadas” y que toda la información ya fue remitida al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicos informes oficiales ni se conocen las conclusiones de la unidad disuelta. Tampoco se ha revelado la identidad de los desarrolladores de $LIBRA ni si existieron vínculos entre ellos y funcionarios del Gobierno.
El cierre de la unidad se produce en un contexto de creciente tensión política: Cúneo Libarona volvió a ausentarse ante la Cámara de Diputados, que lo había citado para dar explicaciones sobre el escándalo. También faltó Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La falta de rendición de cuentas por parte de los funcionarios clave refuerza la idea de que se busca blindar al Presidente y su entorno de eventuales consecuencias judiciales.
La UTI había sido creada por el Decreto 114/2025, encomendando a la Oficina Anticorrupción la tarea de investigar posibles irregularidades o hechos de corrupción relacionados con el criptoactivo. Bajo la conducción de María Florencia Zicavo, la unidad tenía amplias facultades para solicitar información a organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, y estaba encargada de responder a los requerimientos del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
Ahora, con su disolución prematura y sin informes disponibles, crecen las sospechas de que el Gobierno busca enterrar el caso antes de que puedan esclarecerse responsabilidades. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal continúa con la investigación, pero sin el respaldo de una estructura creada específicamente para ello.
Para muchos, el cierre de la UTI no es más que una jugada para garantizar la impunidad presidencial en uno de los mayores escándalos financieros de esta gestión.