En una decisión que generó un amplio rechazo entre los usuarios, el Gobierno Nacional, a través de la empresa Trenes Argentinos, aplicó desde esta semana un fuerte recorte en los servicios del tren Roca, el ramal ferroviario con mayor cantidad de pasajeros diarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En una decisión que generó un amplio rechazo entre los usuarios, el Gobierno Nacional, a través de la empresa Trenes Argentinos, aplicó desde esta semana un fuerte recorte en los servicios del tren Roca, el ramal ferroviario con mayor cantidad de pasajeros diarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida impacta directamente en los más de 600.000 usuarios que utilizan esta línea cada día para trasladarse entre el sur del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

La reducción de frecuencias afecta a todos los ramales del servicio, tanto eléctricos como diésel. Los cambios más severos se registran los domingos: el ramal Bosques vía Temperley pasa de 52 a 38 trenes por sentido, mientras que en el Bosques vía Quilmes la cantidad baja de 47 a 36. El ramal Alejandro Korn también sufre recortes, con la eliminación de varios servicios directos, y los pocos que se mantienen ahora deberán detenerse en más estaciones intermedias.

Los servicios diésel presentan el mayor ajuste. El ramal Temperley-Haedo pasa de nueve a apenas cinco trenes por día y por sentido. El ramal Cañuelas-Monte reduce su frecuencia de cuatro a dos trenes, y el tramo Alejandro Korn-Chascomús cae de seis a cuatro servicios diarios.

Desde la implementación de los recortes, se multiplicaron las quejas de los pasajeros, quienes denuncian mayores demoras, trenes más abarrotados y dificultades para llegar a sus destinos. “Es un desastre. Cada vez viajamos peor. Está claro que buscan deteriorar el servicio para justificar una futura privatización, como en los años ’90”, lamentó Cristian Venturini, usuario habitual y vecino de Temperley.

El tren Roca, administrado por Trenes Argentinos, es el más utilizado del país. Sus múltiples ramales —que conectan Plaza Constitución con La Plata, Ezeiza, Alejandro Korn, Bosques, Cañuelas, Chascomús y Haedo— lo convierten en un servicio esencial para trabajadores, estudiantes y vecinos del conurbano sur. Esta medida representa un retroceso en el acceso al transporte público y evidencia una política de ajuste con fuerte impacto social.

Para consultar los nuevos horarios o verificar qué servicios fueron eliminados, los pasajeros pueden ingresar al sitio oficial, utilizar la aplicación de Trenes Argentinos o acercarse a las boleterías.

Patricia Bullrich, avanza con un proyecto polémico que busca transformar radicalmente la estructura y funciones de la Policía Federal Argentina (PFA), otorgándole facultades propias de una agencia de inteligencia como el FBI, pero sin los controles democráticos ni judiciales que rigen en los sistemas republicanos.

El Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, avanza con un proyecto altamente polémico que busca transformar radicalmente la estructura y funciones de la Policía Federal Argentina (PFA), otorgándole facultades propias de una agencia de inteligencia como el FBI, pero sin los controles democráticos ni judiciales que rigen en los sistemas republicanos.

El documento, de circulación restringida y revelado por el portal Ámbito, expone la intención del gobierno nacional de modificar la Ley Orgánica de la Policía Federal (21.965) para habilitarla a actuar sin intervención judicial, incluyendo el patrullaje de redes sociales, la recopilación de datos personales y detenciones sin orden de juez, en clara violación del Estado de Derecho y los principios constitucionales de privacidad, debido proceso y libertad de expresión.

Uno de los puntos más alarmantes del borrador es la propuesta de que la Policía Federal pueda realizar “tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales” —como redes sociales y sitios web— sin necesidad de autorización judicial, lo que abre la puerta a la vigilancia masiva, la persecución ideológica y la criminalización de la disidencia. Aunque se menciona que estas tareas deben “respetar” la privacidad y los datos personales, en la práctica se habilita un monitoreo arbitrario y sin garantías.

Además, el proyecto permitiría detenciones preventivas sin orden judicial si los agentes consideran que una persona “pudiere cometer un delito” y no acredita debidamente su identidad. Esta ambigüedad normativa pone en riesgo la libertad ambulatoria y facilita abusos policiales al dejar a criterio subjetivo de los efectivos la posibilidad de privar de libertad a cualquier ciudadano.

El plan incluye también la creación de un Departamento Federal de Investigaciones (DFI) con estructuras de inteligencia propias, como las nuevas Agencias Federales de Investigación (AFDI), lo que indica un claro intento de concentrar el poder de investigación criminal en una fuerza que responderá directamente al Ministerio de Seguridad, por encima de jueces, fiscales y otros controles del sistema democrático.

Dentro de las propias fuerzas federales hay malestar y preocupación. Integrantes de Gendarmería y Prefectura calificaron el proyecto como “excesivo” y advirtieron sobre el impacto institucional que tendría una Policía Federal con “facultades extraordinarias” que la coloquen por encima del resto de las fuerzas.

En definitiva, esta reforma impulsada por Patricia Bullrich representa un salto hacia un modelo de Estado policial autoritario similar a otras dictaduras, que no sólo erosiona el equilibrio entre seguridad y libertad, sino que desconoce flagrantemente las garantías constitucionales que protegen a la ciudadanía frente al poder estatal. Bajo el pretexto de combatir el delito complejo y el crimen organizado, se esconde un intento por legitimar la vigilancia digital sin control y reinstalar prácticas propias del espionaje interno.

El Congreso, la Justicia y la sociedad civil deben estar alerta ante este intento de reformar el rol de la Policía Federal por decreto o resolución ministerial, sin debate público ni control democrático. La seguridad no puede convertirse en excusa para avanzar sobre los derechos fundamentales.