La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de Pablo Antonio Ceferino Dahua, acusado de haber provocado la explosión en el local de La Cámpora ocurrida hace cuatro años.

La medida fue resuelta por los jueces Pablo Larriera y Roberto Amábile, quienes ratificaron el fallo de primera instancia de la jueza María Gabriela Marrón, rechazando así el recurso presentado por la defensa oficial.

Dahua, actualmente detenido, también enfrenta un proceso penal en la justicia provincial por el homicidio de Emanuel Alarcón, ocurrido en septiembre del año pasado en el marco de una disputa por tierras. Durante la investigación de ese crimen, se hallaron en su domicilio materiales explosivos y otros elementos clave que permitieron vincularlo al atentado del 25 de mayo de 2021.

La causa federal lo acusa de incendio o estrago con peligro de muerte, fabricación o tenencia de materiales explosivos —encontrados en allanamientos realizados en domicilios de Mallea al 1200 y Guido Spano al 2100—, y asociación ilícita destinada a combatir ideologías mediante el uso de la fuerza o el temor, además de actos discriminatorios.

El ataque contra el local de La Cámpora, ubicado en Donado y Berutti, fue cometido por al menos dos personas que huyeron en un auto gris, según registros de cámaras de seguridad y testimonios. Aunque en un principio no se logró identificar a los responsables, el hallazgo de un Fiat Siena gris en poder de Dahua —coincidente con el utilizado en el atentado— y el secuestro de materiales explosivos en su domicilio, reactivaron la investigación.

Con estos elementos, la Justicia federal avanzó en la causa y consolidó las pruebas que llevaron a confirmar el procesamiento de Dahua como principal acusado por este grave hecho.

Se trata del abogado y militante libertario Alejandro Sarubbi Benítez, de estrechos lazos con el presidente Javier Milei y su hermana Karina y que ya cuenta con denuncias por extorsión, amenazas, intimidación pública, asociación ilícita y violación a la ley antidiscriminatoria.

Las recientes declaraciones del abogado e influencer libertario Alejandro Sarubbi Benítez, con fuertes lazos con el presidente Javier Milei y su hermana Karina, han encendido las alarmas por su peligrosidad y profundo contenido antidemocrático. En una transmisión del canal de streaming “Carajo”, Sarubbi lanzó una escalofriante incitación a la violencia contra estudiantes identificados con el peronismo: “Que les metan un tiro en la rodilla y que los metan presos”, sostuvo sin ambigüedades. Y agregó: “Si son de la JP, hay que meterles dos tiros”, en un llamado explícito a ejercer violencia armada por razones ideológicas.

Estas expresiones son inadmisibles en una sociedad democrática y constituyen una peligrosa apología de la violencia política que podría derivar en hechos trágicos. Resulta especialmente alarmante y grave que provengan de un profesional del derecho, con vínculos estrechos con la cúpula del poder político nacional.

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"Que les metan un tiro en la rodilla y que los metan presos" dice el abogado Alejandro Sarubbi Benítez y agrega que si son de la JP hay que meterles "dos tiros" pic.twitter.com/6KLxM5q2VG

— Al Toque (@altoque_ok) June 13, 2025

Pero este no es un hecho aislado. En otro fragmento del mismo canal, durante el programa La Trinchera, Sarubbi propuso cometer fraude electoral en caso de que Cristina Fernández de Kirchner fuera candidata a diputada en 2025 por la Tercera Sección Electoral. “Si tengo que fiscalizar ahí, robo las boletas. Me chupa un huevo, me preparé toda mi vida para esto”, afirmó sin ningún pudor. Ante la advertencia de que tal acto constituiría un delito, redobló la apuesta con ironía: “Podemos cambiar el domicilio a La Matanza”, entre risas y burlas sobre Avellaneda y “Avellanegra”, en un tono clasista y despectivo.

El contexto legal de Sarubbi Benítez es igualmente inquietante. El 19 de mayo de 2025 fue denunciado en la Justicia Federal por extorsión, amenazas, intimidación pública, asociación ilícita y violación a la ley antidiscriminatoria. La causa, que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 5 (Expediente CFP 2006/2025), fue impulsada por el periodista Mario Marcelo Bassano, quien también promovió una actuación disciplinaria en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Sarubbi ya fue citado a audiencia presencial en su sede de Juncal 931.

Entre las pruebas presentadas se incluyen capturas de escraches digitales, amenazas, publicación de domicilios privados y expresiones de tono sexista y racista. Bassano también denunció que el abogado intentó obstaculizar la investigación eliminando evidencias, como el cambio de su usuario en la red social X (ex Twitter) de @ASB2509 a @GordoLeyes, maniobra que fue denunciada como un intento de borrar su rastro digital.

Sarubbi Benítez se ha hecho conocido por su militancia digital libertaria, su apoyo incondicional a las políticas del presidente Milei, y su participación en actos junto a Karina Milei. Sin embargo, sus métodos —que incluyen hostigamiento en redes, difusión de datos privados y llamados a la violencia— lo colocan en el centro de una peligrosa deriva autoritaria y antidemocrática que no puede ser ignorada.

Frente a estos antecedentes y declaraciones, es urgente que el sistema institucional actúe con firmeza. La naturalización del odio, la amenaza física y el fraude electoral no sólo son delitos: son una amenaza directa a la democracia argentina.

Según un reciente estudio de la consultora Zuban-Córdoba, 6 de cada 10 argentinos consideran que los jueces deben elegirse mediante el voto popular, como sucede con los otros dos poderes del Estado.

Una reciente encuesta de la consultora Zuban-Córdoba reveló un dato clave en el debate sobre la justicia en Argentina: seis de cada diez argentinos están a favor de que los jueces sean elegidos por voto popular, como ocurre con los otros poderes del Estado. Este resultado surge tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción.

El sondeo se realizó entre el 10 y 11 de junio, justo después de que la Corte dejara firme la sentencia que condena a CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La encuesta relevó 1.200 casos a nivel nacional, con un margen de error de ±2,83%.

Además de mostrar una sociedad dividida respecto a la culpabilidad de la exmandataria —el 53% la considera culpable, mientras que el 40,8% cree lo contrario—, el estudio también expone profundas diferencias según el voto en el balotaje presidencial: el 95% de quienes eligieron a Javier Milei creen en su culpabilidad, frente al 87,3% de votantes de Sergio Massa que opinan que es inocente.

La “grieta” también se reproduce en la opinión sobre la actuación de la Justicia: el 49,2% cree que los jueces actuaron honestamente en esta causa, mientras que el 46,5% desconfía del accionar judicial. En cuanto al momento en que se conoció el fallo —un mes antes del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires—, el 45,4% expresó sospechas sobre su oportunidad, frente al 51,7% que no ve motivos para desconfiar.

Los datos muestran un fuerte rechazo a que se designen miembros de la CSJ por decretos presidenciales.

🛑 76,4% está en desacuerdo y solo el 15,8% lo ve positivo. pic.twitter.com/jYEOiIjcsZ

— Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) June 12, 2025

Pero el dato más relevante del relevamiento aparece al abordar la posibilidad de elegir jueces mediante el voto popular. El 61,1% de los encuestados respalda esta reforma, mientras que solo el 30,4% se opone. El apoyo crece significativamente entre quienes votaron por Massa (87,8% a favor), mientras que entre los votantes de Milei predomina una postura más dividida: el 40,5% se muestra a favor y el 48,9%, en contra.

Este resultado reabre el debate sobre la democratización del Poder Judicial en un contexto político altamente polarizado, y retoma una propuesta que Cristina Kirchner impulsó durante su gobierno —la elección por voto de los integrantes del Consejo de la Magistratura— pero que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en 2013.