El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, repudió el recorte del Gobierno de Javier Milei al Hospital Garrahan: “pueden emitir un bono de deuda pero no pueden garantizar sueldos decentes”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió con dureza al recorte presupuestario que afecta al Hospital Garrahan, una institución clave en la atención pediátrica de alta complejidad. En declaraciones recientes, el mandatario expresó su preocupación por la falta de financiamiento adecuado y apuntó contra el Gobierno nacional.

“Lo que estamos viendo es una política de prioridades totalmente desalineada con las necesidades reales del pueblo. Pueden emitir un bono de deuda, pero no pueden garantizar sueldos decentes para los trabajadores del Garrahan”, afirmó Kicillof, destacando la contradicción entre la disposición para endeudarse y la negativa a asegurar condiciones laborales dignas en el sector de la salud pública.

El nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud de Wilde era una obra indispensable para fortalecer el sistema de salud en #Avellaneda. Hicimos la inversión necesaria y ya está listo para comenzar a atender a los vecinos. pic.twitter.com/uEVBOJBRwc

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 29, 2025

El recorte en el hospital, que es gestionado de manera conjunta entre Nación y Ciudad, ha generado una fuerte respuesta por parte de profesionales de la salud y organizaciones sociales, quienes advierten sobre el impacto directo en la atención médica infantil. Kicillof sumó su voz a las críticas, insistiendo en la necesidad de priorizar el presupuesto para salud y educación por encima de la especulación financiera.

“Estamos hablando de un hospital que atiende a miles de niños y niñas de todo el país. No se puede recortar ahí. Esto no es solo insensibilidad, es una política que elige dejar a la gente de lado”, concluyó el gobernador.

Cristian Rivaldi fue procesado por los delitos de “abuso de autoridad” en concurso real con el delito de “lesiones leves” por rociar con un potente gas lacrimógeno a Fabrizia Pegoraro, una nena de 10 años.

La Justicia procesó al agente de la Policía Federal Cristian Rivaldi por haber rociado con gas lacrimógeno a Fabrizia Pegoraro, una niña de 10 años, durante la represión de una manifestación pacífica en defensa de los jubilados, ocurrida el 11 de septiembre de 2024 frente al Congreso.

El juez federal Sebastián Ramos lo procesó por los delitos de “abuso de autoridad” y “lesiones leves”, en un fallo que remarcó la intencionalidad y desproporción del accionar policial. Según la resolución, Rivaldi disparó el gas directamente al rostro de la niña y su madre, quienes estaban tiradas en el suelo, sin agredir a nadie.

“Arrojó gas contra dos mujeres, una de ellas menor de edad, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad”, escribió el magistrado, subrayando que actuaron desde una “posición de desventaja” y que el uniformado “apuntó directamente a sus rostros sin motivo que justificara esa acción”.

Rivaldi se defendió con un escrito de 60 páginas en el que aseguró haber actuado “según los protocolos” y bajo órdenes superiores, y negó haber visto a una menor. Sin embargo, el juez consideró su versión “inverosímil” y resaltó que las imágenes del operativo confirman el testimonio de la familia afectada.

Este hecho se inscribe en un contexto de creciente violencia institucional y represión durante protestas sociales, y se suma al caso del fotorreportero que fue baleado en la cabeza durante otra manifestación, y que sobrevivió tras múltiples operaciones.

A pesar de la gravedad del hecho, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió al policía y desvió la responsabilidad hacia la madre de Fabrizia, a quien calificó de “irresponsable”, en lugar de condenar el accionar desmedido de las fuerzas a su cargo.

Fabrizia, en declaraciones a la prensa, relató con angustia lo vivido:

“Empecé a gritar, sentí que no podía ver, no podía respirar, no escuchaba a mi mamá… Me asusté mucho. Nosotras estábamos sentadas en el piso, no hicimos nada”, contó. “Parecían orgullosos de haberme tirado gas pimienta”, agregó.

Este procesamiento representa un avance judicial ante un caso que generó conmoción y volvió a poner en debate los límites del uso de la fuerza en democracia y la responsabilidad política ante hechos represivos.

La compañía confirmó que interrumpirá su producción durante todo junio y que sumará una semana de suspensión mensual hasta diciembre, una medida que profundiza la crisis industrial que afecta a la industria automotriz desde el año pasado.

La industria automotriz argentina atraviesa una de sus peores crisis en años. En un nuevo episodio que refleja la gravedad del escenario, General Motors confirmó que detendrá completamente su producción durante todo el mes de junio en su planta de Alvear, Santa Fe, y que aplicará suspensiones laborales sistemáticas hasta diciembre.

La medida, comunicada en una reunión con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), liderado en Santa Fe por Sergio Gazzera, pone en jaque la estabilidad de los 600 trabajadores de la planta y agudiza la incertidumbre prevaleciente en el sector.

Según se informó, durante junio se realizarán tareas de mantenimiento por 15 días y el resto del mes se cubrirá con vacaciones forzadas. Sin embargo, el dato más alarmante es la implementación de una semana de suspensión de producción cada mes hasta fin de año, una señal clara del deterioro estructural que atraviesa el sector.

Actualmente, se negocia si se mantendrá el esquema de pago del 75% del salario bruto durante los días sin actividad o si se aplicará un recorte aún más severo. Desde el gremio, además, no descartan que diciembre acumule más días sin producción, lo que profundizaría aún más el golpe a los ingresos de los trabajadores y al funcionamiento de la planta.

En un comunicado oficial, General Motors justificó la decisión como parte de una “adecuación de la planificación regional de producción” y aseguró que no se verá afectado el abastecimiento local ni las inversiones para la fabricación de la nueva generación del SUV Tracker. Sin embargo, evitó abordar el trasfondo económico que impulsa estas medidas.

Fuentes sindicales apuntan a una fuerte caída de la demanda regional y a la creciente competencia del mercado brasileño, principal destino de la Tracker producida en Alvear. La presencia creciente de modelos chinos, más competitivos en precio y equipamiento, ha complicado la colocación del vehículo argentino en el exterior.

Este nuevo parate en General Motors no es un caso aislado, sino un reflejo de la crítica situación que atraviesa toda la industria automotriz nacional, afectada por el desplome del mercado interno, las trabas a las importaciones, el aumento de los costos productivos y la pérdida de competitividad externa.

La parálisis en Alvear es el último síntoma visible de una crisis que ya no puede ocultarse y que exige respuestas urgentes para evitar un colapso mayor en una de las industrias clave de la economía argentina.

Casi el 70% de los empresarios del sector de la construcción aseguran que su nivel de actividad disminuyó en comparación con el año anterior, según el Estudio de Opinión Construya (EOC), realizado entre el 31 de marzo y el 25 de abril de 2025.

La industria de la construcción atraviesa una de sus peores crisis en años. Un contundente 70% de los empresarios del sector afirma que su nivel de actividad cayó respecto al año anterior, según revela el último Estudio de Opinión Construya (EOC), realizado entre el 31 de marzo y el 25 de abril de 2025, con la participación de más de 500 profesionales de todo el país.

El desplome es generalizado: la caída se refleja en todas las regiones de Argentina, sin excepción. Entre las principales causas, los empresarios destacan el aumento de costos, la baja demanda y la incertidumbre económica. Factores que no solo paralizan obras sino que también agravan un escenario donde el acceso al financiamiento es cada vez más limitado: un 30% de los encuestados se autofinancia, y un 24% directamente no accede a ningún tipo de crédito.

En este contexto, resulta llamativo que el Indicador de Expectativas Construya (IEC) aún muestre señales de optimismo para los próximos 12 meses. En la región de Buenos Aires, por ejemplo, un 45% de los empresarios espera un repunte en su actividad. Sin embargo, ese “optimismo” choca con los datos actuales, y plantea dudas sobre cuán sustentadas están esas expectativas frente a una economía en evidente retroceso.

El informe también resalta una paradoja estructural: a pesar de la crisis, la construcción sigue siendo considerada por muchos como el “mejor método de ahorro”. El 35% de los encuestados reafirma su rol estratégico en la economía nacional. Pero hoy, ese rol parece más simbólico que real, frente a un desplome de actividad que pone en jaque a uno de los sectores más dinámicos del país.

Este informe se suma a una serie de señales alarmantes en otras industrias clave. La industria panadera, por ejemplo, también atraviesa una situación crítica: desde la llegada de Javier Milei al gobierno, más de 1.100 panaderías han cerrado, y solo en la última semana se registraron doce cierres en la provincia de Buenos Aires. Los panaderos advierten que “vamos camino a la extinción”, golpeados por los constantes aumentos de insumos que en algunos casos llegaron al 10% solo esta semana.

En conjunto, estos datos muestran una realidad que contradice el discurso oficial de recuperación y crecimiento. La economía real, medida en producción, empleo y consumo, parece estar contando una historia muy distinta.

El gobierno de Javier Milei sacó un bono en los mercados internacionales que le permitió quedarse con mil millones de dólares de reservas. Pero para hacerlo, debió dar una tasa del 30% anual, algo inédito a nivel mundial.

“El bono tiene una tasa del 30% en pesos, a 5 años, si el dólar se mantiene fijo, es una tasa extraordinaria, no existe en el mundo. No es extraordinario, es obsceno”, resumió un especialista que conoce el mercado en diálogo con Primereando las noticias.

Desesperado por mantener el dólar planchado, en una neoconvertibilidad, el gobierno necesita sumar dólares de cualquier modo y para eso apuesto al endeudamiento masivo. El sábado pasado, la principal dirigente de la oposición, Cristina Kirchner, advirtió que “un nuevo default está cerca”. En el mismo sentido, se expidió el economista peronista Guillermo Moreno: “Es un bono delirante, como mínimo se va a reestructurar en el futuro. Es un bono que compraron los amigos de Caputo, que le deben favores, porque vienen ganando como nunca”.

Para disfrazar el ajuste y sus consecuencias sociales, el Gobierno de Javier Milei salió a anunciar el Servicio Militar Voluntario, algo que existe desde 1994, cuando dejó de ser obligatorio.

Para presentar como novedoso algo muy viejo, la gestión libertaria presentó algunas modificaciones menores como la ampliación de edad, que antes era hasta los 24 años y ahora es hasta los 28. Antes solo alcanzaba con la escuela primaria y ahora se necesita secundario complero.

Ante un ajuste que empieza a generar mucho rechazo social – solo esta semana hubo protestas de docentes, jubilados, médicos y trabajadores de Tierra del Fuego -, el gobierno busca ganar la agenda con bombas de humo. Esta vez: una “noticia” que solo tiene 30 años de vigencia…