En nombre del ajuste pero con una clara finalidad ideológica, Javier Milei, elimino por decreto el organismo que tiene como objetivos la investigación y divulgación de la obra del creador de la bandera y uno de los máximos proceres del país.
En un acto que ha generado una profunda indignación en amplios sectores de la sociedad y académicos, el gobierno de Javier Milei dispuso por decreto la disolución y fusión de organismos dedicados a la preservación y difusión de la historia argentina, en lo que se perfila como una ofensiva de revanchismo ideológico sin precedentes. El Decreto 346/2025, publicado en el Boletín Oficial, ordena la eliminación del Instituto Nacional Belgraniano, junto al Instituto Browniano y el Instituto Newberiano, tres pilares en la transmisión de la memoria de figuras fundacionales como Manuel Belgrano, Guillermo Brown y Jorge Newbery.
La medida, ejecutada de manera unilateral, ha sido interpretada como parte de un claro plan de vaciamiento cultural y aniquilación simbólica del pasado nacional, mientras el presidente enaltece a figuras como Thatcher. A estos cierres se suman el desmantelamiento del Instituto Juan Domingo Perón y de la Comisión de Homenaje al expresidente, lo que refuerza la idea de una avanzada contra las tradiciones históricas del país, especialmente aquellas que representan proyectos políticos populares y soberanos.
El Instituto Nacional Belgraniano, creado oficialmente durante el gobierno de Carlos Menem —a quien Milei ha elogiado como el “mejor presidente” desde la democracia—, venía cumpliendo desde 1944 una función clave en la investigación y difusión de la figura del creador de la bandera. Su eliminación, realizada en plena Semana de Mayo, ha sido calificada como un acto provocador y de desprecio hacia los símbolos patrios.
“Esto no tiene justificación alguna. Es una afrenta al patrimonio histórico y cultural del país”, denunció Felipe Pigna, historiador y especialista en la vida de Belgrano, quien subrayó que el Instituto ha producido material documental invaluable durante décadas.
La decisión ha generado estupor incluso entre referentes de otros institutos afectados. Diego Barovero, presidente del Instituto Yrigoyeneano, señaló: “Se trata de una medida infundada, arbitraria y técnicamente deficiente. Además, un decreto no puede anular lo establecido por ley, lo cual demuestra una preocupante improvisación jurídica”. También advirtió que esta medida responde a una estrategia sistemática de borrar de la memoria colectiva figuras como Hipólito Yrigoyen, a quienes Milei ha descalificado públicamente.
Historiadores como Hilda Sabato y Roy Hora también manifestaron su preocupación por la concentración de decisiones culturales en manos del Ejecutivo y por la falta de supervisión y control ciudadano. “Estas decisiones unilaterales reflejan una visión estrecha, sectaria y autoritaria de la cultura, concebida como campo de batalla antes que como un espacio plural”, alertó Hora.
Mientras el vocero presidencial, Manuel Adorni, se limitó a anunciar la absorción de otros organismos como el Museo de la ex ESMA, omitió deliberadamente informar sobre el cierre de los institutos históricos, confirmando así que el ajuste no es meramente económico, sino que persigue una lógica de disciplinamiento ideológico.
La supuesta “racionalización del gasto público” con la que el Gobierno justifica estas acciones contrasta con los constantes viajes personales del Presidente al exterior, cuyos costos siguen siendo asumidos por el Estado y los gastos millonarios en tuiteros e “influencers” oficialistas. Lo que se presenta como “eficiencia” es, en realidad, una estrategia de erosión institucional que apunta a socavar la memoria histórica, vaciar el contenido simbólico de los próceres nacionales y borrar cualquier referencia incómoda de verdadero patriotismo para el relato oficialista.
Lo que está en juego no es solamente el destino de varios institutos: es el derecho colectivo a recordar, conocer y debatir nuestro pasado. Frente a este intento de clausura del pensamiento histórico, se alza una resistencia plural que exige revertir estas decisiones y defender la memoria como bien público.
